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Aviso para navegantes

Joaquim Coll
6 min

 

Más allá de que las penas sean leves en relación a lo que solicitaba la fiscalía, y al margen de que pueda discreparse del razonamiento del tribunal que no ha apreciado delito de prevaricación, lo relevante es que la sentencia por el 9N es condenatoria contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Que las penas sean indulgentes no quita trascendencia a la condena. Basta con leer las 10 frases más contundentes de la sentencia que María Jesús Cañizares resumió anteayer en Crónica Global para darse cuenta de que el auto es inequívoco en la afirmación de que los tres acusados se propusieron culminar la consulta soberanista. No quedan impunes unos actos cometidos por unos responsables políticos que de manera deliberada llevaron a cabo una serie de “conductas ilícitas” desde el poder público para culminar aquello que el TC había suspendido de manera clara y determinante. Lo sorprendente para aquellos que vimos vulnerados nuestros derechos en Cataluña es que ese delito, publicitado por tierra, mar y aire antes de su consumación, no fuese evitado a partir del 4 de noviembre del 2014 por el Gobierno español. Ahí radican no pocas contradicciones que acabaron con la dimisión del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce; y sobre esa inacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy descansa la más sólida crítica a la celebración del juicio.

Afortunadamente, la sentencia detalla y castiga la pretendida astucia de los infractores para engañar al Estado y vulnerar la Constitución. La condena restaura, pues, el Estado de derecho y sobre todo lanza una advertencia contra aquellos que quieren proseguir en su empeño de romper nuestro marco de convivencia. Ahí radica la importancia de la condena contra Mas, Ortega y Rigau, que será completada previsiblemente con otra contra Francesc Homs por parte del TS dentro de poco. Es un aviso para los navegantes de la desobediencia separatista. En adelante las penas por saltarse las providencias del TC ya no podrán ser tan leves como esta. 

Lo sorprendente para aquellos que vimos vulnerados nuestros derechos en Cataluña es que ese delito, publicitado por tierra, mar y aire antes de su consumación, no fuese evitado a partir del 4 de noviembre del 2014 por el Gobierno español 

El delito de prevaricación ha sido excluido esta vez a través de una llamativa pirueta. El TSJC ha considerado que los acusados, teniendo en cuenta que el TC todavía no se había pronunciando sobre el fondo de la cuestión, y puesto que el articulado relativo a los procesos participativos de la ley catalana de consultas no referendarias no había sido recurrido por el Gobierno, pudieran sostener, aunque fuese erróneo, la legalidad de lo que quería llevarse a cabo el 9N. Se trata de un evidente esfuerzo por rebajar la pena, pero de imposible aplicación en el futuro una vez que el Alto Tribunal ya ha dictado sentencia contra las diferentes resoluciones que el Parlament de Cataluña ha aprobado en esta legislatura para alcanzar la secesión. En los juicios penales contra Carme Forcadell y los otros miembros de la Mesa, por ejemplo, difícilmente se pondrá eludir el delito de prevaricación.

Si el Govern de Carles Puigdemont pretende materializar el referéndum, una vez sea convocado a través de la llamada ley de transitoriedad jurídica, se enfrentará a otro posible delito, el de malversación de fondos públicos, que fue excluido del juicio por el 9N en base a otro tecnicismo: la contratación de los gastos de la Generalitat para desarrollar el proceso participativo se había efectuado antes de conocerse la providencia del TC. Ha sido una interpretación también indulgente para evitar que los acusados tuvieran que afrontar una posible pena de cárcel. Políticamente, sin duda, ha sido acertado, pero también resultará impracticable en el futuro. Si Oriol Junqueras en tanto que vicepresidente del Govern, responsable de la organización del referéndum junto a Raül Romeva, y jefe del área económica, da un solo paso presupuestario para desafiar la prohibición que ya ha dictado el TC para materializar la anunciada consulta de autodeterminación, se enfrentará a un juicio del que, como mínimo, sabe que le caerán 2 años de inhabilitación. Y si a ello añade los más que previsibles delitos de prevaricación y malversación de dinero público, la condena podría ser irreparable para su carrera política. Si en estos momentos hay un hombre seriamente preocupado en Cataluña por el desarrollo concreto del proceso separatista se llama Junqueras, cuyas declaraciones, fíjense bien, están llenas de pomposidad y de inconcreción cuando habla del referéndum (“nunca renunciaremos a las urnas, pero la disyuntiva no es ahora o nunca, sino ahora y siempre”, ha dicho). La principal virtud de la leve condena contra Artur Mas es que supone un claro aviso para los navegantes de la desobediencia, aunque no exista la seguridad de que los tripulantes vayan a cambiar el rumbo de colisión.

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¿Quién es... Joaquim Coll?
Joaquim Coll

Doctor en Historia contemporánea y especialista en el catalanismo y las políticas de los siglos XIX y XX. Ganó el Premio Ciudad de Barcelona Agustí Duran i Sanpere en 1998. Colaborador habitual en medios de comunicación.