El fin de una anomalía educativa

José Antonio Sorolla
6 min

El anuncio del Govern de que en el próximo curso se acabará con la subvención a los colegios que segregan a los alumnos por sexo es una medida positiva de la que lo único negativo que se puede decir es que haya tardado tanto en tomarse. Es inconcebible que en estos tiempos todavía existan en Cataluña 11 centros educativos, la mayoría ligados al Opus Dei, que segregan por sexo en educación secundaria y bachillerato y separan a los chicos de las chicas.

La decisión se ha adoptado porque el Departamento de Educación depende de ERC, ya que los neoconvergentes siempre se habían opuesto a acabar con la segregación debido a los intereses y los lazos que Convergència y sus sucesores han mantenido con el Opus Dei. Hasta el momento, Junts per Catalunya no se ha pronunciado sobre el anuncio del conseller Josep González-Cambray.

Esquerra ya intentó acabar con la segregación hace dos legislaturas cuando dirigía el Departamento de Educación Josep Bargalló basándose en la ley de educación de Cataluña, en la que se recoge el principio de “coeducación mediante escolarización mixta”. Sin embargo, la medida se fue postergando, entre otras razones por la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017.

El fin de la segregación también ha topado con los jueces. Cuando el Govern anunció la suspensión de los conciertos para la educación primaria, los colegios afectados recurrieron a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decidió como medida cautelar que debía renovarse la financiación durante seis años para, sorprendentemente, preservar el interés de las familias y la viabilidad económica de los centros.

Si ya son discutibles las subvenciones a la educación concertada --en algunos países el Estado solo financia la escuela estrictamente pública--, asombra que los jueces respalden la financiación con fondos públicos a colegios que aplican una medida tan anacrónica como la de separar a los alumnos por sexos, y más en etapas como la educación secundaria y el bachillerato. En estos centros, debido a la decisión del TSJC, la segregación subvencionada prosigue en enseñanza primaria, pero ya no se practica en la educación infantil.

Al explicar la decisión, González-Cambray aseguró que en la actualidad la cobertura jurídica para apoyarla es mayor porque la Lomloe, conocida por ley Celáa, la norma estatal aprobada en diciembre del 2020, prohíbe expresamente los conciertos con colegios que segregan. El texto señala que para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres “los centros sostenidos parcialmente o totalmente con fondos públicos han de desarrollar el principio de coeducación en todas las etapas educativas”. Este punto, sin embargo, es uno de los recurridos por el PP y Vox por entender que atenta contra la libertad de elección de los padres. Una manera de utilizar la libertad como un privilegio porque si alguien quiere para sus hijos una educación diferenciada, lo lógico es que se la pague.

Como bien destacó el conseller, “en el siglo XXI no puede haber ninguna escuela que, con financiación pública, continúe separando niños y niñas en las aulas” porque “la segregación por género aumenta los estereotipos y legitima el sexismo”.

Afortunadamente, la segregación es minoritaria. Afecta a 11 centros (uno de Barcelona, dos de L’Hospitalet de Llobregat, dos de Girona, uno de Lleida, uno de L’Arboç, uno de Constantí, uno de Sabadell y dos de Sant Cugat) y a unos 4.000 alumnos. Es una anomalía que no cuenta con ningún respaldo social, como demuestra una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, en la que un 85% de los consultados rechazaba este tipo de conciertos. Hace una semana, el Parlament aprobó una moción que reclamaba el fin de los conciertos en colegios que segregan por sexo, con el apoyo de los partidos independentistas, los socialistas y los comunes y la consabida oposición del PP, Ciudadanos y Vox.

Dadas las experiencias anteriores --tantas veces se anunció y nunca acabó de llevarse a cabo--, ahora solo cabe esperar que esta vez no haya oposición judicial a la iniciativa y se termine de una vez con esta anomalía injustificable desde ningún punto de vista.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.