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La secesión a juicio

Alfons López Tena
9 min

El juicio en curso por el Tribunal Supremo de varios políticos catalanes, procesados por las acciones sobre la fallida independencia de Cataluña cuya comisión se les achaca, plantea la cuestión del tratamiento legal de la secesión, que es doble:

–Cuando se permite la secesión en el país cuya integridad territorial se afecta, no surgen problemas legales.

–Cuando la secesión no está permitida, su atentada ejecución, si fallida, conlleva cargos criminales, pues, como Talleyrand indicó, la traición depende de la fecha.

Los tribunales constitucionales tanto de Alemania como de Italia han desestimado perentoriamente en 2016 y 2017 la pretensión de celebrar referendos sobre la independencia de Baviera y del Veneto: "No hay espacio en la Constitución para que los Estados individuales intenten separarse. Esto viola el orden constitucional", son "subversiones institucionales radicalmente incompatibles con los principios fundamentales de unidad e indivisibilidad de la República".

El Tribunal Supremo del Canadá declaró en 1998: "La secesión de una provincia ‘bajo el ordenamiento constitucional’ no podría lograrse de manera unilateral. Quebec no podría, a pesar de un resultado claro en un referéndum, dictar los términos de una propuesta de secesión a las otras partes de la federación. El voto democrático, por muy elevada que sea la mayoría, no tendría ningún efecto legal por sí mismo".

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América juzgó en 1869 –Texas contra White– que "la ordenanza de la secesión, aprobada por la convención y ratificada por la mayoría de los ciudadanos de Texas, y todos los actos de su legislatura encaminados a hacerla efectiva, fueron absolutamente nulos. Su inoperatividad legal es plena y total… la Unión es completa, perpetua, indisoluble. No hay lugar alguno para su reconsideración o revocación, salvo que medie una revolución o el consentimiento de los demás Estados".

Los políticos catalanes enjuiciados intentaron, y continúan intentando, forzar el consentimiento del Estado como un presente que les será obsequiado por una bondadosa comunidad internacional que obligará a España a permitir un referéndum legalmente vinculante sobre la independencia catalana. Eso es una mera bobada.

No hay modo alguno de obtener el consentimiento de España, y la gran mayoría de los catalanes está en contra de la "revolución" que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró necesaria para revocar la Unión y obtener la independencia por sí mismos. La cuestión no es el referéndum, sino qué sucede si la mayoría de los catalanes vota por la independencia pero España no se somete a aplicar el resultado. Este escenario no consiste en buena voluntad y sonrisas kumbayá, sino en un proceso con alto riesgo de desencadenar la violencia generalizada, incluso la guerra civil entre los propios catalanes.

Bien lo sabían los Padres Fundadores cuando concluyeron la Declaración de Independencia afirmando: “En apoyo de esta Declaración empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda, y nuestro sagrado honor". Es en su virtud justo y necesario que quienes han fracasado en el empeño por haberlo tan sólo simulado sean despojados de su vida, de su hacienda, y de su sagrado honor, para que así el lenguaje concuerde con la verdad de las cosas, y las acciones virtuosas y la música florezcan.

El Consejo de Europa ha declarado sobre este asunto español-catalán: "Las sentencias de los tribunales constitucionales tienen un carácter final y vinculante y deben ser respetadas por todos los organismos públicos y todas las personas. Cuando una autoridad pública se niega a ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional, viola los principios del Estado de derecho, la separación de poderes, y la cooperación leal entre órganos estatales. Las medidas para hacer cumplir estas sentencias son por consiguiente legítimas".

A diferencia de los tejanos, los quebequenses, los venecianos, y los bávaros, que se ciñeron a la decisión de sus respectivos tribunales, los políticos catalanes enjuiciados desobedecieron a conciencia varias órdenes judiciales. Otros políticos catalanes que se comportaron así ya han sido condenados por ello.

Por el contrario, nadie ha sido procesado ni condenado por propugnar la independencia de Cataluña, por mucho que la propaganda falaz propalada por el gobierno catalán y sus medios de comunicación públicos y concertados se invente que los procesamientos y las condenas lo son por el ejercicio de la libertad de expresión.

Los enjuiciamientos y las condenas ocurren cuando las autoridades, a la sazón catalanas, no cumplen lo ordenado por un tribunal, pero en lugar de declarar e implementar la independencia, como su mayoría en el Parlamento de Cataluña ellos mismos dicen que les faculta a hacer —la "revolución" que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró necesaria para revocar la Unión—, se achantaron cuando su juego de farol fue descubierto por las autoridades españolas.

Tratando de ocultar tanta mentira a sus atónitos votantes, la respuesta de esos políticos catalanes consiste en un inconfundible truco del populismo autoritario de Trump, proclamar que la voluntad del pueblo es suprema y superior a la ley y los jueces, siendo ellos mismos la encarnación de la voluntad del pueblo, tal como el inane Torra acaba de proclamarse: "Yo soy el pueblo". Esas encarnaciones andantes se elevan por encima de la ley, de los jueces, y de las sentencias que les desagradan, que rutinariamente denuncian como ilegítimas. Cataluña deviene un paraíso para autoritarios y autócratas: la democracia por encima de la ley significa un gobierno arbitrario de las autoridades, es decir, de ellos mismos, pues un país que no está gobernado por el imperio de la ley lo está por la ley de quien impera.

Campañas implacables e incesantes del gobierno catalán, pagadas con dinero público, niegan la legitimidad de la función judicial y vilipendian a los jueces como meros secuaces y sicarios del gobierno español, a esos mismos jueces que han dado palmaria prueba de su independencia al condenar y encarcelar a políticos y autoridades del partido gobernante español, incluso al cuñado del rey.

Poniendo "la voluntad del pueblo" por encima de la ley, atacando al poder judicial, sembrando el desprecio por los expertos y los argumentos racionales, e intimidando y calumniando a los disidentes para reducirlos al silencio y el descrédito, el populismo autoritario reina desenfrenado en Cataluña, impuesto con alegría feroz por los mismos políticos que ahora están siendo juzgados para así inducir a sus partidarios a descontar, minimizar, asumir, disculpar, ignorar, consentir, o justificar sus mentiras.

Este atroz salvajismo ha llevado el autogobierno catalán al colapso, porque, sepultadas verdad y decencia bajo una lucha maniquea del bien (ellos) contra el mal (los que no somos ellos), la única pregunta que imponen como relevante es: ¿de qué lado estás?

Una nación no puede construirse sobre las arenas de la mentira. Una nación renqueante como la catalana se hunde sin remedio en estos cuentos contados por idiotas, de ruido y furia henchidos, que nada significan.

Este artículo ha sido publicado originalmente en TRTWorld, Catalan quest for independence loses its way as populism takes over.

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¿Quién es... Alfons López Tena?
Alfons López Tena

Alfons López Tena es jurista y exdiputado del Parlament. Fue vocal del Consejo General del Poder Judicial.