Sandro Rey no ganará a Gregorio Peces-Barba

Puede ser cierto que en España impere un estado de ánimo impregnado de pesimismo, desolación y fatalismo que salpica, en la medida proporcional adecuada, a las elites políticas y sociales -no tanto económicas- del país. Solo hace falta abrir la prensa -ya sea nacional, regional o local- un día cualquiera para darse cuenta de ello. Por lo menos, desde hace unos siete años.

Pero que esto ocurra, que se perciba en la lectura de los diarios, que nos caigan lágrimas a mitad de los informativos de las televisiones, que los debates más mediáticos no pasen del grito y del “y tú más” en el que nos tienen acostumbrados los pundits y políticos de tertulias, no quiere decir que todo lo malo sea español. O, siendo más preciso y en palabras de Carmen Iglesias, “no siempre lo peor es cierto”.

Me remito, para acotar el espacio y el enfoque del texto, al último de los mitos que recorren las salas de juntas de, ya, la mayoría de los partidos políticos de España. La reforma de la Constitución. Es, dicen, la única salida para resolver los problemas que padecemos en nuestro país: desde el paro al contentamiento nacionalista catalán, pasando por los desahucios y la corrupción política, entre otros.

Propuestas

Así, PSOE, IU, UPyD y C’s, sobre todo, pero también Podemos y Unió, abogan por tomar el toro por los cuernos y enfrascarse en una reforma constitucional que resuelva los temas ya citados y, a la vez, dé satisfacción personal/partidista a cada una de estas formaciones.

Todos los partidos políticos que abogan por la reforma de la Constitución deberían incluir entre sus propuestas una adicional permanente que especificara cuáles de sus medidas son innegociables

La Constitución española, aprobada en 1978, se ha quedado “desfasada”, hay que asegurar el estado del bienestar, la sanidad y la educación públicas, y hay que aprobar un nuevo marco territorial, que permita, entre otras cosas, blindar las competencias de lengua y cultura -en enseñanza, por ejemplo- a las CCAA con más de una lengua oficial, defiende el PSOE.

IU va más allá. Lo que pide no es una reforma constitucional sino enterrar la actual Carta Magna y empezar un proceso constituyente. Una idea que sirve de bandera de enganche con Podemos. IU pide la instauración de la III República española, una nueva ley electoral, el fin del bipartidismo, el laicismo absoluto y la “solidaridad” (no definida) como concepto central. Y algo más: en la nueva España no se pagará la deuda “ilegal, injusta e ilegítima” del Estado.

Es la Administración General del Estado la que debe encargarse exclusivamente de “educación, sanidad, justicia, medio ambiente, representación internacional, defensa, protección civil y recursos naturales”, asegura UPyD en su boceto de propuesta de reforma constitucional, que incluye también, entre otras, la “eliminación” de los derechos históricos vascos, navarros (estos en materia económica) y catalanes (en materia de derecho civil).

Por su parte, Ciudadanos propone (sin concreción) una nueva transición para reformar “la ley electoral, el sistema de partidos, la administración pública”, que se llegue a un pacto por la educación y se reafirme la separación de poderes, por ejemplo.

Como vemos hay muchas propuestas genéricas (sin contenido ni desarrollo) y otras muy concretas. Tanto en unas como en otras, hay medidas que no necesitan una reforma constitucional para llevarse a cabo, pese a que se enmarcan en un paquete bajo la intención de reforma constitucional, por lo que no parece imposible que se aprueben en el Congreso.

Renuncias

Ahora bien, todos los partidos políticos que abogan por la reforma de la Constitución -como paso ineludible para resolver los problemas actuales- deberían incluir entre sus propuestas una adicional permanente que especificara cuáles de sus medidas son innegociables. Es decir, ¿aceptaría IU una reforma constitucional que no llevara consigo la III República? ¿Votaría sí UPyD a una nueva Constitución que no significara la eliminación de los cupos vasco y navarro? ¿Participaría Unió en una reforma constitucional que no supusiera la confederación para Cataluña respecto al resto de España? ¿Y el PSOE, haría campaña en favor del sí para un texto que no fuera en clave federal (entiéndase desde el punto de vista nominal, en tanto que en la práctica España ya es federal)?

El punto de encuentro de todos los partidos políticos democráticos de España y, por extensión, de la sociedad española es la Constitución de 1978

La respuesta a todas las anteriores preguntas (que no incluyen la mención a PNV, Convergència y ERC deliberadamente), me temo, es: no. He aquí la gran diferencia entre la Transición política de finales de los años 70 y la actual situación que se vive en España. Entonces, todos los partidos democráticos (e incluso los partidos nacionalistas) fueron capaces de renunciar y aceptar que la democracia y la Constitución se basan en un juego de cesiones mutuas en favor de la convivencia, el consenso y la libertad.

Hace unos días, en un magnífico artículo publicado en El País, el escritor y Premio Nobel Mario Vargas Llosa y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, junto a otros destacados intelectuales, señalaron la clave de bóveda a la que nadie quiere mirar, aunque todos los actores políticos saben y ven: el punto de encuentro de todos los partidos políticos democráticos de España y, por extensión, de la sociedad española es la Constitución de 1978. La tan cacareada tercera vía se llama... Constitución de 1978.

No hace falta recordar que la Carta Magna puede y debe ser adaptada. Pero es importante (creo que imprescindible) que, para llegar a una reforma en profundidad, prácticamente en intención constituyente, es decir, la reforma que precisa de la disolución de las Cortes Generales y el referéndum a la ciudadanía, se haga con el mayor consenso posible, al menos como sucedió hace 36 años.

Al margen de los retoques, que ya se han hecho dos en nuestra Constitución (los de los artículos 13.2 y 135, para el voto de comunitarios en las municipales y para el control del déficit público, respectivamente), toda reforma de calado debería contar con el visto bueno de PP, PSOE, IU y UPyD, en tanto que partidos nacionales; PNV, CiU y CC, en tanto que partidos de peso, tradición e importancia en el Congreso y tres CCAA; y Podemos y C’s, en tanto que partidos emergentes. Solo así, la resultante, podrá ser, como la actual, una Constitución de todos sin que nadie diga que es solo suya.

Reformas

De esta manera, no parece muy realista pensar que habrá, en breve, una reforma de la Constitución que pueda aguantar otros 36 años. No es, cabe puntualizar, una cuestión de pesimismo -u optimismo-, sino simplemente de que no encuentro respuesta a la pregunta que deberían resolver los liberales, en lo económico, que tienen en sus manos el Gobierno y la mayoría en las Cortes, los secesionistas que han colonizado CiU, los populistas constituyentes de Podemos, la socialdemocracia que busca su sitio en el PSOE o, por seguir con los ejemplos citados, los satélites -ya sean verdes, magentas o naranjas- que no están dispuestos a ceder ninguna de sus propuestas estrella.

Algunas de las propuestas partidistas que se incluyen bajo el paraguas de la reforma constitucional se pueden llevar a cabo con reformas legislativas simples

Aun así, tampoco esto quiere decir que España quede bloqueada legislativamente hablando. La reforma light de la Constitución es posible y puede que nos veamos abocados a varios (si no muchos) ajustes de este tipo, cambiantes cada cuatro años pues solo es necesaria una mayoría cualificada en las Cortes. No está escrito que esta sea una mala medida. Y hay que insistir: algunas de las propuestas partidistas que se incluyen bajo el paraguas de la reforma constitucional se pueden llevar a cabo con reformas legislativas simples.

Estamos en un momento de desazón contagiante al que no encontramos respuestas. Si los partidos secesionistas en Cataluña han dado con el leitmotiv “independencia”, como augurio de la solución a los problemas reales (paro, salud, justicia, bienestar…), en el conjunto del país lo que sucede es que esta palabra se ha transformado en la pareja “reforma constitucional”, para adelantar que, incluso, con cambios en la Carta Magna se acabaría con la corrupción política. Es como si el vidente Sandro Rey estuviera ganando la partida al padre constitucionalista Gregorio Peces-Barba.

No es verdad. Para que los ricos paguen más, como defiende Podemos, no hace falta meter al país en un proceso constituyente. Para que el Gobierno destine más dinero a la salud y la educación públicas, como señala el PSOE que hará cuando llegue a la Moncloa, no hace falta asegurar estos servicios en la Constitución (que, por otro lado, ya lo están). Para reformar la ley electoral, tal y como destaca IU, no hace falta tocar una coma de la Carta Magna. Para que sea la Administración General del Estado la que se encargue en exclusiva de la educación, como propone UPyD, no hace falta ni enmendar el texto de 1978.

Sí hace falta, digo yo, más conocimiento de la actual Constitución (su texto, su lectura, su análisis al detalle…) y que se cumpla en todos sus puntos. También hace falta que los partidos políticos, desde el PP al PSOE, pasando por PNV y CiU, sin olvidarse de IU, sean leales y apliquen la norma, y no vivan en permanente excepciones. La actual es la mejor Constitución que ha tenido España en su historia constitucional, una historia que partió a vapor en 1812 y que, pese al pesimismo generalizado actual, no tiene visos de llegar a la última estación después de superar, en 200 años, túneles, tormentas e, incluso, abandonos por falta de electricidad en la catenaria.