El Gobierno de Pedro Sánchez está sometido a lo más parecido que hay a una tormenta perfecta: la guerra en Ucrania agrava la crisis energética y económica y dispara la inflación más de lo que ya estaba, los transportistas llevan 11 días parados por el aumento de precio de los combustibles, la pesca está paralizada por los mismos motivos, todo ello provoca el desabastecimiento de los supermercados y el campo vuelve a ocupar las calles por las pérdidas provocadas por los bajos precios en origen y por el encarecimiento del gasóleo. Y en medio de los truenos, el rayo del giro de la posición española en el conflicto del Sáhara Occidental, que ha alineado a todos los grupos políticos contra Sánchez, desde la oposición de derechas hasta los aliados del Ejecutivo y su socio Unidas Podemos (UP).

El Gobierno ha cometido al menos tres graves errores frente a esta crisis múltiple. En primer lugar, ha subestimado la magnitud de las protestas, tanto la de los agricultores, que reunieron a 150.000 manifestantes en Madrid, como la de los transportistas, a los que al principio acusó de estar instigados por la extrema derecha, seguramente basándose en unas alucinantes declaraciones a elplural.com del portavoz de la minoritaria asociación convocante de los primeros paros, en las que defendía a Vladímir Putin, llamaba “nazi” al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y “baboso” al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero aunque fuera así, que los convocantes fueran de extrema derecha, eso no anula las razones que sustentan la protesta.

En segundo lugar, el Gobierno ha hecho la estatua durante demasiados días confiándolo todo al Consejo Europeo de este viernes en el que se debatirán las medidas para bajar los precios energéticos y trasladar al Consejo de Ministros del próximo martes la aprobación del paquete de medidas sociales y para paliar la crisis energética, una vez conocidas las decisiones de la cumbre de Bruselas. Sin embargo, ante el grave peligro de desabastecimiento, la urgencia era tal que el Gobierno se ha visto obligado a adelantar las negociaciones con los transportistas y a avanzar algunas medidas para el sector de la pesca, que ya ha desconvocado el paro. El lunes, el Ejecutivo ya ofreció 500 millones de euros para bajar el precio de los combustibles, pero los transportistas no se dieron por satisfechos porque reclaman otras medidas.

En espera de lo que contenga ese paquete de medidas, no hay acuerdo entre los partidos. Mientras el PP y la derecha insisten en que lo urgente es una baja de los impuestos de la energía, la izquierda reclama que se limiten los enormes beneficios de las compañías eléctricas. Es lo que pide UP, que también exige la congelación de los alquileres este año y un cheque energético de 300 euros. El Gobierno parece que se inclina por ayudas directas para bajar el precio de los combustibles, como ha hecho ya Francia.

En tercer lugar, el Gobierno ha pecado de opacidad y falta de información a su socio y a sus aliados en todos los temas de la crisis y particularmente en el giro de la política sobre el Sáhara. Ello ha determinado que Sánchez se encuentre más solo que nunca porque la oposición, el socio y los aliados del Ejecutivo han criticado casi como una sola voz las decisiones del Gobierno o la falta de ellas.

La carta de Sánchez al rey de Marruecos, en la que calificaba como la “base más seria, creíble y realista” la propuesta marroquí de resolver el conflicto del Sáhara mediante la concesión de una autonomía a los saharauis, se envió sin informar a UP, socio del Gobierno de coalición, ni a los aliados de la investidura: PNV, ERC, EH Bildu y otros. Tampoco se debatió el giro estratégico en el Congreso de los Diputados, como hubiera sido lo correcto para un cambio de la política exterior tan relevante.

Para apaciguar una crisis con Marruecos que Sánchez ha calificado de “insostenible” se han abandonado unos principios --apoyo a la autodeterminación del Sáhara-- mantenidos durante 47 años y se ha optado por la realpolitik para contener la inmigración, asegurar la integridad territorial de los dos países, evitar acciones unilaterales e inaugurar una “nueva relación” entre España y el reino alauí. La misma carta desmiente los argumentos del Gobierno de que el giro de la posición española se produjo en 2008 y ahora solo se ha profundizado. Si era así, nadie se había dado por enterado.

Es posible que la autodeterminación del Sáhara fuera impracticable por la intransigencia marroquí apoyada por Estados Unidos, Francia y Alemania. Es posible que, siendo realistas, la solución de la autonomía sea la única a la que puede aspirar el Frente Polisario, pero esta alternativa plantea numerosas dudas por las características del régimen marroquí, que no es una democracia homologable.

La izquierda y los sectores del PSOE que no comparten el giro tienen todo el derecho a seguir defendiendo la neutralidad anterior y la autodeterminación del Sáhara. Por el contrario, es enternecedor ver a toda la derecha política y mediática alinearse ahora con el Polisario.