La desigualdad en la distribución de la renta de un país viene medida por el índice de Gini, un indicador que puede adoptar cualquier valor entre el 0% y el 100%. La primera cifra certifica la existencia de una perfecta igualdad, pues todos sus ciudadanos poseen los mismos ingresos. La segunda supone la aparición de una completa desigualdad, al acaparar uno de sus habitantes la totalidad de la renta nacional.

En el ejercicio de 2015, dicho índice clasificó a España como uno de los países con una peor distribución de la renta de la Unión Europea (UE) y también como el más desigual de Europa Occidental. De las 28 naciones analizadas por Eurostat, nuestro país se situó como el sexto más heterogéneo. Por dicha razón, el valor de su índice (34,6%) superó al de la media de la zona euro (30,8%) y la UE (31%).

La distribución de la renta no ha sido siempre tan deficiente en España. En una considerable medida, es culpa de una crisis en las que las clases medias y bajas padecieron una reducción porcentual de ingresos superior a la sufrida por la alta. No obstante, también es consecuencia de un período de recuperación en el que han mejorado su poder adquisitivo los trabajadores en paro que han encontrado empleo, pero no los asalariados que ya tenían uno.

En 2007, el anterior indicador se situó en el 31,9%, una cifra significativamente inferior al 34,7% de 2014, el mayor valor del índice de Gini en España desde 1997. Entre los dos primeros años, el número de declarantes con un patrimonio superior a los 6,01 millones de euros incrementó en un 56,3%, haciéndolo en un 118% lo que disponían de uno superior a los 30,05 millones de euros. Indudablemente, la amnistía fiscal de 2012 contribuyó a engrandecer las anteriores cifras. No obstante, ésta no es la única explicación, pues entre 2013 y 2014 los primeros aumentaron un 6,6% y los segundos un 7,8%.

En 2015, España fue uno de los países con una peor distribución de la renta de la Unión Europea

A pesar de que a priori pudiera parecerlo, el empeoramiento en la distribución de la renta no fue la norma entre los países que recientemente padecieron una dura crisis. Algunos, como Portugal e Islandia, la mejoraron considerablemente en el período considerado, al reducir dicho índice el primero desde el 36,8% al 34,5% y el segundo del 28% al 22,7%. En otros, como Grecia e Irlanda, aquélla prácticamente no se alteró. Por tanto, España constituyó una excepción.

El elevado incremento de la desigualdad lo atribuye el Gobierno español a la gran destrucción de empleo advertida durante la etapa observada. Tal y como sucede en otras ocasiones, falta a la verdad. Si hubiera sucedido tal y como indica el ejecutivo, la desigualdad se hubiera reducido entre 2013 y 2016, pues en los últimos tres ejercicios se procedieron a crear 1.372.900 empleos. No obstante, las cifras demuestran lo contrario. En el primero de los años. el índice se situó en el 33,7% y en el último en el 34,5%. En los dos postreros, en los que hubo una gran expansión económica, al crecer el PIB en 2015 y 2016 el 3,4% y 3,3%, respectivamente, la desigualdad solo se redujo una décima en cada uno de ellos.

Una de las explicaciones de su escasa reducción está relacionada con la distinta manera en que el capital y el trabajo se han beneficiado de la reciente prosperidad macroeconómica. En 2015 y 2016, las empresas no financieras incrementaron en promedio su beneficio un 16,5% y 22,1%, respectivamente. En cambio, los asalariados por término medio aumentaron su remuneración un 0,4% y 0% en dichos años. En el conjunto de ambos, la ganancia de poder adquisitivo fue nula.

El incremento de la desigualdad en España sería incluso superior al advertido si el índice de Gini tuviera en cuenta los impuestos sufragados. El motivo son las modificaciones tributarias efectuadas en la última década. Unos cambios que han perjudicado a las familias con menos ingresos por dos principales motivos: el aumento en mayor medida de los tipos de los impuestos que gravan el consumo y de los que tienen un carácter proporcional.

Los tributos soportados por las familias se pueden dividir en dos grandes clases: los que afectan al consumo realizado o a la capacidad económica del contribuyente. El más destacado de los primeros es el IVA, siendo el más importante de los segundos el IRPF. Una subida de los tipos del IVA generalmente perjudica en mayor medida a las familias más humildes que un aumento del IRPF, pues existe un nivel de consumo (el de subsistencia) que no se puede proceder a disminuir sin poner en peligro la vida humana.

Una de las explicaciones de la escasa reducción de la desigual distribución de la renta está relacionada con la distinta manera en que el capital y el trabajo se han beneficiado de la reciente prosperidad macroeconómica

Los impuestos proporcionales, tales como el IVA o los especiales, gravan con el mismo tipo a una persona que realiza un gran gasto que a otra que efectúa uno minúsculo. Por tanto, afectan por igual a unos y a otros con independencia de su nivel de consumo. En cambio, los impuestos progresivos, como es el caso del IRPF, perjudican en mayor medida a los que obtienen una elevada renta, pues son gravados con un tipo impositivo mayor.

Entre 2007 y 2016, el IVA es el impuesto que más ha aumentado su recaudación (un 12,5%), situándose ésta en la primera fecha en 55.851 millonesde euros y en la segunda en 62.845 millones de euros. Los tributos especiales han tenido un ligero incremento (0,4%) y el IRPF un pequeño descenso (0,3%), al pasar los ingresos generados por él desde 72.614 a 72.415 millones euros.

En definitiva, en los últimos años, la evolución de las variables macroeconómicas de España ha mejorado sustancialmente, más por temas de coyuntura internacional que debido a la actuación del gobierno. En distribución de la renta, donde la actuación del ejecutivo es esencial para conseguir un reparto más equitativo, la mejora de los dos últimos años ha sido ínfima, a pesar de una gran creación de ocupación.

Por tanto, la mayoría de ustedes probablemente tendrá una duda: ¿El ejecutivo no ha querido o no ha sabido? Yo se la disipo: no le ha dado la gana. El modelo económico actual del PP es relativamente similar al de los años 60 y está basado en los bajos salarios. La subida de éstos mejora la distribución de la renta, pero en dicho modelo reduce la competitividad de las empresas. El resultado es la excusa de Guindos: "La prioridad es la reducción del paro", sugiriendo implícitamente que es incompatible aumentar el poder adquisitivo de los salarios y disminuir el desempleo. ¡Qué mentira y qué triste actuación!