Es lo que tiene esta nefasta costumbre que empieza a ser hábito en España consistente en alcanzar el gobierno sin pasar por las urnas; que el ciudadano no sabe a qué atenerse frente a un gobierno recién llegado al poder por la via rápida. Es el caso de quien ocupa el poder sin programa electoral alguno, ni compromiso de obligado cumplimiento del mismo.

Hoy, eso le ocurre a España y a Cataluña, cuyos respectivos presidentes de Gobierno están ocupando el poder sin haber pasado directamente por unas elecciones y, por ello, sin tener un programa electoral valido, “consensuado” con sus bases y del que tendrían que responder ante la ciudadanía.

Del nuevo Gobierno de España y de su programa de gobierno, sabemos poco o nada e intuimos mucho, especialmente en materia económica.

Del Gobierno catalán sabemos que está presidido por un racista xenófobo y que tiene un único objetivo: conseguir la independencia para Cataluña, a cualquier precio. Poco más, aunque muchos catalanes no le piden algo distinto.

Del Gobierno de Pedro Sánchez, más allá de la dispar paridad de su numeroso gabinete, sabemos lo que se puede leer en su último programa electoral y que se supone ha quedado obsoleto porque solo le sirvió para conseguir los peores resultados electorales logrados por el PSOE.

Y  todo ello se traduce en un desconocimiento absoluto de todas y cada una de las acciones que los miembros del gobierno tienen previsto desarrollar.

No hay sino preguntarse por lo que nos reserva Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades o qué acciones va a adoptar Isabel Celaá  al frente del Ministerio de Educación y Formación Profesional o con qué nos sorprenderá el nuevo ministro de Cultura y Deporte.

Una pista de esa nada programática política nos la ha regalado la ministra de de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, al referirse a la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, conocida popularmente como “la reforma laboral”, que es, quizá, la única auténtica reforma desarrollada por los gobiernos de Rajoy.

La derogación o abolición de este texto legal, compuesto por 25 artículos, 18 disposiciones adicionales, 15 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y 21 disposiciones finales, ha sido una de las banderas más frecuentemente enarboladas de Pedro Sanchez, pese a lo cual, uno tiene la sensación de que se ha empezado a recular al leer los últimos mensajes de la ministra --supuestamente auténticos-- de que "la reforma laboral no se puede derogar alegremente" o que "habrá que consensuar los aspectos a eliminar".

Miles de empresarios y cuantiosas decisiones de inversión no saben a qué atenerse, estando pendientes de que el Gobierno ponga el huevo definitivo. Y mientras eso llega, Valerio tan pronto dice que está dispuesta a cambiar "cuanto antes" la reforma laboral (ya no habla de derogar) como apunta a que quiere revertir "con inmediatez" los aspectos fundamentales que considera "más negativos" para el mercado de trabajo.

Mientras esto llega, el presidente de la CEOE ya ha dicho que ve "prácticamente imposible" la derogación de la reforma laboral y que esta implicaría eliminar miles de leyes laborales autonómicas, estatales y europeas.

Expectantes estamos sobre cómo el Gobierno va a vender las modificaciones cosméticas sobre la legislación laboral, sabiendo como sabe, que de ella depende la productividad y la competitividad de la economía española y muchos miles de puestos trabajo.

El presidente de Francia, Macron, y otros líderes europeos así lo han entendido y han emprendido ambiciosas reformas laborales, aunque ello haya supuesto virulentas reacciones sindicales, si bien todos ellos son conscientes de que con estas reformas se reactivará el empleo en sus respectivos países.

Tras comprobar cuál ha sido el desenlace de la cumbre del G7 en Canadá y la dura postura norteamericana, no nos queda más remedio que ponernos las pilas y empezar a leer y a comprender por dónde van los tiros en la economía mundial globalizada.