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Los buenos resultados obtenidos por Podemos y sus aliados, junto con el callejón sin salida de la hoja de ruta secesionista aprobada por el Parlamento de Cataluña, han vuelto a poner sobre la mesa el denominado derecho a decidir y , más concretamente, la celebración de un referéndum secesionista.

Esta situación ha vuelto a dar voz a los denominados equidistantes. Aquellos que se declaran contrarios a la independencia, no sólo Podemos, pero reclaman la necesidad de un referéndum “acordado o pactado” que dé salida a la situación actual.

Cuando en alguna ocasión se me pregunta sobre el tema del referéndum secesionista siempre contesto que estoy en contra de suavizar o simplemente saltarse las normas constitucionales para hacer más fácil su celebración. Como estaría igualmente en contra si alguien planteara lo mismo para eliminar el estado de las autonomías o pretendiera introducir la pena de muerte.

Todo el mundo tiene derecho a plantear políticamente lo que crea adecuado, pero no se puede pedir a los que no estamos a favor que facilitemos sus deseos. Los resultados de Podemos demuestran que los partidarios de trocear la soberanía española pueden alcanzar las mayorías necesarias para modificar la Constitución conforme a sus anhelos y, a partir de ahí, plantear el referéndum secesionista. Pero, ¿por qué los demás debemos facilitarles la labor?

Las mayorías reforzadas son el pacto social que nos hemos dado los españoles

El hecho de que lo pida parte de la población catalana, ni siquiera suficiente para reformar el Estatuto de Autonomía, no cambia las cosas. Precisamente las mayorías reforzadas y la protección constitucional son el pacto social que nos hemos dado los españoles, incluidos los catalanes, para dejar de lado las vías de hecho. Como, por ejemplo, ocurre en cualquier sociedad mercantil. La mayoría, aún relativa, puede gobernar la vida social en el ámbito de sus competencias pero no puede modificar los estatutos sociales sin las mayorías reforzadas que muchas veces se establecen.

No se trata de anteponer las leyes a la democracia, sino justo al contrario. Aplicar las leyes para impedir las vías de hecho y por tanto garantizar la democracia.

Lo que ocurre es que la presión secesionista y su capacidad para comprar voluntades aprovechando disponer de un cuasi-estado que actúa sin control de legalidad, generan ansiedad y cierto síndrome de Estocolmo del que muchos se quieren liberar cediendo a las pretensiones separadoras.

Y no me vale que se hable de un referéndum meramente consultivo. La voluntad de los ciudadanos se expresa en las elecciones autonómicas, municipales y generales. Un referéndum consultivo sólo serviría para enconar la situación. Si es favorable a no romper España será cuestionado y se exigirá su repetición más pronto que tarde. Si es favorable al secesionismo sólo hará que aumentar la presión y exacerbar los ánimos.

Por eso cuando se habla de referéndum pactado me pregunto: ¿entre quién?. ¿Entre gobiernos que carecen de la legitimidad para ello?

Los secesionistas negarían los derechos que ellos poseen si triunfaran sus tesis

En un tema como éste que quiere romper deprisa una sociedad creada a partir de siglos de convivencia, que abriría la puerta a nuevos conflictos territoriales dada la vocación expansionista del nacionalismo catalán, que tendría efectos de contagio en otros territorios de España y de la Unión Europea hasta el extremo de ser la puntilla a una Europa que ya tiene numerosos problemas por resolver querer ser complaciente no es resolver un problema sino crear uno mucho mayor.

Que no se quejen los secesionistas. Los derechos de que gozan gracias a la democracia española serían, sin duda, negados por ellos a los no secesionistas si triunfaran sus tesis. La historia nos enseña cómo van estas cosas. No querer verlo es una negación cómplice. Consolidar el nuevo estado exigiría represión contra el enemigo interior y exacerbación del enemigo exterior. Ya lo harían ahora pero carecen, todavía, del poder suficiente. Ahora se limitan al ostracismo social del disidente. El nacionalismo se compagina mal con la democracia.

No caben atajos. Consigan las mayorías constitucionales, celebren el referéndum y, si lo ganan, todos los demócratas lo acataremos. Mientras tanto cualquier gobierno, estatal o autonómico, que cumpla las leyes. O, si no lo hacen, que las instituciones constitucionales las hagan cumplir. Y, mientras tanto, busquen los acuerdos necesarios para hacer reformas que mejoren el funcionamiento de nuestro estado y la convivencia leal, y háganse.

La globalización genera muchos perdedores. Muchas capas de la población se descuelgan y quedan al albur de populismos que en cada país tienen unas siglas diferentes pero que coinciden en lo esencial: volver atrás, reinstalar fronteras, fortalecer el intervencionismo económico del estado. Pero esta dinámica, si triunfa, abocara a Europa a empobrecerse, a confrontaciones armadas o a soluciones autoritarias. Algunos dicen que rehacer el orden económico y político mundial nos aboca a nuevas guerras. Seamos parte de la solución, no la mecha que encienda el conflicto.

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¿Quién es... Francesc Moreno?
Francesc Moreno

Licenciado en Derecho. Ha sido profesor de Derecho financiero en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de Derecho mercantil en la Universidad de Barcelona (UB). Ha sido vicepresidente de La Seda de Barcelona. Fue el editor de El Debat y Tribuna Latina.