El "referéndum pactado"

Francesc Moreno
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Según diversas informaciones periodísticas, Quim Torra planteará a Pedro Sánchez en su reunión de hoy en La Moncloa la celebración de un referéndum "pactado" sobre la secesión de Cataluña. Aunque la propuesta, de producirse, va a ser desechada por el presidente del Gobierno español, conviene analizar el tema con detenimiento pues, pactado o no, constituye junto al denominado "derecho a decidir" el núcleo central de la propaganda nacional-secesionista, su argumento más reiterado para defender el carácter democrático de la secesión unilateral. Su sola celebración significaría aceptar un derecho de autodeterminación inexistente y lo convertiría en un neveréndum, pues los independentistas pretenderían su repetición periódica hasta que les fuera favorable.

Desde el que se considera el primer referéndum de facto, el que planteó Pilatos sobre salvar a Barrabás o a Jesucristo, el referéndum es una poliédrica figura jurídico-política muy controvertida. No voy a entrar en los argumentos que cuestionan el referéndum como método para resolver conflictos o tomar o ratificar decisiones. Son sobradamente conocidos. Me voy a centrar en la consistencia democrática del referéndum "pactado" que el independentismo vuelve a reivindicar después de haberlo desechado tras la celebración de las consultas del 9N y el 1-O.

En realidad, lo que se debate no es si celebra o no un referéndum, sino si se debe acceder a la pretensión secesionista de simplificar los trámites legales y políticos para tomar esa decisión al margen de la Constitución. La Constitución de 1978, aprobada masivamente por el pueblo de Cataluña por mal que les sepa a los nacional-secesionistas, protege los elementos nucleares de nuestro sistema político, como la mayoría, mediante mayorías y procedimientos que le dan estabilidad frente a los cambios políticos coyunturales. No se trata de un capricho. Es una forma de salvaguardar la convivencia y asegurarse que los cambios responden a estables, profundas y mayoritarias corrientes de opinión.

¿Los que reivindican el referéndum secesionista saltándose la Constitución estarían de acuerdo en que un gobierno con mayoría absoluta planteara referéndums para, por ejemplo, eliminar el Estado de las autonomías, acabar con la economía social de mercado, el laicismo o establecer la pena de muerte? No es muy difícil imaginar que, ante circunstancias coyunturales, por ejemplo un asesinato especialmente repugnante, un determinado gobierno planteara, después de una intensa campaña de agitación y propaganda, un referéndum convocado al margen de la Constitución para implantar la pena de muerte. Y lo mismo con cualquiera de los demás temas protegidos por la Constitución.

Actuar de tal forma sería, además de inconstitucional, injustificable moral o democráticamente. Pues lo mismo con el pretendido referéndum secesionista. No alcanzo a comprender por qué los que están en contra de la independencia o de un Estado centralizado o confesional, de la pena de muerte o de la eliminación de la propiedad privada deberían favorecer la celebración de referéndums sobre estas cuestiones. Aunque algunos que se declaran no independentistas defienden el referéndum como víctimas del síndrome de Estocolmo o como forma de alcanzar el poder o como mecanismo para otros objetivos como la destrucción de la UE.

Los independentistas tienen un camino legal y posible para plantear sus reivindicaciones, la reforma constitucional. Que la planteen, empezando con tener el respaldo de dos tercios del Parlament, y busquen los apoyos necesarios en partidos estatales, o de otras comunidades autónomas. Simplificar los trámites sería ilegal, antidemocrático y escapa a las competencias de cualquier gobierno español. Evidentemente es un camino largo y complejo, pero posible. Como debe ser.

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¿Quién es... Francesc Moreno?
Francesc Moreno

Presidente del Consejo Editorial de CRÓNICA GLOBAL. Licenciado en Derecho. Ha sido profesor de Derecho financiero en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y de Derecho mercantil en la Universidad de Barcelona (UB). Ha sido vicepresidente de La Seda de Barcelona. Fue el editor de El Debat y Tribuna Latina.

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