Rodrigo Rato es un manantial inexhausto de sorpresas. Ahora acaba de saberse que en el periodo 1998-2013 cobró la fruslería de 82 millones de euros a una serie de compañías estatales o exestatales por simples tareas de intermediación.

Así lo acredita un informe de la Guardia Civil al juez de instrucción de Madrid que indaga las hazañas dinerarias del personaje. La fiscalía le acusa de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y administración desleal. Y Hacienda, de fraude fiscal por casi 7 millones de euros.

Que a todo un ex vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, el fisco le acuse de haber hurtado el pago de impuestos, no deja de ser una situación chocante e insólita.

Rato recibió el grueso de los 82 millones en pago por realizar unas campañas de publicidad de las entidades donantes. Pero no poseía ni capacidad, ni instalaciones, ni empleados adecuados. Tampoco atesoraba experiencia alguna. De hecho, para desarrollar la iniciativa, constituyó exprofeso una batería de sociedades pantalla.

Rato recibió el grueso de los 82 millones en pago por realizar unas campañas de publicidad de las entidades donantes. Pero no poseía ni capacidad, ni instalaciones, ni empleados adecuados

Éstas cursaron las facturas pertinentes. Pero su papel se limitó a actuar de comisionistas de una agencia de carne y hueso, a cuyo cargo corrió el diseño y ejecución de la propaganda. A cambio del pedido, la trama de Rato se embolsó de entrada una módica comisión del 50%, y de salida otra adicional del 20% o el 30%.

La lista de generosos benefactores de Rato va encabezada por Aldeasa, titular de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos españoles, ahora llamada World Duty Free Group.

Le siguen Azucarera, BBVA, Endesa, Iberia, Logista, Paradores, Telefónica, Retevisión y Repsol. Por último, también hay aportaciones de Banco Santander y Grupo Caixabank.

En este repertorio brilla con luz propia la eléctrica Endesa, hoy en manos del ente público italiano Enel. Su magnanimidad con don Rodrigo es antológica. Llegó a obsequiarle con nada menos que 60 millones de euros, mientras por el gigante energético se sucedían los mandamases, desde Rodolfo Martín Villa hasta Borja Prado, pasando por Manuel Pizarro y José Manuel Entrecanales.

Llama poderosamente la atención el trasvase al sector privado de varias de las empresas paganas, justo cuando Rato era máximo responsable de la cartera de Economía. De hecho, las firmas de marras dependían orgánicamente de su ministerio. A propuesta suya se hizo el traspaso al ámbito particular, amén de la colocación de individuos de su más estricta confianza al frente de muchas de ellas.

El juez que investiga el andamiaje societario de Rato ha descubierto que utilizó a destajo testaferros y tapaderas en paraísos fiscales. Pero ha topado con la justicia de EEUU, Suiza, Mónaco y Luxemburgo, que se niega a tramitar las comisiones rogatorias enviadas para conocer los entresijos del montaje.

El panorama procesal de Rato es bastante negro

El panorama procesal de Rato es bastante negro. En febrero sufrió condena a cuatro años y medio de cárcel por el saqueo de las tarjetas black, un episodio menor, el chocolate del loro, si se le compara con el agujero de Bankia.

En la Audiencia Nacional está imputado por la salida a bolsa del banco, que supuso una estafa en toda regla a los inversores. Se les vendieron acciones de un negocio quebrado como si fuera de una solvencia inmaculada. La magistratura habrá de determinar ahora si la enorme facturación de su conglomerado en concepto de publicidad tuvo base real, o si por el contrario, constituyó un soborno como la copa de un pino perpetrado por las empresas pagadoras.

Con Rodrigo Rato, son ya dos los ex vicepresidentes del Gobierno que se sientan en el banquillo. Narcís Serra, ex preboste de Caixa Catalunya, habrá de responder por los sobresueldos concedidos a los máximos ejecutivos cuando la caja, con el agua al cuello, ya había solicitado ayudas públicas. Serra luce también la poco honrosa categoría de investigado --o sea, imputado-- por una batería de operaciones inmobiliarias ruinosas que se saldaron con pérdidas catastróficas.