El consumo interno es uno de los principales motores de la economía; incluso en los países exportadores, como Estados Unidos, es el mayor componente del PIB. Para que esa demanda funcione es necesario que los ciudadanos tengan capacidad adquisitiva suficiente.

Y eso no ocurre en España. Una de las políticas fundamentales para favorecer la salida de la recesión ha sido la devaluación interna. O sea, el recorte de los salarios; la bajada de los costes de producción para hacer más competitivas nuestras empresas.

Según los datos de la estadística Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias, el año pasado el 34,4% de los empleados percibió ingresos iguales o menores que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En 2007, era el 27,3%.

Fátima Báñez asegura que no hay nadie en España que cobre menos que el SMI. No lo dice para descalificar el trabajo de los técnicos de Hacienda; solo insinúa que la gente se busca la vida y gana más, al margen de lo que declare al fisco.

Cuando las pensiones se paguen vía impuestos, tendrán un tratamiento presupuestario: más que un derecho adquirido serán un gasto

El PP se opone a que el SMI suba desde los 655 euros mensuales de ahora a 950 en 2020, como aprobó el Congreso el martes. Quiere que los costes empresariales sigan bajos, pese a que restan capacidad de consumo y dañan las cotizaciones a la Seguridad Social: no solo aumenta el número de jubilados, sino que la cuantía de las pensiones sube a la vez que baja la cotización media.

Ese camino nos llevará a una financiación de las pensiones vía impuestos con lo que les serán de aplicación las normas presupuestarias: no serán derechos adquiridos, sino un gasto más. Desde el punto de vista de la lógica liberal con que se administran nuestras finanzas públicas, es una ventaja.

Lo mismo se podría decir respecto del seguro de desempleo. En estos momentos, el subsidio oscila entre los 500 y los 1.000 euros mensuales, compensaciones familiares al margen. Si una tercera parte de los empleados cobra menos de 655 euros al mes, es evidente que en breve la cuantía de la prestación caerá en picado, lo que también supondrá un ahorro para las arcas públicas.

El déficit comercial ha pasado de representar más del 9% del PIB en 2007 al 2,4% en 2015

La reducción de los salarios afecta a esos dos pilares básicos del Estado del bienestar, pero facilita las exportaciones. De hecho, el déficit comercial ha pasado de representar más del 9% del PIB en 2007 al 2,4% en 2015.

En esas macrocifras se basa el Banco de España cuando defiende la moderación salarial y que las subidas se ajusten a la situación de cada empresa en particular. Es lo mismo que persigue la reforma laboral: que los convenios de empresa primen sobre los de ámbito superior, reduciendo así la capacidad de la negociación colectiva.

Cuando la Comisión Europea desanda parcialmente los pasos dados en los años de plomo, cuando la austeridad, los recortes y el empobrecimiento de la población tienen más detractores, el Gobierno español es más papista que el mismísimo Papa.