La mayoría de los dirigentes independentistas, y Quim Torra como el que más, han utilizado el argumento de que ellos no desobedecen al Tribunal Constitucional (TC), sino que solo obedecen al Parlament de Cataluña. Pero solo cuando interesa. Ahora, antes incluso de que se votara la moción del PSC que pedía al president que se sometiera a una moción de confianza o convocara elecciones, Torra ya se adelantó para decir que no pensaba hacer el menor caso. Y lo repitió después de que la moción triunfara (62 a 61) con los votos del PSC, Ciutadans, PP y comuns frente a ERC y Junts per Catalunya (JxCat), y gracias a que la CUP no participó.

Es cierto que el texto, que denuncia la “inoperancia” del Govern --incapaz de aprobar los Presupuestos por segundo año consecutivo--, no es vinculante y que en muchos parlamentos los gobiernos no cumplen las resoluciones que les instan a hacer una cosa que no quieren acometer. Pero tan cierto como eso es que no se puede utilizar el argumento de obediencia al Parlament como algo inexcusable y después saltarse las resoluciones que no convienen.

Pongamos como ejemplo los bochornosos plenos de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, en los que se aprobaron las llamadas leyes de desconexión y sobre los que ahora, pese a las manipulaciones del independentismo, el TC acaba de fallar que, efectivamente, se violaron los derechos de los diputados de la oposición. Lo aprobado en esos plenos y en otros forma parte de lo que los independentistas califican de “mandato democrático” para llevar a cabo el 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI).

El Govern, sin embargo, no estaba obligado a cumplir ese supuesto mandato. Podía haber eludido la cuestión por razones de falta de garantías democráticas, para no forzar la máquina a causa de la mayoría exigua de que gozaba, o por múltiples otras razones. De hecho, la DUI estuvo en un tris de no declararse si Carles Puigdemont no se hubiera vuelto atrás de sus intenciones y hubiese convocado elecciones. En el fondo, por mucho que los parlamentos legislen, quienes ejecutan las políticas son los gobiernos. El argumento de que se hizo lo que se hizo porque lo mandaba el Parlament cae por su propio peso.

Lo que pasó en Cataluña en el otoño de 2017 es responsabilidad del president y del Govern de entonces y por eso no se persigue judicialmente a los parlamentarios que votaron a favor, salvo a la presidenta de la Cámara y a algunos miembros de la Mesa.

Torra ha manifestado también que no cumplirá la moción aprobada por el Parlament porque los independentistas tienen la mayoría parlamentaria (66 escaños), pero no la pueden ejercer, ya que cinco diputados no pueden votar por decisión judicial al estar suspendidos (Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, todos de JxCat, y Toni Comín). Argumento falaz porque si el independentismo ha perdido la mayoría es debido a que JxCat se negó a designar sustitutos de los diputados suspendidos, como sí hizo ERC en el caso de Oriol Junqueras y Raül Romeva, lo que ahora ha resucitado los reproches del vicepresidente del Parlament, Josep Costa (JxCat), hacia el presidente Roger Torrent (ERC).

Hay otra razón para descalificar el argumento de Torra. La CUP, desde que fue elegido president, se desvinculó de hecho de la mayoría parlamentaria acusando al Govern de “autonomista”. Ahora, ha permitido el triunfo de la moción al no participar en la votación y además se ha sumado a la petición de que Torra convoque elecciones.

El presidente vicario no las convocará, pese a la inoperancia manifiesta del Govern y al deterioro de los servicios sociales en Cataluña, porque toda su política está basada en esperar el momentum para convocar a las urnas y lanzarse de nuevo por el abismo de la unilateralidad. Ese momento espera que sea la sentencia del juicio al procés que se celebra en el Tribunal Supremo.