Con la ley de consecuencias inesperadas podemos entender mejor por qué las astucias tan torpes de Artur Mas han desembocado en el Tribunal Supremo y en la escualidez del reciente Onze de Setembre pero, sobre todo, vemos con más claridad la perspectiva tan sesgada de todo el procés como improvisación ininteligente. La conocida ley de consecuencias inesperadas se refiere a aquellas acciones humanas que acaban teniendo efectos no esperados, imprevistos.  Para paliar las protestas contra los recortes sociales, Artur Mas y sus gurús deciden que hay que encaramarse a la ola de insatisfacción general, representándola como reivindicación nacionalista radical, en beneficio propio. Hay que ser un gran líder para controlar dinámicas de tanta turbulencia y Mas no lo era. Si recurrimos a las especificaciones de la ley de consecuencias imprevistas, según Robert Merton la inherente complejidad del mundo es un factor a tener en cuenta: es evidente en el caso de Cataluña porque todo el proceso --en términos de razón, no de método transmisor-- ha sido analógico y no digital o, más aún premoderno, tanto por su lenguaje caduco como por sus objetivos improvisados contra toda evidencia jurídica, sin asegurarse un apoyo social sólido.

La actual división del independentismo y las evidencias sustanciadas ante el Tribunal Supremo demuestran que se partía de una simplificación primaria por completo contrapuesta a las complejidades del siglo XXI, a la trama jurídica del Estado y a la propia realidad histórica de Cataluña. Así hubo consecuencias inesperadas como las dos grandes manifestaciones unionistas y la victoria electoral de Inés Arrimadas.  En fin, la épica de una república catalana llevó a un pseudo-referéndum descontrolada, con una Moncloa pasiva y como cogida por sorpresa, y una actuación policial que tuvo mucho impacto informativo aunque El Tribunal Supremo haya puestos muchas cosas en su sitio. Puede pensarse que en el diseño algo rupestre del procés una confrontación con el Estado --el símil tan erróneo del choque de trenes-- era simplemente decorativa, como la hipotética parafernalia preparatoria de un proyecto de Estado catalán independiente. En fin: como han reconocido algunos protagonistas de aquellas jornadas grotescas, se iba de farol. Descubierto el farol, otra consecuencia inesperada, cundió el desánimo en el voluntarismo de la secesión. ¿Ha sido un caso –según la tipología de la ley de consecuencias inesperadas- de intereses inmediatos que intentaban sobreponerse a intereses de largo alcance, como es el futuro de Cataluña?

Mientras tanto el flujo de oportunidades para los buscadores de renta --los rent seekers-- no disminuye. En la actual Generalitat --su administración paralizada y su sotto governo-- y en buena parte del entorno mediático pululan esos buscadores de renta, sin que haya ningún filtro institucional. En la escuela del tres por ciento se aprenden muchas cosas, como obtener ingresos o beneficio económico en los repliegues del poder político, alterando la vigencia de la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley. Lo que debiera transaccionarse según las leyes de mercado, se logra tocando a la puerta de un despacho oficial. No parece que el 155 atajase esas prácticas. Además de la falta de credibilidad y la desconfianza que ha generado el procés, la institucionalidad autonómica queda erosionada por prácticas tan sectarias como anteponer el presupuesto de las embajadas de Cataluña a una mayor dotación, por ejemplo, para la formación profesional, del mismo modo que el presupuesto de TV3 es una afrenta a la Cataluña no independentista. Por la ley de consecuencias inesperadas, lo que quedará del procés es frustración, pérdida de confianza y la experiencia negativa de un largo desacato. Pero por ahora, los buscadores de renta subsisten