Con un inexplicable retraso, el Gobierno --en este caso el presidido por Rajoy-- ha decidido hacer frente a uno de los mayores problemas con el que se enfrenta (desde siempre) el modelo productivo español: el reducido tamaño de sus pequeñas y medianas empresas. Esto ha sido y sigue siendo un hándicap para mejorar la competitividad de nuestra economía, máxime cuando casi el 94% de los más de tres millones de las empresas existentes en España son micropymes, porcentaje que no resiste una comparación con el modelo alemán y su 82%.

El Gobierno de Rajoy ha decidido, por fin, abordar el problema, anunciando que a finales de julio dará a conocer más de un centenar de barreras regulatorias --conocidas por todos desde siempre-- que impiden el crecimiento de las pymes, entre las que sobresalen, desde la noche de los tiempos, las relacionadas con el fisco, la representación sindical y la financiación.

Las todavía supuestas medidas anunciadas por el Gobierno, que llevan prodigándose desde hace décadas en todos los informes empresariales y bancarios, han coincidido con un baza imprevista del destino, que de la mano del Banco de España, en forma de datos, se han hecho públicos. Según estos datos, el porcentaje de pymes que declara tener problemas de financiación se sitúa en mínimos de 2009, hasta el punto de que solo el 9% de las pymes españolas señala dificultades para acceder al crédito, la misma ratio que la del resto de la eurozona. Las pymes en España ven ya el crédito como la última de sus preocupaciones y el mercado demuestra que no está dispuesto a esperar a que el Gobierno intervenga.

Habrá que conformarse con el más vale tarde que nunca, si con ello se puede conseguir que las pymes puedan incrementar sus niveles tecnológicos y de innovación, y retener al talento

Cuando uno se aproxima a una noticia como esta, tan esperada, tan deseada, la primera pregunta que se hace es qué han estado haciendo los distintos gobiernos españoles en las últimas décadas para abordar un problema tan prioritario que, desde siempre, ha sido uno de los más preocupantes del modelo productivo español.

Así las cosas, habrá que conformarse con el más vale tarde que nunca, si con ello se puede conseguir que ese enorme tejido productivo, compuesto por millones de pequeñas y medianas empresas, pueda incrementar sus niveles tecnológicos, sus capacidades innovadoras y, en definitiva, atraer y retener a tanto talento como existe en España. En ese reto, le va un buen pellizco de su PIB, ya que como dice la propaganda gubernamental, si España fuera capaz de adoptar la estructura empresarial del Reino Unido, donde el 46% del empleo depende de grandes empresas frente al 26% de nuestro país, el PIB español ganaría un 7,49%. O si, simplemente, replicara la estructura de la media existente en la Unión Europea, su PIB repuntaría un 3,35%.

Con estas atractivas expectativas u objetivos, la pregunta es tan contundente como obligada: ¿A qué se ha debido tanto retraso?