Las movilizaciones convocadas por el bloque secesionista para dar respuesta al desmantelamiento de la logística del 1-O por parte de la Guardia Civil han estado lejos de lo soñado por sus promotores. Y ello a pesar de actuaciones tan inmorales como dar fiesta a los niños de algunos institutos y llamarles a manifestarse. Sin duda, el bloque secesionista tiene una gran capacidad de presionar a todo tipo de entidades, desde universidades a asociaciones de padres, pasando por clubes deportivos o de otro tipo. Si a ello añadimos los militantes de los partidos, los numerosos cargos públicos y la publicitación de las convocatorias por los medios, cualquier movilización tiene asegurado un suelo importante. Pero las cifras de asistentes han puesto de manifiesto que la población no directamente vinculada al conglomerado secesionista, aún la simpatizante del independentismo, se ha quedado en casa.

Y es que, por mucho que se gesticule por parte del Govern y algunos medios de comunicación, la mayoría de la población vive con preocupación los acontecimientos pero considera desproporcionado y, por tanto, injustificable llegar a un enfrentamiento que puede acabar en conflicto civil.

Tampoco han triunfado la tesis --compartida por podemitas y secesionistas-- de que lo que está en juego es la democracia. Carece de cualquier credibilidad hablar de falta de libertad de expresión, con la libertad --valga la redundancia-- con que se expresan los políticos secesionistas en los medios de comunicación. Ni que se ha acabado con la autonomía cuando el Govern mantiene todas sus competencias legales, que son muchas, aunque hace años que nuestros gobernantes apenas le dedican tiempo a ejercerlas . Cualquier comparación con un país autoritario cae por su propio peso. Da igual si miramos a Turquía, Venezuela o Cuba, por no hablar de otros regímenes en los que se conculcan diariamente los derechos humanos y la libertad de expresión.

Pretender que, en nombre de la libertad, el Estado permanezca pasivo ante un golpe de Estado anunciado y del que se pavonean constantemente sus impulsores es un insulto a la inteligencia de quienes no sean simplemente fanáticos

Pretender que, en nombre de la libertad, el Estado permanezca pasivo ante un golpe de Estado anunciado y del que se pavonean constantemente sus impulsores es un insulto a la inteligencia de quienes no sean simplemente fanáticos. El Estado español está demostrando ser un Estado democrático que se defiende proporcionalmente y cumple con el Estado de derecho. No estaría yo tan seguro si cambiasen las tornas.

Hace un par de semanas, escribía un artículo sobre que lo que está en juego es la desestabilización de la UE. La cronificación de un conflicto con posibilidades de extenderse a otros territorios. Las últimas revelaciones sobre la actuación de la red rusa que apoyó a Trump, el Brexit o a Marine Le Pen no hacen más que ratificar lo dicho entonces. Deberían reflexionar los nacionalistas que creen en nuestro modelo de sociedad y se declaran europeístas. Parece que parte del PDeCAT está en esta linea. Ahí estan las declaraciones de Marta Pascal negando la DUI o las reuniones secretas que parece han proliferado estos días entre este sector y el Gobierno. Si se consigue evitar que se produzcan brotes de violencia y la situación se descontrole, será necesario, una vez asegurado el mantenimiento del Estado de derecho, poner el marcador a cero y buscar soluciones a los problemas reales de los catalanes. Para ello sería muy conveniente que se reorganizara el nacionalismo moderado, eso sí, aparcando el doble juego y la deslealtad.

Para evitarlo, los radicales apretarán el acelerador esta semana. Habrá que mantener la calma y no caer en provocaciones que, seguro, se multiplicarán. Con todas las dificultades e incógnitas, soy optimista. La gran mayoría de la sociedad catalana, sea cual sea su orientación política, no está por la labor de adentrarse en un conflicto civil de consecuencias muy negativas para todos.