El pasado viernes, el triunfo de la moción de censura contra Rajoy supuso la llegada de Sánchez a la presidencia de Gobierno. Un ejecutivo de un partido de izquierdas sustituía a uno de derechas. Desde una perspectiva ideológica, un gran cambio. Desde una óptica económica, me temo que uno escaso, tanto si la legislatura dura menos de un año como si llega a los dos.

Probablemente, el motivo no será la falta de voluntad, sino la escasez de dinero. En los próximos ejercicios, el nuevo ejecutivo del PSOE tendrá un reducido margen de maniobra para realizar políticas económicas distintas de las actuales. Las principales causas que restringirán su capacidad de actuación serán los compromisos contraídos con la Comisión Europea y la falta de una mayoría parlamentaria estable que le dé apoyo.

Entre finales de 2017 y de 2019, España deber disminuir su déficit público desde el 3,1% al 1,3% del PIB. En términos absolutos, ha de reducir su desequilibrio en aproximadamente 20.000 millones de euros. Un importe que, bajo la suposición de un crecimiento promedio del 3%, únicamente se sitúa 3.500 millones de euros por debajo del incremento de los ingresos públicos (alrededor de 23.500 millones).

Una diferencia casi equivalente a los 3.300 millones de euros de gasto extra en pensiones. Una partida resultante del pacto presupuestario del PP con el PNV, no prevista por el ejecutivo en la actualización del plan de Estabilidad 2018-2021, y que supondrá revalorizarlas un mínimo del 1,6% anual durante el actual y próximo ejercicio. El resultado de sumas y restas es claro: si cumple el pacto con Bruselas, el nuevo ejecutivo tendrá 200 millones de euros para gastar a su libre albedrio. En otras palabras, solo dispondrá de calderilla.

No obstante, si quiere enseguida diferenciarse del gobierno del PP y aumentar significativamente el gasto social, el ejecutivo del PSOE posee cuatro opciones: incumplir el objetivo de déficit público, subir los tipos efectivos de algunos de los principales impuestos, establecer nuevos tributos o sustraer dinero de otras rúbricas y destinarlas a dicho gasto.

El incumplimiento del déficit no sería una novedad, pues en cada uno de los años del período 2012-15 el PP superó el desequilibrio inicial pactado con Bruselas. Así, por ejemplo, si en 2019 el déficit fuera del 2% del PIB, el dinero disponible para gastar aumentaría en aproximadamente 6.500 millones de euros. Un importe que, si fuera destinado un 35% a salud y un 25% a educación, supondría incrementar su presupuesto en un 3,2% y 3,6%, respectivamente. Una cuantía significativamente superior a la de la inflación prevista (1,6%).

Si el ejecutivo no hace nada al respecto, en 2019 el impuesto sobre sociedades será la única de los cuatro grandes rúbricas tributarias que no habrá recuperado la recaudación alcanzada en 2007. En dicho año, Hacienda ingresó por dicho concepto 44.823 millones de euros y, en el mejor de los casos, en el próximo ejercicio obtendrá alrededor de 26.000 millones de euros.

Para conseguir un mínimo de 4.000 millones adicionales, el ejecutivo podría en 2019 eliminar temporalmente alguna desgravación y, especialmente, impedir que las empresas compensaran las actuales ganancias con las pérdidas incurridas durante los años de crisis. No obstante, ambas medida serían muy probablemente rechazadas por la mayoría parlamentaria de derechas del Congreso. Así pues, una buena idea teórica, pero imposible de hacerla efectiva.

Lo mismo sucedería si el nuevo ejecutivo quisiera establecer un nuevo impuesto sobre los beneficios de la banca, la generación de energía y uno o varios de carácter medioambiental. El único con algunas posibilidades de ser aceptado por la oposición sería el que grava los beneficios de las multinacionales tecnológicas. Por cuestiones técnicas, un tributo muy difícil de poner en práctica el próximo año, aunque Montoro diga lo contrario.

La minoría parlamentaria de la izquierda tampoco muy probablemente le permitiría sacar adelante un presupuesto donde las partidas de gasto social ganen mucho peso relativo y lo pierdan otras, tales como las destinadas a seguridad e infraestructuras. Por otra parte, ambas una verdadera necesidad, dados los elevados recortes que han sufrido en la última década.

En definitiva, a los españoles de izquierdas, les pido paciencia, pues no hay dinero disponible para realizar de forma inmediata un gran cambio en la política económica. Al nuevo ejecutivo, le solicito únicamente lo posible: eficacia y populismo cero.

En concreto, a corto plazo, le recomiendo que intente la derogación de dos medidas muy emblemáticas y negativas para la mayoría de la población: las reformas laboral y de las pensiones del PP. Además, le pido que acabe con la figura de los falsos autónomos, con la prolongación injustificada del estatus de becario en las empresas y que decrete en 2019 una elevada subida del salario mínimo.

A medio plazo, un proyecto económico para España y la erradicación del trabajador que vive en la precariedad absoluta o en la miseria, pues con su salario, él y su familia no pueden subsistir dignamente. Un tipo de trabajador que apareció con la crisis y que ha continuado existiendo con la recuperación. En resumen, un país diferente y mejor es posible. Pronto veremos si usted, Pedro Sánchez, es capaz de conseguirlo.