El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) más bien parece últimamente un Gobierno de colisión. Desde que se formó en enero de 2020, las discrepancias entre los dos partidos han sido frecuentes y públicas, pero se trataba de temas menores o al final se podían solucionar. Sin embargo, desde que Vladímir Putin desencadenó la invasión de Ucrania y ahora con el caso del espionaje el enfrentamiento ha aumentado y referido además a cuestiones trascendentales como la guerra y la seguridad del Estado.

El socio minoritario del Gobierno de coalición, UP, se ha opuesto al envío de armas españolas a Ucrania y sus principales dirigentes no han acabado de desprenderse de los tics favorables a la Rusia de Putin. Han llegado a firmar manifiestos “en favor de la paz” en los que no se mencionaba a Rusia ni a Putin, ni se distinguía entre el agredido y el agresor. En el caso Pegasus, UP se ha alineado con los nacionalistas e independentistas, aliados del Gobierno hasta el estallido del escándalo, y ha pedido más dimisiones o que “rodaran cabezas” con más entusiasmo que la propia oposición.

UP se sumó primero a otros nueve grupos --entre ellos ERC y otros aliados del Gobierno soliviantados por el caso Pegasus-- para pedir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, aunque se opuso a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deberá acudir a la Cámara forzado por el PP y otros grupos parlamentarios.

Las críticas de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y Pablo Echenique, portavoz parlamentario, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido constantes. El miércoles, en la comparecencia de la ministra en el Congreso, Echenique pidió su dimisión --aunque sin mencionar la palabra-- por la situación “insostenible” provocada por el escándalo del espionaje. Habló de “dejación de funciones” e “incompetencia” y exigió depurar responsabilidades “al máximo nivel”. Calificó de “incompatible con la democracia” el supuesto espionaje masivo a más de 60 independentistas catalanes y vascos. Afirmó también que la intrusión con Pegasus en los móviles de Pedro Sánchez y Margarita Robles “no hace menos grave el espionaje a independentistas catalanes y vascos”, aunque “eleva la crisis a otro nivel” y evidencia una “gravísima brecha en la seguridad nacional”. Robles le tuvo que recordar que UP forma parte del Gobierno y que sus ministros también reciben los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Tanto en el caso de la guerra de Ucrania como en el del espionaje, la acritud de UP contra el Gobierno del que forma parte contrasta con la actitud de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no deja de desmarcarse de sus compañeros de Podemos.

Sin embargo, la gravedad de la crisis política abierta por el caso Pegasus también se refleja en el PSOE, el partido mayoritario del Gobierno. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y Margarita Robles han abordado el problema de modos distintos. En primer lugar, mientras Bolaños intentaba apaciguar a ERC, Robles se enfrentaba con dureza a los independentistas en la comisión de control del Congreso. En segundo lugar, mientras Bolaños y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dejaban en el aire la continuidad de la directora del CNI, Paz Esteban, Robles la defendía a capa y espada. En tercer lugar, mientras Bolaños y Rodríguez responsabilizaban al CNI de la seguridad de los teléfonos del presidente del Gobierno y de los ministros, Robles insinuaba que dependía de la Secretaría General de Presidencia, ocupada por Bolaños cuando fueron espiados, en mayo y junio de 2021.

Paz Esteban, que ayer compareció en la comisión de secretos oficiales del Congreso, podría ser la víctima, la cabeza de turco, de esta situación tan enrevesada que se ha producido a causa del espionaje. Pero, si cae, no lo sería por lo que los independentistas llaman Catalangate, sino por no impedir la intrusión en los teléfonos de Sánchez y Robles, operación en la que los indicios más fiables apuntan a Marruecos.

La directora del CNI mostró ayer pruebas de que el espionaje a 18 dirigentes o activistas independentistas --no a más de 60-- fue efectuado por el CNI con autorización judicial individualizada, de acuerdo con la ley. Entre ellos figura Pere Aragonès, aunque no se sabe si fue espiado cuando ya era presidente de la Generalitat. Las explicaciones de Esteban, no obstante, no convencieron ni a UP ni a los nacionalistas e independentistas, que siguieron reclamando el cese de Margarita Robles. Sobre el resto de los espiados, Rufián “interpretó” que lo fueron por algún organismo del Estado descontrolado o por un país extranjero. ERC no se va a conformar con la dimisión de Paz Esteban, pero es muy dudoso que Sánchez conceda la cabeza de Robles. La crisis, pues, no tiene por ahora visos de ser resuelta.