El desarrollo del juicio sobre el procés, dentro y fuera de las salas del Tribunal Supremo (TS), demuestra fehacientemente, por si alguien lo dudaba, que los secesionistas no buscan el final del conflicto, un 'tratado de paz', sino una mera tregua que les permite minimizar los daños judiciales, mantener el poder en Cataluña y recobrar fuerzas hasta una nueva ofensiva.

Las declaraciones de la mayoría de encausados ha oscilado entre la reafirmación de sus intenciones: la obtención de la independencia sin renunciar expresamente a la vía unilateral, y la negación de los hechos que puedan implicar una calificación de rebelión o sedición. En ningún caso ha habido una expresa renuncia a la vía unilateral, al sometimiento a la Constitución, aunque sea para cambiarla por los procedimientos establecidos. Este posicionamiento político de los encausados se ha visto ratificado por los principales portavoces del independentismo que no se encuentran en la Sala del TS, ya sea porque estén fugados, como Puigdemont o Comín, o porque no han sido encausados como Torra.

Habrá que reconocer que la actuación de la justicia ha servido para parar el golpe. La transmisión del juicio esta siendo útil para que los ciudadanos conozcan lo que realmente sucedió. La judicialización de los hechos, además de inevitable, esta siendo muy positiva para hacer patente lo realmente ocurrido. Además, ha dejado al descubierto la levedad de los políticos y la fortaleza del Estado.

La renuncia a la vía unilateral y la aceptación expresa de la Constitución es una condición necesaria, pero no suficiente para plantear cualquier medida de gracia en caso de condena a los encausados. Si el objetivo es devolver la normalidad democrática en la vida política catalana es necesario también acabar con el acoso y los escraches a los disidentes catalanes. Estos días hemos asistido a un vergonzoso acoso, intimidación y descalificación de los testigos, especialmente los catalanes, que no han comulgado con las tesis de los encausados. Mi solidaridad con todos ellos. Este acoso es continuidad de lo que viene sucediendo en Cataluña desde hace demasiado tiempo y que busca el silencio o el exilio de los catalanes contrarios al secesionismo.

Esta presión es incompatible con la democracia e invalida los resultados de cualquier proceso electoral. Como ocurre en países totalitarios, se busca la limpieza ideológica de la población forzando la marcha del país de los disidentes. Ya lo han logrado en demasiados casos.

Y una tercera condición, imprescindible para cualquier medida de gracia o negociación, es devolver la neutralidad a la escuela, las instituciones y los medios públicos de comunicación. Mientras todos ellos sean utilizados como instrumentos puros de agitación y propaganda tampoco se darán las condiciones para una lucha política igualitaria y democrática.

Dicho de otra manera. Cualquier negociación, incluido un pacto de investidura, no debe servir para otorgar al secesionismo una tregua que le permita rehacer sus fuerzas, seguir utilizando el poder que detentan con total impunidad, ampliar su base social y esperar una nueva ventana de oportunidad como no se esconden de decir. No se pueden alcanzar acuerdos que legitimen su discurso victimista y supremacista y que es de nuevos instrumentos para ejercer el control de todo lo que sucede en Cataluña. No se puede salir aparentemente del conflicto arrinconando todavía más al constitucionalismo en Cataluña. Seria una salida en falso que sólo traería más conflicto en el futuro.

El diálogo siempre es un valor positivo, las medidas de gracia si hay condenas. Pero en el marco de una ‘paz duradera’ que sólo será posible con las condiciones expresadas con anterioridad. Sin ellas sería premiar al secesionismo y aplazar el conflicto a costa de volver a dejar en la cuneta las legitimas reivindicaciones de los catalanes no secesionistas.