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El 'procés' entra en su recta final

José Antonio Sorolla
7 min

En plena refriega verbal tras los sangrientos atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto, Carles Puigdemont es entrevistado en Onda Cero. Se le atribuye una frase que ciertamente no ha dicho, que los ataques no alterarán la hoja de ruta del procés, lo que desata un gran escándalo en los medios independentistas, que se rasgan hipócritamente las vestiduras como si los medios de comunicación que han titulado así quisieran manipular al president. Pero todo el mundo sabe que, aunque no lo haya dicho, eso es lo que va a suceder. Y, en efecto, cuando aún quedaban seguramente muertos por enterrar y heridos en los hospitales, el lunes 28 de agosto Junts pel Sí y la CUP presentan la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República catalana --así se llama--, que será probablemente aprobada a la carrera el próximo miércoles, junto a la ley del referéndum​, convocado también inmediatamente a menos de un mes del 1-O.

A la vista de la maniobra exprés que preparan los dos grupos independentistas del Parlament, sin respetar ningún derecho de la oposición, sin debate, sin enmiendas, es enternecedor ver cómo Puigdemont se lamenta en una reciente entrevista en El Nacional de que la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional (TC) para dar al organismo capacidad de suspender cargos haya sido criticada por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. ¿Respeta acaso la ley del referéndum los criterios de la Comisión de Venecia, que solo acepta consultas pactadas y constitucionales; pide un plazo razonable entre la aprobación y la votación; requiere la neutralidad de la administración y de los medios de comunicación públicos, y demanda la organización por juntas electorales imparciales, entre otras condiciones? En la misma entrevista, Puigdemont sostiene que el TC no puede destituirle o suspenderle en su cargo porque esa decisión violaría el Estatut y repite que ellos no desobedecen ni la ley ni al TC, sino que solo obedecen al Parlament.

Esta es la concepción de la legalidad del presidente de la Generalitat: cuando se oponen a sus propósitos, no cuentan ni el Estatut ni la Comisión de Venecia; cuando favorecen sus pretensiones, entonces se acoge al Estatut, a la Comisión de Venecia y a lo que haga falta

Esta es la concepción de la legalidad del presidente de la Generalitat: cuando se oponen a sus propósitos, no cuentan ni el Estatut ni la Comisión de Venecia; cuando favorecen sus pretensiones, entonces se acoge al Estatut, a la Comisión de Venecia y a lo que haga falta.

Es el mismo razonamiento que se aplica cuando los impulsores del procés afirman que van a cumplir la legalidad catalana. La legalidad no se puede dividir entre catalana y española o internacional, pero es que, además, todo parte de un equívoco o de una declaración que solo ellos aceptan. Se trata de actuar como si Cataluña fuera soberana y por eso aseguran que solo respetan las leyes aprobadas por el Parlament. La primera declaración de soberanía fue aprobada por la Cámara catalana el 23 de enero de 2013 y posteriormente ratificada y ampliada por la llamada declaración de ruptura o de “desconexión” del 9 de noviembre de 2015, en la que se especificaba que en el proceso de independencia solo se obedecerían las leyes catalanas. Ambas declaraciones fueron suspendidas por el TC.

En virtud de este propósito, se han elaborado las hasta hace poco secretas leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. Las dos contienen aberraciones jurídicas y políticas notables. En la de transitoriedad, por ejemplo, se asegura que a los españoles de origen se les mantendrá la nacionalidad cuando obtengan la catalana, pero eso sin consultar al otro Estado concernido, que es el español. En cuanto a los derechos de las lenguas, el texto afirma que, al menos en el periodo de transición hasta la elaboración de la Constitución catalana, el catalán, el castellano y el aranés mantendrán su actual estatus. A los ingenuos que crean que el castellano sería tan oficial como el catalán, solo hay que recordarles que lo primero que hizo el actual conseller de Interior, Joaquim Forn, cuando llegó al cargo, fue eliminar el castellano de la web de la conselleria.

A los ingenuos que crean que el castellano sería tan oficial como el catalán en una República catalana, solo hay que recordarles que lo primero que hizo el actual conseller de Interior, Joaquim Forn, cuando llegó al cargo, fue eliminar el castellano de la web de la conselleria

Pero aún ha sido más criticada la organización de la justicia en la nueva ley porque elimina la separación de poderes en el hipotético nuevo Estado, mediante la intervención descarada del Ejecutivo en los nombramientos del presidente del Tribunal Supremo y de los cargos judiciales. Al presidente del Supremo lo designaría directamente el president, y se crearía una comisión mixta para proponer los nombramientos en la que la presencia del Govern sería mayoritaria. Después de llevar años escuchando que en el Estado español no hay separación de poderes --Artur Mas y Francesc Homs se han distinguido en este aspecto--, no está mal para empezar.

Y toda esta aceleración del proceso independentista se produce además en un ambiente enrarecido por los atentados, con una crispación creciente y ataques verbales en público y en las redes sociales que provocan vergüenza y desánimo. El Govern repite que el referéndum del 1 de octubre se celebrará, mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy sostiene lo contrario. Pero nadie sabe cómo lo harán unos ni cómo lo impedirán los otros.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.