El presidente de la Generalitat es de elección parlamentaria. Esta es una verdad muy castigada en las últimas semanas en beneficio del argumentario legitimista que pretende convertir al diputado Carles Puigdemont en el presidente inexorable de Cataluña para ser fieles a la idea de la restauración del Gobierno cesado por el 155. La otra verdad vapuleada por el nuevo integrismo es que el nuevo presidente será el único legítimo, el que permitirá recuperar el autogobierno.

La figura del presidente inexorable es de reciente fabulación; hasta ahora y a partir de ahora también, el único presidente es el presidente posible, el que obtiene la mayoría de la cámara para ser investido. Quien sabe de la falsedad del candidato inexorable es la CUP, aunque con eso de cambiar de diputados constantemente se les habrá olvidado ¿Quién era el candidato inexorable en 2015? El cabeza de la lista más votada, Raül Romeva; el número 4 por Barcelona, Artur Mas, o el diputado por Girona, Carles Puigdemont. Lo forzó la CUP, CDC lo decidió y ERC aplaudió. Ningún votante de JxSí lo podía presagiar el día que votó. Todo fue estrictamente legal, democrático y legítimo. Y ningún elector independentista se quejó por el cambio de cromos.

¿Por qué ahora tendría que ser diferente? Porque no se puede aceptar una imposición del Estado, responde el independentismo, y aunque suelen completar la frase con el estribillo "la gente ha elegido a Puigdemont", se supone que el añadido está dedicado a los fieles y no debería tener mayor trascendencia. Me quedo con la primera parte de la respuesta: no se puede claudicar ante una imposición del Gobierno Rajoy, del Tribunal Supremo o del Constitucional.

Del Gobierno central, sin duda que no; ni puede ni debe, es una intromisión inaceptable en la autonomía del Parlament, porque a pesar de no ser Puigdemont un candidato inexorable es un candidato posible, dado que sus derechos políticos siguen intactos. El TC lo ha dicho y el Consejo de Estado, también.

Ningún votante de JxSí podía presagiar en 2015 que Puigdemont sería president. Todo fue estrictamente legal, democrático y legítimo. Y ningún elector independentista se quejó por el cambio de cromos

El TC dice otra cosa y, aunque se ha excedido en tomarse la autoridad por la mano (según la mayoría de juristas), su posición marca un camino, este sí, ineludible, para que Puigdemont pueda ser investido. Un camino prácticamente imposible de recorrer por el diputado, pues casi seguro que tiene parada y fonda en la prisión preventiva, y una vez preso, quién sabe si el juez Llarena se sentirá atraído por la doctrina Yoldi o se decantará por crear doctrina nueva. Contra esto se puede clamar y criticar, pero como dijo el constitucionalista Joaquín Urías, es lo vigente. Naturalmente, se puede desobedecer y adentrarse nuevamente en el camino de las imputaciones.

¿Tiene sentido negarse a aceptar la realidad a partir de un axioma falso (valga la contradicción), arriesgando inhabilitaciones o prisión? Esta es la pregunta que no deja dormir a los dirigentes de ERC, convencidos de que se puede cumplir perfectamente con la voluntad popular (que haya un presidente y un gobierno independentista) sin tener que volver a chocar contra el muro del Estado para dar satisfacción a las aspiraciones de Puigdemont y JxCat. Al fin y al cabo, legitimistas frustrados los hay por todas partes, incluso en la republicana Francia hay quien se reivindica como heredero del trono. Nadie les hace caso, excepto en los aniversarios. El presidente del Parlament ha dado un pasito; ahora, los republicanos deben estar reflexionando sobre el discreto alcance de la reacción popular ante una simple suspensión temporal del pleno.