'President' provisional, corrupción permanente

Carlos Jiménez Villarejo
12 min

El nuevo president de la Generalitat, por más provisional que sea, está obligado a conocer el bagaje delictivo del partido que, aunque haya cambiado de nombre, lo ha encumbrado a tan alta instancia pese a sus escasos méritos personales. Hablamos de Convergència Democràtica de Catalunya, ahora PDeCAT.

La historia delictiva de dicha formación, como debe saber, es muy antigua pues se remonta a Banca Catalana, cuando su partido ya exaltaba los sentimientos nacionalistas para ocultar sus culpas. Pero fue acentuándose con el tiempo hasta un presente, aún pendiente de varias causas penales por corrupción. La situación se agravó desde la declaración autoinculpatoria de Jordi Pujol del 25 de julio de 2014 sobre su actividad defraudatoria desde 1980 --nada menos que 34 años-- y la causa penal incoada contra él mismo, su esposa Marta Ferrusola y sus hijos.

Precisamente ante estos hechos y la realidad creciente de la corrupción, consideramos necesario hacer un balance judicial de la misma para ilustrar al president y a la ciudadanía con una imagen aproximada de conductas que, si bien no están plenamente explicitadas, reflejan cómo la derecha nacionalista catalana --fundamentalmente CDC-- ha gobernado con evidente abuso de poder, una completa ausencia de ética pública y una desmedida codicia. Ahora, pretenden la independencia de Cataluña para, entre otros fines, conseguir su impunidad, como ya se acordaba, bajo la fórmula de la “anulación del proceso”, en el artículo 79.4 en la abiertamente ilegal Ley 20/2017 del Parlament, del 7 de septiembre de dicho año. Pueden estar seguros de que no la obtendrán.

Nos parece oportuno referirnos a dos antecedentes, necesarios para comprender el tratamiento institucional de apoyo que el Gobierno del Estado (PSOE) prestó a la corrupción de los gobiernos de Pujol y que el president desearía ocultar.

1. Lluís Prenafeta, precisamente su maestro a través de la Fundació Catalunya Oberta, fue investigado por la Fiscalía en 1990 por razón de su incompatibilidad como consejero de Iberia de Seguros con el cargo de secretario general de Presidencia, asesorado por Piqué Vidal. El fiscal general del Estado prohibió el ejercicio de acciones penales. Denunciado por particulares ante los juzgados de instrucción de Barcelona, el caso, con el asesoramiento del letrado Piqué Vidal, fue archivado por el juez Pascual Estevill. Luego, este juez fue propuesto por CiU como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

2. En el caso CARIC (Comisión de Ayuda a la Reconversión Industrial de Cataluña), investigado por la Fiscalía, por un delito de malversación de caudales públicos, el fiscal general también prohibió el ejercicio de acciones penales contra los responsables del mismo que, entre otros, eran once consejeros de los gobiernos de Pujol.

3. Proceso contra el magistrado Lluís Pascual Estevill y Joan Piqué Vidal --letrado de Jordi Pujol en el proceso por la quiebra de Banca Catalana-- y otros, por delitos de detención ilegal, cohecho, falsedades y demás. Se dictó  sentencia condenatoria.

4. Proceso por la trama de corrupción y fraude fiscal en la Delegación de Hacienda de Barcelona. Sentencia condenatoria firme. Por delitos, fundamentalmente, de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Los condenados fueron, entre otros, José Luis Núñez i Clemente y Sánchez Carreté (asesor fiscal durante muchos años de Jordi Pujol Soley).

5. Proceso y condena, ya firme, en el caso Turisme de Catalunya (Unió Democràtica de Catalunya). Por un delito de malversación de caudales públicos.

6. Proceso por el caso Adigsa (CiU). Es la primera causa que se incoó a raíz de la afortunada denuncia del president Maragall sobre el "problema" del cobro ilegal del 3% por CiU en los contratos públicos. Adigsa era la sociedad Administració, Promoció i Gestió S.A., empresa pública dedicada a la promoción de viviendas sociales públicas. En las fechas de los hechos, fundamentalmente 2003, su consejero delegado era Josep Antoni Fontdevila Nadal. Desde el ámbito de sus competencias, realizaron conductas delictivas que motivaron que la Sección 22 de la Audiencia de Barcelona, el pasado 19/7/2017, dictara sentencia condenatoria por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental contra dicho consejero delegado y seis acusados más.

7. Proceso y condena, ya firme, por el caso Pallerols. Unió Democràtica de Catalunya​ fue condenada como "partícipe a título lucrativo". Delitos de fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

8. Proceso y condena, igualmente firme, por el caso Ferrocarrils de la Generalitat por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

9. Proceso por el expolio del Palau de la Música, contra Fèlix Millet, Jordi Montull y, entre otros, Daniel Osàcar (tesorero de CDC). La sentencia de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona se publicó el 29 de diciembre de 2017. En ella se condena a CDC como partícipe a título lucrativo por haber obtenido delictivamente 6.676.105 euros. Conducta que resulta “palmariamente acreditada” en el apartado Décimo Primero de los Hechos Probados bajo el título "Relaciones entre el Palau de la Música, Ferrovial-Agroman y Convergència Democràtica de Catalunya”. Osàcar fue condenado por un delito de tráfico de influencias y otros dos de blanqueo de capitales y de falsedad documental. Por ello, en el apartado 13 de las condenas, se acuerda el comiso de dicha ilícita ganancia. Lo que ha determinado que se acordase el embargo judicial de varias sedes de Convergència Democràtica de Catalunya.

10. El proceso contra el exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet, Prenafeta y Alavedra, pilares del pujolismo, y otros, por el caso Pretoria. Formulada acusación fiscal contra los exconsejeros de Pujol por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Juicio oral celebrado, pendiente de publicarse la sentencia.

11. Proceso, en fase de instrucción, en el Juzgado número 3 de Reus, por el caso Innova, contra ex altos cargos del Departament de Salud del Gobierno de CiU, presidido por Artur Mas, y del Ayuntamiento de Reus. La Fiscalía solicita penas de prisión --entre 8 y 10 años-- para los principales acusados de la pieza principal, que investiga contratos y pagos ilegales hechos desde el Ayuntamiento de Reus a altos cargos sanitarios. Entre ellos, se encuentran el exalcalde de la ciudad Lluís Miquel Pérez (PSC), el exdirector de Innova Josep Prat y Carles Manté, exdirector del Servei Català de la Salut (CatSalut). La acusación, en esta pieza separada, es por los delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

12. Proceso contra altos cargos de la Associació Catalana de Municipis (CiU). Se dictó sentencia condenatoria por la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona el 18 de octubre de 2017 por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental contra Josep Maria Matas y Francesc Xavier Solà.

13. Proceso contra el exalcalde de Lloret de Mar y exdiputado de CiU Xavier Crespo Llobet. Condenado por el TSJC el 5 de noviembre de 2015 por delitos de prevaricación y cohecho a la pena de inhabilitación especial.

14. Proceso contra altos cargos de la Agencia Catalana del Agua (CiU). Contra quien fuera su gerente, Joan Lluís Quer, por delitos de malversación de caudales públicos y otros por adjudicaciones presuntamente ilegales. Aún en fase de instrucción.

15. En el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell se produjeron actuaciones, registros y detenciones relacionadas con el cobro del ya famoso 3% por miembros de CDC, por las adjudicaciones de obras públicas. Posteriormente, el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, desde el 18 de abril 2018, ha asumido la competencia para continuar la investigación. Según la AN, los hechos investigados podrían constituir “delitos de financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, alteración de precios en concursos y subastas públicas, tráfico de influencias y falsedad en documentos mercantiles”.

Estas son las causas contra la familia Pujol:

16. Juzgado Central número 5. Diligencias Previas 141/2012, contra Jordi Pujol Soley, Marta Ferrusola Lladós, Jordi, Pere, Marta, Josep, Oleguer y Mireia Pujol Ferrusola y Mercé Gironés Riera, por delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Solo un dato. En este proceso consta que en el año 2000 Pujol Jr. abrió una cuenta corriente en la Banca Reig de Andorra con un importe de 307 millones de pesetas. Nada más y nada menos.

17. Procedimiento Jurado 3/14-A contra Oriol Pujol Ferrusola y otros por cohecho y falsedad documental (caso ITV). Pendiente de juicio oral.

Eran justas las conclusiones de ICV en la comisión de investigación del Parlament conocida como del caso Pujol: "Durante los años de gobierno de Jordi Pujol se adoptó una actitud tolerante, cuando no cómplice o encubridora, respecto de las irregularidades o mala praxis [...] que afectaban a personas relevantes de la coalición gobernante".

Ante esta realidad indiscutible, el llamado president debería reconocer sin reserva alguna, en primer lugar, la plena legitimidad y necesidad del poder judicial para conocer y perseguir no solo la corrupción sino cualquier clase de violación de los derechos, valores y leyes democráticas. Igualmente, su compromiso con las instituciones del Estado español, incluidos los jueces y tribunales, y con todos los ciudadanos de Cataluña, de no adoptar decisiones que representen la ruptura de Cataluña con el actual marco constitucional. En otro caso, ahí estará el poder judicial.

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Carlos Jiménez Villarejo

Ex fiscal jefe anticorrupción, miembro de ACNUR y de Federalistes d'Esquerres, y ex eurodiputado de Podemos.

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