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El precedente del discurso de Laura Borràs

Jordi Garcia-Petit
7 min

La toma de posesión de la segunda autoridad de Cataluña --que es la autoridad del primer poder público de la Autonomía-- es siempre un momento solemne que se presta a grandes vuelos retóricos. El discurso de Laura Borràs del 12 de marzo no defraudó, aunque no lo hizo en el sentido positivo que hubiera correspondido al acto.

Fue un discurso trufado de errores jurídicos (por ignorancia o por engaño consciente), de licencias de interpretación, de palabras insidiosas, de ilusorias promesas. El discurso no es agua pasada, es la hoja de ruta, “el compromiso” de la presidenta, expresa o implícitamente asumido en las intervenciones de los grupos independentistas en el debate de investidura de Pere Aragonès.

En el discurso --que debería haber representado a todos los diputados-- figuran los tópicos y las falsedades habituales de los ideólogos del independentismo: la represión del Estado, la ilegítima aplicación del artículo 155, la persecución de las ideas independentistas, la judialización de la política, la venganza de la justicia, etc. Nada original y nada nuevo, pero repetido por todos hasta la náusea.

El “compromiso” contiene unos propósitos que hay que denunciar, porque señalan la previsible ruta desestabilizadora de la presidenta, que será secundada por JxCat, forzará el seguimiento de ERC y obtendrá el aplauso de la CUP.

Laura Borràs anunció que no permitirán "injerencias de los otros poderes, ni del ejecutivo, ni del judicial"; "los diputados del Parlament no tendrán otras limitaciones que aquellas que imponen los principios democráticos"; "hemos de poder --y podremos-- legislar sobre todo lo que la mayoría de esta cámara decida"; "es siempre la ley la que se tiene que adaptar a la voluntad popular y no al revés".

Sobre la base de estas afirmaciones, Laura Borràs prepara lo que acertadamente María Jesús Cañizares llama “la voladura de la legislatura”.

La presidenta da por supuesto que el Parlament es plenamente soberano y que, prescindiendo de la Constitución y el Estatuto de Autonomía, está legitimado para adoptar, como en anteriores legislaturas, la clase de decisiones rupturistas que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional (TC).

En el plano jurídico coincido con Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlament, quien en No todo vale (Península, 2019) expone magistralmente la relación entre el Parlament y el derecho.

Lo resumo. El Parlamento de Cataluña es un poder constituido establecido por la Constitución, no es un poder soberano y no puede ejercer como poder constituyente. Su soberanía es limitada y alcanza sólo a los poderes que le atribuye el marco constitucional y estatutario. Y su soberanía tampoco es exclusiva, puesto que tiene que compartir la representación democrática de los catalanes con las Cortes Generales.

El Parlament sólo puede legislar en relación con las competencias transferidas a la Generalitat y en aquello que establece el Estatuto de Autonomía. Aunque quieran ignorarlo, es sólo un parlamento autonómico.

La pretensión de no permitir injerencias, en concreto del TC, es otro brindis al sol. En democracia, todos los poderes públicos están sometidos a la legalidad. Todas cuantas veces el Parlament desbordara el marco constitucional y estatutario, la decisión que adoptara sería anulada por el TC.  

La ley es democracia en estado puro y no cabe la dicotomía y el (falso) enfrentamiento entre ley y democracia, como sostiene la presidenta.

Se deduce del discurso que intentará poner patas arriba el sistema jurídico del que forma parte el Parlament y crear un vacío que rellenar con pretensiones independentistas.

No lo conseguirá. Intervendrá el TC para restablecer el orden constitucional y estatutario, si es vulnerado. Entonces clamará que hay “represión”, que se persiguen las ideas, que se impide el debate, que se criminaliza el independentismo, que se viola la independencia del Parlament, que el Estado español hace la guerra sucia contra Cataluña. Será su reacción retórica, mínima.

Será más de lo mismo, pero peor, como apunta José Antonio Sorolla.

Peor por las circunstancias actuales y por la reiteración del doble engaño: a los independentistas porque su actuación desestabilizadora no acercará un ápice la pretendida independencia de Cataluña y a todos los catalanes porque agravará la inestabilidad institucional, el desbarajuste político y el desgobierno.  

Laura Borràs ha escogido muy bien su papel político en esta XIII legislatura: mejor el Parlament que el Govern. Convertirá la presidencia en un plató de TV3 y en un ariete contra el Estado. La utilizará tanto en la pugna de JxCat con ERC como en su situación personal.

En principio, a ningún político le ayuda estar imputado, pero hay imputaciones que pueden acabar siendo políticamente rentables. No es el caso de la imputación por haber fraccionado 18 contratos públicos para presuntamente favorecer a alguien. Y no produce el mismo efecto en el espectador ver al imputado ostentando la presidencia del Parlament que verlo como una persona cualquiera.

A todo eso hemos llegado por la victoria en escaños de los partidos independentistas. Recordémoslo para las próximas elecciones autonómicas.

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¿Quién es... Jordi Garcia-Petit?
Jordi Garcia-Petit

Doctor en derecho.