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¿Prácticas o argucia contractual?

Anna Clara Martínez
5 min

Se busca: persona menor de 30 años, que esté cursando estudios superiores, con posibilidad de suscribir un convenio con su universidad.

Se ofrece: convenio de prácticas. Sin remuneración.

Bajo el discurso de la relevancia de la formación, de la experiencia laboral... la figura de los convenios emerge, en medio de un limbo y una vorágine jurídica, como una forma de explotación de estudiantes y recién titulados

Alberto, 23 años, es un estudiante de derecho. Actualmente, tras finalizar el grado, decidió realizar el máster en abogacía --obligatorio para ejercer la profesión de abogado--. Dicho máster, para su aprobación requiere de la realización de unas prácticas obligatorias (30 créditos ECTS). Así pues, Alberto trabaja todas las mañanas en un despacho de abogados. "Cada día trabajo, como mínimo, cinco horas. No tengo ninguna remuneración. Al ser prácticas, la universidad considera que no deben ser remuneradas. En cuanto a las tareas, desempeño algunas que sí son las propias de un abogado, pero la mayor parte del tiempo estoy desarrollando funciones administrativas. Como no tengo remuneración alguna, me he visto obligado a trabajar los fines de semana en un restaurante, así obtengo un sustento para sufragar mis gastos".

Sonia, 25 años, ya concluyó sus estudios de periodismo. Ante la falta de oferta laboral en su sector, decidió cursar un máster que incluye la posibilidad de realizar prácticas para, de esta manera, ganar experiencia e incorporarse progresivamente en el mercado laboral. Sin embargo, la realidad dista mucho de aquello que ella imaginaba. "Estoy trabajando en una cadena de televisión. Hago más horas de las que por convenio debería hacer. A final de mes, me pagan unos 200€, que me entregan en un sobre. Lo único positivo es que mis funciones sí que se ajustan a las de periodista. En total, hay cinco becarios, lo que significa que se están ahorrando cinco sueldos y han dejado de crear cinco puestos de trabajo estable".

Fran, 20 años, todavía está cursando el grado de relaciones internacionales. Su sueño siempre fue trabajar en un organismo internacional público y, por ello, decidió hacer unas prácticas optativas en la ONU. "Nunca llegué a imaginar que tendría que pagar por trabajar. Me he costeado yo mismo el viaje a Ginebra, pago el alojamiento y mi manutención. A cambio, no recibo ninguna contraprestación económica. Además, y para colmo, también he tenido que pagar el precio de los créditos que luego convalidaré con las prácticas. Tratándose de un organismo internacional tan importante, es lamentable que se produzcan estas situaciones".

Las universidades no están exentas de complicidad. Muchas de ellas, impulsan a los estudiantes hacia esta precariedad e incitan a las empresas a no retribuir a los estudiantes, fomentando así esta argucia contractual

Como ellos, muchos más jóvenes se encuentran en una situación análoga. Sin duda, la precarización del empleo juvenil es un hecho evidente. Bajo el discurso de la relevancia de la formación, de la experiencia laboral... la figura de los convenios emerge, en medio de un limbo y una vorágine jurídica, como una forma de explotación de estudiantes y recién titulados.

Además, las universidades no están exentas de complicidad. Muchas de ellas, impulsan a los estudiantes hacia esta precariedad e incitan a las empresas a no retribuir a los estudiantes, fomentando así esta argucia contractual. "Como se trata de unas prácticas curriculares, por su parte no existe ninguna obligación económica con la universidad y es optativo con el alumno el hecho de retribuir o no (si existiese retribución, debería darse de alta en la Seguridad Social)", se afirma en un correo electrónico de una universidad catalana a una empresa.

¿Dónde queda la formación práctica que debe recibir el estudiante? ¿Dónde está su dignidad laboral, el respeto de los derechos del trabajador y el reconocimiento al desempeño de un trabajo? ¿Qué futuro les espera a los jóvenes españoles?

Estas son, sin duda, algunas de las cuestiones a las que las instituciones deben ofrecer una solución con carácter urgente. De lo contrario, no debería extrañarnos que, en informes sobre la situación económica y laboral actual, como el de la Expulsión Social y Recuperación Económica de 2016, publicado por Cáritas, se efectúen afirmaciones tales como que "nuestra economía adolece de un nítido divorcio entre la capacitación media o alta de los trabajadores --particularmente los jóvenes-- y la oferta de empleos de muy baja cualificación".

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Anna Clara Martínez

Abogada y politóloga.