La flor y nata de la dirigencia secesionista, Junqueras, Puigdemont, Romeva, Comín, Maragall, han pasado por Bruselas y Estrasburgo como eurodiputados y no han entendido nada de la Unión Europea, y, si han entendido algo, les es igual, indiferencia que muestra al desnudo la falacia del procés, cuya pretendida finalidad seria la desintegración de un Estado miembro de la Unión Europea.

Ya se han envainado aquella pancarta que exhibían ufanos y desafiantes: Catalunya nou Estat d’Europa. Tres presidentes de la Comisión Europea (Prodi, Barroso y Juncker), además de otras autoridades comunitarias, han precisado que una (hipotética) Cataluña independiente ipso facto sería un "Tercer Estado" para la Unión, por lo tanto, quedaría fuera del euro, fuera del mercado común, fuera de los fondos de la UE y fuera de la protección de los Tratados.

Desde su ignorancia y su mala fe han despreciado esas advertencias oponiendo a la evidencia jurídica insustanciales y falsas seguridades del tipo: "¿Cómo puede quedar fuera de la UE un país tan europeísta como Cataluña?"; “Ya se encontrará la fórmula para mantener a  Cataluña dentro de la UE; “Cuando llegue el momento, la Comisión cambiará de opinión”; “Podremos seguir utilizando el euro”; “Se dará un trato de favor a los productos catalanes”, etc.

Aquella flor y nata no ha ido al Parlamento Europeo para defender la causa europea, sino para utilizar su condición de eurodiputados y la caja de resonancia del hemiciclo en su campaña independentista. Puigdemont en sus breves intervenciones  --el minuto de que dispone en el turno general-- , solo despotrica contra España, sea cual sea el asunto a debate. Si expusiera alguna idea brillante sobre la construcción europea, merecería la atención del hemiciclo; pero no la tiene, pedírsela sería tanto como pedir peras al olmo.

La UE es una organización de Estados soberanos que han cedido determinadas competencias a la Unión para alcanzar los objetivos comunes previstos en los Tratados. Y la Unión, por su parte, respeta las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional.

La Unión es fundamentalmente una construcción de derecho, sometida al derecho. Las constituciones de los Estados miembros son parte del derecho de la Unión, por cuanto es por ellas, por su carácter democrático, que se es Estado miembro de la Unión.

La rotura constitucional que intentaron los secesionistas con sus leyes de “desconexión” de septiembre de 2017 y su reiterada desobediencia del Tribunal Constitucional, referéndum ilegal y declaración unilateral de independencia incluidos, es lo más opuesto al sistema jurídico de la Unión. De ahí el rechazo de la Unión al procés.

Todo eso es lo que no entiende esa gente --o no quiere entender-- y es el equívoco, doblado de engaño, --“la república de Cataluña  seguirá en la UE”, profetizan-- que transmiten a los catalanes y que sus crédulos seguidores se tragan ovejunamente.

Puigdemont, Junqueras y los otros dicen “escandalizarse” de que la Unión “mire para otro lado” en lo que al procés y sus derivas concierne. Dejando ahora al margen la necedad de la expresión, la Unión, cuyo objetivo es la integración europea, no puede sino “mirar para otro lado”, desentenderse  de la cuestión,  puesto que el procés (anti jurídico y desintegrador) va contra los Tratados. 

Todo lo más, las instituciones de la Unión consideran el desafío secesionista una cuestión interna del Estado español, que compete a éste tratar.

Y como la Unión no les hace caso, ellos se despachan contra la Unión; según Puigdemont --esa veleta ignorante que aplaudía a la Unión cuando esperaba de ella una (inexistente) mediación--,  la UE sería “un club de Estados decadentes y obsolescentes”.

En este tiempo dramático del coronavirus y sus tremendas consecuencias económicas y sociales, Cataluña tiene la suerte de formar parte de la Unión a través de España y de  que sus intereses sean defendidos con tenacidad por el Gobierno de España en el Consejo Europeo.

Sin aportar otra cosa que deslealtad, división y mala gestión, Torra y Aragonés, al unísono en esto, no se cortan en pedir no menos de 30.000 millones de euros de los fondos del recién aprobado programa  europeo de reconstrucción. Cataluña recibirá lo que le corresponda en un reparto equitativo, a pesar de Torra, Puigdemont, Junqueras y los otros.