Por qué Europa dice no

Artur Mas no acaba de creerse que la Unión Europa (UE) no quiera saber nada de su proceso soberanista. ¿Cómo es posible que la Europa de los valores, de la democracia, de los Derechos Humanos no muestre su entusiasmo ante el clamor de un pueblo para decidir su futuro? Y no es para menos, pues el presidente de la Generalidad sabe perfectamente que la perspectiva de una Cataluña independiente pero excluida de la UE abocaría todo el proceso al fracaso. Pero, claro, o bien Mas ha entrado en una dinámica de mesianismo que le conduce a rechazar todo aquello que se pueda oponer, estorbar o poner en duda el alcanzar su objetivo o bien sus consejeros en política exterior no están a la altura. Aunque también podría ser que ambas cosas se estuvieran produciendo al mismo tiempo, pues para eso hemos pasado del "gobierno de los mejores" al gobierno de los incondicionales donde lo que de verdad parece contar es la adhesión inquebrantable al proceso y no tanto los méritos.

Como es bien sabido, la actual configuración de la UE contiene elementos consustanciales a una federación entre estados, es decir, existe una cesión de soberanía por parte de los estados a una entidad federalizada en diversas políticas como la agrícola, comercio exterior, etc. Sin embargo, en lo que se refiere a la adhesión de nuevos estados (pues creo que a estas alturas ya no se puede poner en cuestión que la independencia de Cataluña significaría su exclusión automática de la UE) se sigue exigiendo la unanimidad de los 28 estados integrantes. Y aunque la posible independencia de Cataluña es para España en su conjunto un asunto eminentemente de política interior, para el resto de los 27 es fundamentalmente una cuestión de política exterior.

Esta diferenciación es muy importante, pues la toma de decisiones por parte de los gobiernos tiene un cariz diferente según pertenezcan a una esfera o a la otra. En el caso de la política interior, las decisiones se toman (o se deberían tomar, que no siempre es el caso) en función del interés de los ciudadanos y del interés general de la sociedad en su conjunto, evidentemente asegurando el respeto al Estado de derecho y a los valores que lo sustentan (es decir, el cumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales de justicia dentro de un marco de respeto de los valores democráticos y los Derechos Humanos). En el caso de la política exterior, las decisiones se toman en función de los valores, pero también del interés nacional (sea éste de carácter político o económico). Evidentemente, existen situaciones en las que ambas esferas se pueden superponer, en cuyo caso el proceso de toma de decisiones es aún más complicado.

Se está fomentando un derrotero con tintes populistas que pretende conseguir a través de la presión en la calle lo que no se acaba de lograr dentro del marco de las leyes

A la hora de tener en cuenta los dos parámetros (valores e interés nacional), suele ser frecuente que exista una cierta tensión entre ellos. Por ejemplo, en el caso de la prisión de Guantánamo para los EEUU, la tensión entre el respeto de los valores (respeto de los derechos de los detenidos) y el interés nacional (la seguridad del Estado ante el terrorismo de Al Qaeda) es evidente. En el caso de la tibieza exhibida por las principales economías occidentales (EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, etc.) ante las evidentes carencias en China en materia de democracia y respeto por los Derechos Humanos, la tensión entre el respeto de los valores (tener relaciones normalizadas con un gobierno no democrático y limitar las críticas) y el interés nacional (seguir teniendo acceso al mayor mercado del mundo) es también evidente. En el caso de Siria por parte de la comunidad internacional, la tensión entre ambos (castigar a un autócrata como Bashar al-Asad y apoyar a una oposición donde las facciones islamistas radicales juegan un papel importante) es, asimismo, evidente.

Pero el mérito del proceso soberanista de Mas y sus compañeros de viaje es que dicha tensión es prácticamente inexistente. Desde luego así es dentro de la UE. Ha conseguido lo que es muy difícil en política exterior: poner de acuerdo tanto el plano de los valores como el del interés nacional (con alguna que otra excepción, como el caso de algunos de los países bálticos). En el plano de los valores, en cuanto que los promotores del proceso soberanista parecen decididos a saltarse el Estado de derecho (es decir el cumplimiento de las leyes y de las sentencias de los tribunales) con tal de conseguir sus fines, incluida la convocatoria (a modo de substitución de un referéndum legal de autodeterminación) de unas elecciones plebiscitarias (figura inexistente en el mundo desarrollado). Asimismo, en cuanto que se está fomentando un derrotero con tintes populistas que pretende conseguir a través de la presión en la calle, lo que no se acaba de lograr dentro del marco de las instituciones y de las leyes. Vamos, justo lo contrario de los principios en los que se basa la UE.

Algo similar ocurre en el plano de los intereses nacionales de los diferentes estados que componen la UE. Primero, por lo que un proceso de secesión de una parte significativa del territorio de un Estado miembro supondría en términos de inestabilidad política y económica. Política, por ejemplo, en cuanto que establecería un precedente para otras regiones europeas con aspiraciones similares y la posible apertura de un proceso de redefinición de fronteras y establecimiento de nuevos estados dentro de la UE; en cuanto que podrían subsistir siquiera temporalmente legitimidades duplicadas (ciudadanos a favor y en contra de la secesión dentro de dicho territorio con obediencias diferenciadas) y el subsiguiente conflicto e inestabilidad política y jurídica a que podría dar lugar; en cuanto al posible surgimiento de situaciones de violencia o de incremento de la delincuencia y la criminalidad (derivadas de una debilidad institucional, al menos inicial) que pudieren amenazar la seguridad interna del territorio en cuestión; en cuanto que podrían producirse movimientos significativos de población. Económica, por ejemplo, en cuanto que los flujos de comercio, las inversiones, los flujos financieros, etc., entre dicho territorio y el resto de la UE podrían verse afectados significativamente y tener efectos negativos en las economías respectivas (particularmente, si tenemos en cuenta el tamaño de la economía catalana); en cuanto que la utilización del euro en un territorio económicamente importante significaría una merma del control que el Banco Central Europeo ejercería sobre la base monetaria y por lo tanto sobre la efectividad de la política monetaria; en cuanto a la incertidumbre que se generaría en términos de cumplimientos de contratos en general y en el sistema financiero en particular (por ejemplo, ¿qué parte de la deuda pública española pasaría a ser deuda pública catalana y qué emisiones se verían afectadas?). El momento actual de crisis económica no haría sino amplificar estas preocupaciones.

Segundo, el efecto llamada que un proceso de esas características podría tener en determinados territorios de otros países de la UE con minorías territoriales o movimientos secesionistas, empezando por Francia (la llamada Cataluña Norte, País Vasco francés, Bretaña, Alsacia y Lorena), Italia (con su particular Padania), Bélgica, Eslovaquia, por citar los más conocidos.

Tercero, por lo que el nacimiento de nuevos estados y su incorporación a la UE en el largo plazo (pues tarde o temprano así sucedería) supondría en términos de gobernanza, es decir, para la toma de decisiones y el funcionamiento eficiente de las instituciones europeas.

En una palabra, el proceso soberanista de Mas ha tenido una virtud que raramente se da en política internacional, en particular dentro de la UE: poner de acuerdo a casi todos (desde luego a todos los que cuentan) en considerarlo "poco oportuno", tanto en términos de valores como de intereses nacionales. Que no se extrañe que la UE no quiera darse por enterada.