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Poner en orden la vivienda

Rosa Maria Ibarra
7 min

En las últimas semanas hemos podido leer en la prensa noticias sobre okupaciones, sobre alborotos relacionados con ellas, o sobre los problemas de algunas personas que cuando han vuelto a casa se la han encontrado okupada. Algunos de estos casos han vuelto a poner el foco en una realidad que existe desde hace tiempo y que nadie ha sabido o querido afrontar. Hace 20 años hablar de okupación era referirse a un movimiento minoritario, que reivindicaba un cambio social y que tenía en dar uso a viviendas desocupadas una de sus principales manifestaciones.

Ese movimiento reducido, sin embargo, tomó otra dimensión con la crisis económica que sufrimos en la primera década de este siglo, que dejó a muchas familias cerca del precipicio. Sin recursos para hacer frente a gastos básicos, entre ellos el coste de la vivienda, una parte de estas familias vieron en la okupación, ya fuera de la misma vivienda de la que habían estado pagando la hipoteca mientras pudieron, ya sea de otro propietario, una opción para no quedarse en la calle. Por lo tanto, aquel fenómeno reivindicativo se transformó en una simple necesidad. 

Y en toda necesidad humana, siempre hay alguien que quiere aprovechar para hacer negocio. Negocio de la okupación y negocio de la desokupación. Y es que a la sombra de la desesperación de muchas familias, surgieron las mafias que detectan pisos vacíos, revientan la puerta y los alquilan o venden las llaves. Normalmente propiedad de entidades financieras o grandes tenedores, aunque siempre puede pasar que sean viviendas de pequeños propietarios o hasta de la administración.

Por otro lado, ante la necesidad de la propiedad de “desokupar” una vivienda han salido iniciativas que con métodos, muchas veces intimidatorios, también han visto un posible mercado. A los intereses confrontados de okupas y propietarios se ha de sumar la preocupación de vecinos de edificios y barrios, que ven cómo, además de la ocupación de la vivienda, se pinchan los suministros, con el correspondiente peligro para toda la comunidad.

Se trata todo ello de un cóctel explosivo preocupante, que puede ser terreno abonado para discursos populistas de la ultraderecha. Debemos poner solución, y hacerlo de manera inmediata, porque, en caso contrario, los incidentes que hemos visto en los últimos días relacionados con situaciones de ocupación pueden ir a más.

Y sabemos que esta solución no es fácil, porque el fenómeno de la okupación es complejo, y la solución también lo debe ser. En primer lugar es necesario un análisis de la llamada okupación. Debemos saber su magnitud en toda Cataluña. Es necesario que el Govern de la Generalitat, en coordinación con los ayuntamientos, conozca la realidad del parque de vivienda catalana, el público y el privado. Cuantas viviendas están vacías realmente (no las que los grandes tenedores declaran, sino las reales), las que están okupadas. Cuántas de éstas okupaciones lo han estado a través de mafias, cuántas corresponden a viviendas de grandes tenedores… Debemos hacer el seguimiento de las familias que okupan, de su situación económica y de las alternativas que puedan tener a la okupación.

Y es necesario emprender acciones que deben ser transversales y han de empezar con la lucha contra los pisos vacíos. Si no hubiera viviendas vacías no habría viviendas okupadas. Pero también se debe combatir la okupación y hacerlo con herramientas distintas, porque tiene caras diferentes: herramientas legales y judiciales de seguridad, sociales y habitacionales.

En este sentido, se ha reclamado muchas veces más control sobre las viviendas vacías. El 2019 en Cataluña se recaudaron 11 millones y medio de euros por el impuesto a los grandes tenedores de viviendas vacías. Esta cantidad corresponde a la autoliquidación que hacen estos propietarios. Sin querer presupuestar nada, todos podemos imaginar que con un control eficaz de la administración, la recaudación sería más grande, y además implicaría también más posibilidades para colocar estas viviendas en el mercado.

Pero también se ha pedido la creación de un espacio interdepartamental, que aborde el fenómeno de la okupación de manera coordinada entre las diferentes áreas del Govern. De momento, el Govern de la Generalitat no está ni por mejorar el control de las viviendas vacías, ni por poner orden en las okupaciones. Mira hacia otro lado, esperando no sabemos muy bien qué, porque las familias no pueden encontrar solas una alternativa a las okupaciones, ni las mafias abandonarán solas su negocio, ni los grandes tenedores asumirán su responsabilidad respeto a las viviendas que tienen vacías.

Y mientras, los ayuntamientos deben gestionar solos las consecuencias de la falta de vivienda digna para muchas familias, y los efectos de algunas okupaciones problemáticas.

Todo ello necesita el liderazgo de un gobierno de la Generalitat que ha renunciado hace tiempo a solucionar los graves problemas que existen en la vivienda, un gobierno que no ejerce las competencias que le son propias y no prioriza el destino de los recursos que tiene. La vivienda digna es y debe ser la prioridad.

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¿Quién es... Rosa Maria Ibarra?
Rosa Maria Ibarra

Rosa Maria Ibarra, es licenciada en Derecho por la Universidad de Lleida y máster en Liderazgo por la Gestión Pública y Social por la UAB. Es diputada en el grupo del PSC en el Parlament.