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Polonia

Jordi Carrillo
28.03.2016
8 min

"It appears that the Constitutional Tribunal took decisions which are not currently being complied with by other institutions of the State" (Traducción: parece que el Tribunal Constitucional ha tomado decisiones que otras instituciones del Estado no están acatando).

De este modo tan diplomático como sucinto justificaba el Vicepresidente de la Comisión Europea, Sr. Timmermans, el pasado mes de enero, la activación, por primera vez desde su existencia, del mecanismo comunitario preventivo para atajar violaciones de las reglas básicas del Estado de Derecho. Su puesta en marcha responde a ciertas actuaciones, u omisiones, de Gobierno y Parlamento polacos. Dicho mecanismo podría culminar, tras varios pasos, en la suspensión de los derechos de voto de Polonia en los Consejos Europeos.

Los partidos unitaristas hace tiempo que han abdicado la defensa de la legalidad como argumento, pues piensan, o por lo menos se expresan, con los conceptos y la neolengua definidos por el soberanismo

Este instrumento se diseñó tras la crisis constitucional rumana de verano de 2012, que obligó a la Comisión a advertir al Gobierno rumano en términos muy severos ante su desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional. Incluso la entonces Vicepresidenta de la Comisión, Sra. Reding, tuvo que dirigir una carta de apoyo al Presidente del Tribunal Constitucional rumano, respondiendo a su petición de auxilio, en la que reiteraba sus advertencias al Gobierno. Entre otros, uno de los puntos de fricción fue la declaración de nulidad del referéndum de destitución del Presidente de la República, que el Tribunal adoptó puesto que no se consiguió una participación superior al 50%. Detalle este último que conviene recordar porque, si España hubiera contado con una regla igual, el Estatut de 2006 no habría sido refrendado.

Volviendo al asunto polaco, la primera ministra Beata Szydło compareció el pasado 19 de enero ante el Parlamento Europeo, asegurando que en su país las resoluciones del Tribunal Constitucional se cumplen. A pesar de sus promesas, a principios de marzo la situación se agravó al negarse la primera ministra a publicar en el diario oficial una sentencia del Tribunal Constitucional, amparándose bajo una filigrana leguleya digna de los mejores juristas de la desconexión (antes llamado procés).

Tal actuación sin precedentes ha motivado una contundente opinión de la Comisión de Venecia, el comité del Consejo de Europa que vela por la vigencia de los principios básicos del Estado de Derecho en sus 47 Estados miembros. Entre otras cosas, vale la pena referirlo, la Comisión se veía obligada a recordar que los dirigentes de las instituciones afectadas pueden mostrar su desacuerdo con decisiones del Tribunal Constitucional, dejando a la vez claro que las implementarán aunque las critiquen y, muy importante, limitando su crítica a la decisión y no al órgano.

Todo esto viene a colación porque aquí en Cataluña, "it appears", con base en "sólo" una resolución del Parlamento catalán cuya renovación ahora las CUP apremian mediante una moción para principios de abril, que el Gobierno "chupiguay" de la Generalitat va lanzando dos consignas groseramente contradictorias: por un lado, aseguran que desobedecerán al Tribunal Constitucional (el mismo que el Sr. Mas en el discurso de su fallida investidura dijo que Cataluña, o sea, él y sus partidarios, recusaba); mientras que, por otro lado, prometen que Europa y la comunidad internacional entablarán negociaciones en las que actuarán con su conocido pragmatismo para encaminar la resolución de lo que el soberanismo en su neolengua llama conflicto entre Cataluña y España, o sea, entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno central. Bien, ya se ha visto en Rumanía y Polonia cómo reacciona Europa, tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa, cuando se desobedece a la justicia constitucional. Si no fuera porque se le haría el juego al soberanismo al internacionalizar su cuita, habría que enviar al Sr. Timmermans la resolución del 9-N y lo que pueda aprobarse en abril.

La derrota del unitarismo se manifiesta a través de ese mantra de que hay que hacer política y no escudarse detrás de las leyes, no vaya a ser que nos llamen antidemócratas por defender la vigencia de la legalidad

Siendo estas resoluciones escandalosas, aún peor es, y en esto consiste, en parte, la derrota del unitarismo el 27S, que los partidos unitaristas hace tiempo que han abdicado la defensa de la legalidad como argumento, pues piensan, o por lo menos se expresan, con los conceptos y la neolengua definidos por el soberanismo. En este caso, la derrota se manifiesta a través de ese mantra de que hay que hacer política y no escudarse detrás de las leyes, no vaya a ser que nos llamen antidemócratas por defender la vigencia de la legalidad. Por supuesto, ¡¿cómo no?!, cuando el primer ministro rumano quería quitar de en medio al precio que fuere al Presidente de la República estaba haciendo política, y éste en lugar de escudarse tras la ley debería haberse ido a su casa. Si la primera ministra polaca quiere repoblar el Constitucional con amiguitos y además ralentizar su funcionamiento, sin duda está haciendo política, ante la que, por tanto, no hay ley que oponer. ¿Por qué iba a inmiscuirse la Unión Europea en esto?

Este es uno de los daños, cuya reparación llevará décadas, que el procés ha producido en Cataluña. Los soberanistas consideran que viven en una democracia, dicen, de baja intensidad, que en un Estado de Derecho y democrático como España existen conflictos entre democracia y ley, y que tales deben resolverse siempre en favor de la democracia, siendo el merecido destino de la ley, fruto de una insistente campaña de desprestigio, ser desobedecida. Dicho sea de paso, este desprestigio, casi demonización, ante los que no se planta cara, de todo lo que huela a español en Cataluña puede tener, está teniendo, como consecuencia la residualidad de los partidos españoles. Las sucesivas debacles electorales de PP y PSC-PSOE lo atestiguan. C's, de momento, se salva porque se fundó en Cataluña.

Por otra parte, quienes se oponen al soberanismo han interiorizado su modo de aproximarse a la realidad y abandonan la defensa de la legalidad como consigna, por lo visto no vende, cuando no hay más que echar un vistazo a lo que ocurre a nuestro alrededor para darse cuenta de que precisamente la legalidad es el principal baluarte de la democracia (ahora que parece que volvemos a la 'pantalla' del referéndum, con certeza nadie recordará a quienes denigran la democracia española y la presentan como caso excepcional, que no hace ni nueve meses, en Italia, el Constitucional prohibió un referéndum de autodeterminación organizado por la región del Véneto).

Esté el independentismo en retirada, o estemos en vísperas de una nueva marcha verde, mientras el unitarismo siga pensando mediante categorías ajenas se estará dejando el camino expedito para la próxima embestida, que llegará, sólo se desconoce cuándo, y ante la cual de seguir así no se podrá oponer la legalidad.

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¿Quién es... Jordi Carrillo?
Jordi Carrillo

Tarraconense, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho por la Universidad Rovira Virgili. Reside en Alemania.