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Políticos con vocación de abogado

Javier Delgado
4 min

Durante la pasada legislatura en Cataluña asistimos con absoluto estupor, por lo menos por mi parte, al pisoteo constante de la legalidad y a la vejación más absoluta de instituciones tan importantes para poder defender la verdadera existencia de un Estado de derecho como el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) y los letrados del Parlament.

En acreditación de lo anterior encontramos, como en reiteradas ocasiones, tanto el indicado CGE como los letrados cuestionaron la legalidad de todos y cada uno de los pasos que desde el Govern y desde la Mesa del Parlament --presidida por Carme Forcadell-- se iban dando para hacer avanzar el procés.

Entre otras actuaciones, el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, y el secretario general de la cámara, Xavier Muro, advirtieron a la señora Forcadell de la ilegalidad de la tramitación de la Ley del referéndum.

Sabedores de que cualquier informe de dichas instituciones afearía su conducta, desde el bloque independentista no se limitaron a hacer oídos sordos a sus opiniones, sino que dictaron manu militari una reforma del reglamento del Parlament que les permitía, en determinadas circunstancias, no tener ni siquiera que pedir ese informe.

Tras la aplicación del artículo 155, y después de las elecciones del 21 de diciembre, muchos, o por lo menos yo, teníamos la esperanza de que, tras haber visto todas las partes las orejas al lobo (Estremera infunde respeto, y dos millones de votos independentistas también deberían hacerlo), se tendría más cuidado en la aplicación y respeto de la ley.

Lo más preocupante ha sido el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la posible investidura de Carles Puigdemont, y ello en contra del informe emitido por el Consejo de Estado

Desgraciadamente, no ha habido nada más alejado de la realidad, y hemos podido comprobar cómo, ante el informe de los letrados rechazando la posibilidad de proceder a la investidura de Carles Puigdemont de forma telemática o delegada desde Bélgica, las únicas reacciones del independentismo fueron que el citado informe no era vinculante. Dicho en otras palabras, que no les importaba nada seguir saltándose la ley a la torera.

Pero lo que más me ha preocupado, quizás porque confiaba demasiado en el sentido común de los miembros del Gobierno de España, olvidándome de que en el fondo no dejan de ser políticos, ha sido el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la posible investidura de Carles Puigdemont, y ello en contra del informe emitido por el Consejo de Estado. ¿Y saben en base a qué? A que "el informe no es vinculante".

Sinceramente, me parece aberrante y vergonzoso el menosprecio que nuestros políticos, sean de color que sean, hacen de las principales instituciones encargadas de que los gobiernos y parlamentos cumplan la legalidad, jugando dichos políticos no a simples abogados, sino a letrados de Estado.

Si los políticos se creen con más conocimientos jurídicos que el CGE, los letrados y el Consejo de Estado, por favor, no los humillen más, disuelvan las instituciones y, a ser posible, no se asignen a ustedes. los costes de las mismas.

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¿Quién es... Javier Delgado Planás?
Javier Delgado

Socio de CHR LEGAL. Es responsable de las áreas de reestructuraciones societarias o modificaciones estructurales de las sociedades de capital, contratación civil y mercantil y derecho procesal civil.

Nacido en 1971, es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y Master en Asesoría y Gestión Tributaria por la Facultad de Derecho de ESADE Business School. Es especialista en derecho mercantil, procesal civil y derecho concursal. Inició su carrera profesional en el Bufete Castilla en el año 1993 como abogado del Área Mercantil, Procesal y Contractual, incorporándose como socio de dicho despacho en el año 1998. Desde entonces y hasta diciembre del año 2015, participó activamente en el desarrollo de su departamento, asesorando en fusiones y adquisiciones, en tomas de participación de sociedades nacionales e internacionales, interposición de procedimientos civiles y ostentando la secretaría de distintos consejos de administración, entre otros, de sociedades participadas de entidades de capital-riesgo y de fondos de inversión. En enero de 2016 se incorporó como socio director del Departamento Mercantil y Procesal de CHR Legal.