Los publicitarios del procés salieron a la calle tras la sentencia condenatoria pregonando al mundo que la suma de las condenas superaba el siglo. ¡Qué barbaridad! Fueron muchos los juristas que señalaron que mentían porque, con la ley en la mano, en cosa de semanas la mayoría de los condenados estaría en la calle. No sirvió de nada. Se trataba de exagerar lo más posible para provocar la compasión universal. Como siempre. Una y otra vez repetían lo de los más de cien años de cárcel, contra toda evidencia.

Por cierto, para que diera esa cifra mágica era imprescindible sumar las condenas a Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, el último sobre todo, considerado por la mayoría de independentistas un apestado al que daba igual lo que le pasara. Ninguna de las condenas a los tres últimos, además, alcanzaba el mínimo que los jueces consideran imprescindible para ingresar en prisión. Daba igual. ¡Un siglo de cárcel! Esa era la consigna a propalar por el peligro amarillo.

El caso es que hace ya días que están saliendo a la calle casi todos. No sólo ellos, Urdangarín lo hace tiempo ha y hasta Rodrigo Rato ha conseguido permiso por buena conducta. Se ve que, mientras estaba en la cárcel no ha estafado a nadie, lo que es muy de agradecer. Falta que salga Oriol Junqueras, y no sería de extrañar que no lo haga porque no quiere, ya que prefiere seguir haciendo méritos para él y para ERC con vistas a la futura campaña electoral.

Si Instituciones Penitenciarias es capaz de encontrar una vía para excarcelar temporalmente a Dolors Bassa, condenada a 12 años, y a Carme Forcadell, con una pena de 11 años y seis meses, puede también encontrar el modo para Junqueras, cuya condena es de sólo 12 meses más.

Después de todo, la ley es la ley, pero hay gente convencida de que la igualdad no será total ni siquiera en el juicio final. Como decía un personaje de La lengua de las mariposas (evocando a Quevedo) incluso allí los ricos se presentarán con sus abogados.

Entiéndase bien: no se trata de clamar (haciendo coro con la derecha más recalcitrante, es decir, casi toda) que se pudran en la cárcel. Se trata, simplemente, de mostrar el uso torticero de sus correligionarios cuando gemían como plañideras por las condenas del siglo que, al final, apenas son las del semestre.

En estos momentos, el Gobierno trabaja en una reforma del Código Penal, que lo acompase a las legislaciones europeas y además reduzca las penas, de modo que permita ponerlos a todos en la calle, eso sí, inhabilitados. Una reforma que se tramitaría parlamentariamente y debería ser, por tanto, aprobada en la Cámara por mayoría. No como los indultos discrecionales que daba Gallardón a los reos defendidos por el bufete donde trabajaba su hijo. Algunos sectores de la derecha más moderada han resaltado que ese mecanismo tiene otras virtudes: elude la amnistía (vetada por la Constitución) y evita que el Rey tenga que firmar indultos, por lo que se le aparta de la contienda partidista en que se ha convertido este asunto. Para ese sector de la derecha, dejar la corona al margen no es un asunto baladí.

Esta vía cuenta con el apoyo de las dos formaciones del gobierno. En realidad fue Jaume Assens uno de los primeros en sugerirla, antes incluso de las últimas elecciones. También cuenta con el visto bueno de PNV y BNG. El independentismo ha expresado repetidamente su preferencia: una amnistía que estableciera que lo hecho no era delito. Pero eso sí que sería una barbaridad que desarmaría al estado de derecho.

Una reforma del código, cuya tramitación el Gobierno estima que puede prolongarse unos 10 o 12 meses a lo sumo, permite seguir persiguiendo a los fugados; una amnistía, no. Y hacer que Puigdemont sea juzgado es una cuestión de justicia incluso respecto a los condenados. En la calle, pero inhabilitados. ¿Qué menos? ¡A ver si encima van a pedir que se les agradezcan los servicios prestados!