Hemos visto recientemente cómo los dos principales bancos españoles han cerrado sendos acuerdos con sus representantes sindicales para facilitar la salida de más de 5.000 empleados vía prejubilaciones. No son los únicos casos ni mucho menos los últimos. Todos los bancos están sometidos a una cura de adelgazamiento casi crónica porque la tecnología y los hábitos de los clientes hacen que cada vez sean necesarios menos empleados. En los últimos 10 años se han perdido más de 100.000 empleos en el sector y el ajuste, como acaba de decir “nuestro” vicepresidente del BCE, continuará.

Pero la banca no es el único sector sometido a este ajuste de capacidad. La tecnología permite ahorrar muchos empleos y el goteo de salidas en compañías energéticas, de telecomunicaciones, de servicios o industriales continua incluso en momentos razonablemente positivos del ciclo. Ya hace tiempo que sabemos que no hace falta una gran crisis para que se acuerden ERE.

Una de las vías más usadas para realizar los ajustes de plantilla son las prejubilaciones. Se consideran menos traumáticas para los empleados y para las empresas los números salen bastante bien. En muchas grandes empresas el salario medio de los nuevos trabajadores, mejor formados, más dúctiles y en general con más empuje, es un tercio o incluso menos de los que salen, aunque en la mayoría de las ocasiones las plazas simplemente se amortizan. Aunque las cifras de los acuerdos son abultadas la realidad es que en un año o dos salen los números. Y el empleado, la mayoría en la cincuentena, se plantea un futuro razonablemente resuelto y con tiempo para hacer cosas nuevas. Todos ganan… todos menos el sistema de pensiones.

Nuestro sistema de pensiones es de reparto, no de capitalización, es decir, los trabajadores en activo pagan las pensiones de los trabajadores jubilados. Tenemos un sistema de caja única, todos los trabajadores y empresas de toda España, con alguna excepción sectorial muy puntual, ingresan cada mes sus contribuciones a la Seguridad Social y de ahí salen los pagos de las pensiones. En otros países las pensiones se capitalizan, es decir, la Seguridad Social crea un fondo con las aportaciones y el trabajador recibe en función de lo que ha puesto, no de lo que ponen los nuevos trabajadores. Y en otros los planes públicos son prácticamente inexistentes y los trabajadores o las empresas contratan gestoras para gestionar su ahorro.

Con menos empleo, salarios más bajos y mayor longevidad las cuentas no cuadran. Tras el intento, fallido, de desvincular las pensiones al IPC, es decir provocar una deflación por la vía de los hechos en lugar de por la vía del BOE, se intenta prolongar la vida laboral tanto para seguir contribuyendo como para gastar menos. En 2027 la edad de jubilación será de 67 años en lugar de los 65 a los que estábamos acostumbrados con lo que los trabajadores cotizarán dos años más y gastarán dos años menos porque el retraso de la edad de jubilación no implicará, lamentablemente, un incremento en la esperanza de vida. Pero la realidad es tozuda. La edad real de jubilación se ha estancado en los 64 años con tendencia a reducirse pues el 44% de los trabajadores acceden a la jubilación antes de los 65 años.

Los políticos dicen que las pensiones están aseguradas, y probablemente es cierto porque esta es la voluntad política de todos los partidos. Pero el sistema autosostenido no se aguanta. O se suben las contribuciones o se bajan las prestaciones o alguna de las pensiones, por ejemplo las no contributivas o las de viudedad, deja de estar dentro de la Seguridad Social y se paga mediante impuestos, o el sistema dejará de ser viable porque pedir préstamos al Estado sin intención de devolverlos, como ocurre ahora, para poder pagar todas las pensiones no es ni mucho menos la solución sino un parche que ya dura demasiado tiempo.