Pensiones: ¿En busca de un futuro imposible?

Carlos Díaz Güell
10 min

Por una vez, lo urgente y lo importante coinciden en el tiempo, y cuando no han transcurrido diez días hábiles desde que los integrantes del nuevo Gobierno juraran sus cargos ante el Rey y días antes de que se proceda a la apertura solemne de la legislatura, la comisión parlamentaria que se encarga de examinar los asuntos de pensiones, para tratar de lograr soluciones consensuadas para una materia tan sensible, conocida como Pacto de Toledo, se ha puesto en marcha para conseguir el primer gran pacto de Estado. La comisión ha fijado el calendario de comparecencias de la ministra de la Seguridad Social, del ministro de Hacienda, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de los líderes de los sindicatos UGT y CCOO, de las patronales CEOE y CEPYME, y de aseguradoras privadas con objeto de recabar sus opiniones sobre las reformas que necesita el sistema para ser sostenible.

No se presenta fácil la tarea de encontrar una fórmula satisfactoria que permita garantizar que se restituya el equilibrio financiero del sistema de pensiones, que este año cerrará con más de 18.000 millones de déficit (1,7% del PIB), y que ha obligado al Ejecutivo a recurrir al Fondo de Reserva, máxime cuando todos los protagonistas del drama descartan retrasar una vez más la edad de jubilación, como se hizo en la última reforma de 2010.

No se presenta fácil la tarea de encontrar una fórmula satisfactoria que permita garantizar que se restituya el equilibrio financiero del sistema de pensiones

El escenario en el que se va a desenvolver la comisión parlamentaria es un tanto deprimente ya que, según algunos de los más conspicuos críticos con el futuro del sistema --como el catedrático Niño Becerra--, el modelo de protección social está agotado y abocado a un cambio definitivo que supondrá el final del concepto de jubilación tal y como se entiende en la actualidad, ya que ni hay fondos para pagar las pensiones a los actuales pensionistas, según los compromisos con ellos adquiridos, ni va a haberlos en el futuro.

Duro diagnostico difícil de aceptar, cimentado en el hecho de que ni hay dinero ni va a haberlo, y tampoco se quieren aumentar los ingresos vía impuestos o aumentos de cotizaciones para obtenerlo, luego la cosa está clara: "Hay que reducir los compromisos en pensiones, pero tiene que hacerse a través de un instrumento aséptico, de un mecanismo técnico, que deje al margen colores políticos, a fin de que no pueda ser atacado desde la óptica de los planteamientos ideológicos. Y este instrumento es un coeficiente: el factor de sostenibilidad de las pensiones".

En opinión de quienes sustentan ese análisis pesimista, las pensiones deberían reducirse un 40% de media, algo que tendría escasas repercusiones al ser el pensionista un colectivo con escaso poder. Postura cínica, pero realista.

El Pacto de Toledo va a constatar que ni hoy hay fondos para pagar las actuales pensiones según lo acordado, ni va a haberlos para pagarlas mañana, algo que los políticos aun niegan con rotundidad, como es el caso de Rajoy que no se cansa de repetir que con 20 millones de población activa, caso resuelto. La solidez de la afirmación es débil en la medida en que los ingresos por cotizaciones sociales tienden a la baja porque la mayoría del trabajo vale cada vez menos, lo que no permite un modelo en el que los salarios son decrecientes, las pensiones crecientes y la tasa de cobertura cayendo.

El Pacto de Toledo va a constatar que ni hoy hay fondos para pagar las actuales pensiones según lo acordado, ni va a haberlos para pagarlas mañana

La batalla en torno al futuro de las pensiones, se detecte o no por los ciudadanos y la clase trabajadora, se lleva librando desde hace tiempo, y mientras desde algunos foros se defiende la creación de un impuesto para financiar las pensiones, desde otros se propone que quienes trabajen no se jubilen o que se estimule la prolongación de la vida laboral, proposición lanzada urbi et orbi  por la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, para hacer compatible el trabajo con el cobro del 100% de la pensión.

Son solo algunas de las soluciones o parches que se manejan y que tienen su continuidad en la necesidad de alinear la edad de jubilación con el aumento de la esperanza de vida, es decir, retrasar más la edad de jubilación, para que cobremos durante menos años; restringir el acceso a la jubilación anticipada; cambiar el sistema, al menos en parte, de reparto a capitalización; rebajar las bonificaciones a la contratación; financiar parte de las pensiones con impuestos o pasar directamente a un sistema de capitalización bien sea pública, privada o mixta.

Aunque en España la política de prestaciones económicas y sociales se remonta al Decreto de 5 de diciembre de 1883 por la que se creó la Comisión de Reformas Sociales, el sistema de pensiones actual está diseñado para un escenario de pleno empleo y salarios crecientes, justo lo contrario de lo que ocurre en la actualidad española, en donde las estimaciones de desempleo estructural superan el 15% y donde los salarios bajos que suelen dar lugar a cotizaciones bajas, que es la forma que ha tenido el sistema para ganar competitividad.

La crisis del sistema de pensiones en España no parece que vaya a tener una solución fácil, por mucho que el nuevo secretario general de UGT haya hecho la gran aportación de combinar diálogo y movilización para "llegar a los objetivos que nos hemos planteado".

El sistema de pensiones actual está diseñado para un escenario de pleno empleo y salarios crecientes, justo lo contrario de lo que ocurre en la actualidad española

La tormenta perfecta se está formando sobre las cabezas de los pensionistas, lo que hace casi imposible una solución satisfactoria a la vez que sostenible: los gastos continúan aumentando a pesar de algunas de las medidas que ya se han tomado, como desindexar las pensiones respecto al IPC, o incrementar la edad de jubilación; el número de pensionistas continúa creciendo y lo seguirá haciendo en los próximos años, o el aumento de la esperanza de vida ocasiona que, en muchos casos, el importe de lo cotizado no llegue para pagar lo que luego cobra el pensionista a lo largo de los años (cuando se publicó la Ley de bases de la Seguridad Social, en 1963, la esperanza de vida media sólo era ligeramente superior a la edad de jubilación).

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El número de pensiones contributivas que paga el sistema supera los 9,5 millones.

La prestación media del total del sistema supera los 903 euros mensuales por cada pensión.

La nómina mensual de pensiones contributivas que tiene que pagar la Seguridad Social asciende a 8.491,48 millones de euros/mes, un 3,08% más que hace un año.

Pese a que la economía española crece a un ritmo superior a la media de la Eurozona, la Seguridad Social cerrará este año con el déficit más alto de su historia, del 1,7% del PIB, frente al 1,1% anteriormente previsto.

La Seguridad Social recauda una media de 8.577 millones de euros al mes.

El número de afiliados de abril de 2015 a abril de 2016 creció un 2,68%, mientras el volumen del ingresos ha subido un 1,3%.

Las bonificaciones decretadas por el Gobierno Rajoy para los nuevos contratos superan los 2.500 millones de euros al año.

Durante 2016 se calcula que el número de afiliados a la Seguridad Social crecerá a un ritmo del 2,8%, mientras que la recaudación crecerá al 1,9%.

Para cumplir el objetivo previsto por el Gobierno de que los ingresos por cotizaciones crezcan el 6,7%, la afiliación debería crecer un 8,9%.

Cuando comenzó la gran crisis, el Fondo de tenía 66.815 millones de euros. Hoy quedan 25.000 millones.

Las aportaciones públicas a los respectivos sistemas de pensiones en los países fundadores de la UE es del 13,2% del PIB, mientras que en España es del 10,7%.

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¿Quién es... Carlos Díaz Güell?
Carlos Díaz Güell

Empezó en el periodismo escribiendo de economía cuando nació 'El País' y hoy sigue haciendo lo mismo. Entre las dos fechas, ha tocado todos los palillos de la comunicación: ha dirigido periódicos económicos, facultades de periodismo y se ha responsabilizado de la comunicación en la Administración Pública o empresas y entidades como Iberia o el Banco de España.