La calificación provisional de la Fiscalía y, sobre todo, de la Abogacía del Estado en relación con el fallido golpe de estado de septiembre y octubre de 2017 ha vuelto a demostrar la inexistencia de una política de estado que tenga por objetivo evitar otra asonada secesionista.

Otra vez, y llevamos así cuarenta años, los partidos estatales vuelven a anteponer sus objetivos políticos en vez de colaborar en una estrategia común, que puede tener diferencias tácticas, pero que debería tener un objetivo compartido: restablecer el estado de derecho en Cataluña.

La impresión que transmiten los partidos es que lo único que les preocupa es utilizar el conflicto para recobrar el poder, o para mantenerse en él.

Si realmente el objetivo fuese derrotar al secesionismo los partidos podrían discrepar en cuestiones tan trascendentes como si, una vez firmes las sentencias condenatorias, en caso de producirse, debe aplicarse o no un indulto --y el alcance total o parcial del mismo-- si es solicitado por los afectados cumpliendo los requisitos legales. Es legítimo que un partido sea partidario del indulto y otro no. Entra en el juego político y es perfectamente constitucional una postura y la otra. Eso sí, respetando la independencia judicial, después que las sentencias sean firmes, y habiendo defendido las respectivas posturas ante los electores.

La estrategia del independentismo es conservar el poder a toda costa y seguir, según sus palabras, ampliando su base social, es decir, continuar con la ingeniería social a la espera de “una ventana de oportunidad”. Mientras tanto promueven que los disidentes se vayan. Tratan de limitar la inmigración latinoamericana por hablar español --Pujol dixit-- favoreciendo la llegada de inmigrantes de otras procedencias más difíciles de integrar, pero que en la batalla por la secesión piensan que les serán más favorables. Desincentivan la llegada de españoles de otras regiones. Fomentan la hispanofobia. Adoctrinan cuanto pueden en la escuela. Utilizan los medios de comunicación públicos como altavoces de agitación y propaganda. Hacen uso y abuso del presupuesto para mantener y ampliar su red clientelar. Desobedecen las sentencias. Incumplen las leyes cuando les parece.

Es esencial que el estado de derecho, la democracia, no ceda. Y ello implica revertir la degradación democrática que se vive en Cataluña. Sin ello no se dan las condiciones para unas elecciones realmente libres... El Gobierno de Cataluña puede estar dirigido por independentistas que acaten lealmente las leyes, y traten de cambiarlas según los procedimientos establecidos, pero no por quienes, según sus propias palabras, esperan otra oportunidad para repetir su asonada.

Para conseguir este objetivo, que debería ser compartido por todos los partidos no secesionistas, puede discutirse si debe haber o no indultos, pero todos deberían ponerse de acuerdo en impedir que los secesionistas utilicen el Gobierno de la Generalitat para sus fines golpistas que ellos mismos reiteran cada vez que tienen ocasión.

Si el 6 o 7 de septiembre se hubiera aplicado el articulo 155 nos hubiéramos evitado todo lo que sucedió después. Los partidos deberían haber aprendido y no volver a caer en el mismo error para evitar en el futuro otros episodios que pueden tener consecuencias todavía más graves para la convivencia.