El Gobierno ha estrenado 2021 con una voraz ofensiva tributaria, acompañada de la instauración de una decena de impuestos de nuevo cuño. Este es el segundo año azotado por la interminable pandemia, que pilla a los ciudadanos con las alforjas vacías y sujetos a exacciones recrecidas.

El país se halla sumido en plena debacle económica. El censo de las empresas extintas es demoledor. El paro anda desbocado.

A la vez, los agujeros que presentan las cuentas estatales empiezan a ser enormes, por la pinza de unos ingresos en caída libre y unos gastos que se expanden a ritmo exponencial.

Semeja increíble que a pesar de circunstancias tan adversas, a Pedro Sánchez no se le haya ocurrido otra salida que atornillar todavía más a los depauperados contribuyentes.

Pero vayamos por partes. Los presupuestos generales de 2021 incluyen empujones generalizados a una miríada de gravámenes. Así, se incrementan las gabelas sobre los autónomos en una serie de supuestos. Se trata del segundo apretón de tuercas que padecen los inermes trabajadores por cuenta propia.

También suben, en plena ola de frío polar, los recibos del gas y de la bombona de butano en cerca de un 5%.

Paralelamente, cuantos tienen contratado un seguro de automóvil, de hogar o de vida, sufren un recargo de la prima anual, ya que la mordida fijada por Hacienda pasa del 6% al 8%.

Tampoco los planes de pensiones privados se libran del afán recaudatorio del Ejecutivo. Actualmente, las aportaciones de hasta 8.000 euros venían gozando de ciertas desgravaciones. En lo sucesivo, tal cantidad se reduce a 2.000 miserables euros. A este paso, en breve plazo dejará de tener sentido económico que los ciudadanos constituyan planes de ahorro particulares.

Como es sabido, el sistema nacional de previsión se encuentra en quiebra latente, pues las cotizaciones de las clases activas no alcanzan a cubrir el importe de las pensiones corrientes. Estas se vienen sufragando en buena parte gracias al expeditivo procedimiento de emitir deuda, cuya carga se traslada así, con desenvoltura sin par, a las generaciones futuras.

La mayor presión fiscal que aplica el régimen sanchista significa que no ha sido capaz de descubrir otra vía menos sangrante para que la feligresía disfrute en el futuro de una vejez sin estrecheces excesivas.

También a los sectores más pudientes de la población se les propina su específico rejonazo. A tales efectos, se ha endurecido aún más el confiscatorio impuesto de patrimonio, que, por cierto, ya está abolido en casi toda Europa. A partir de los 10 millones de base, el tipo asciende del 2,5% al 3,5%, es decir, experimenta una sacudida del 40%.

Por último, son de citar los hachazos que soportan las bebidas azucaradas, cuyo IVA pasa del 10% al 21%, es decir, un 110% más; los plásticos no reutilizables, a los que se impone un canon de 0,45 euros por kilo; la matriculación de vehículos, un 5% de promedio; y determinados servicios digitales, sobre los que gravita la exigencia de un 3% por los ingresos procedentes de publicidad o transmisión de datos.

Por último, ahí tenemos el flamante Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido como Tasa Tobin. Eleva el coste de cada compraventa en un 0,2% para los inversores que adquieran acciones de empresas cotizadas con una capitalización bursátil superior a mil millones, es decir, medio centenar de firmas, entre ellas todas las del Ibex.

Todo lo antedicho confirma el supremo desdén que el erario siente por la gente de a pie, los llamados “obligados tributarios”, intérpretes forzosos de su triste papel de paganos, cornudos y apaleados.

En definitiva, arrancamos este aciago y vírico 2021 en plena crisis económica y, encima, zarandeados por un inmisericorde asalto a los bolsillos de la población. Cada día queda más claro que el camino emprendido por el equipo de Sánchez conduce sin remedio a retrasar la anhelada recuperación patria.