Desde hace un tiempo viene sonando el tic-tac de una bomba de relojería escondida bajo la alfombra, una cuenta atrás a la que nadie ha querido prestar atención: el asunto de los menas, acrónimo de los menores extranjeros no acompañados, como los bautizó la Administración. En los últimos días se han sucedido dos presuntos intentos de agresión sexual en el Maresme, una reyerta multitudinaria en Calella --el detonante, al parecer, fue el robo de un móvil--, el apuñalamiento de un vigilante de seguridad en el metro de Barcelona, y el ataque a un albergue en El Masnou donde viven algunos de estos muchachos (es el tercer intento de asalto a un centro de acogida en Cataluña este año). Si no lo ha hecho ya, pues, la tormenta perfecta está a punto de estallar, y amenaza con hacer trizas algunos pilares indiscutibles del pacto social. La convivencia, la integración, el respeto a las minorías.

En la localidad de Rubí, los vecinos han pegado algunos letreros frente al edificio donde la Generalitat pretende instalar un centro de tutela, carteles varios entre los que sobresale uno en particular por la sabiduría de su planteamiento. Dice: “Acoger, sí. Pero no generar problemas en los barrios”. Y eso es justamente lo que parece haber hecho el Govern abriendo albergues a la chita callando, sin previo aviso casi, sin plan ni recursos, en la tan hispana costumbre de la improvisación. Por así decirlo, les han pasado el marrón a los ayuntamientos pequeños. Allá os las compongáis.

Un problema peliagudo. Se trata de chavales, oriundos de Marruecos y Argelia en su mayoría, que salen a buscarse la vida con una pérdida absoluta de referentes educativos. Sin un duro en el bolsillo, es fácil caer en la tentación del hurto para sobrevivir. De los 3.600 menas que se calcula viven en Cataluña, apenas un pequeño porcentaje se ha apartado del camino abocándose a la vida nómada, a salto de mata, al piso okupado, el tirón de un bolso, la cola esnifada, la falsa nube del Rivotril. La situación se agrava con los muchachos que alcanzan la mayoría de edad y quedan a su suerte.

Si bien no es justo estigmatizar al conjunto del colectivo, tampoco se solucionará el problema haciendo callar a quienes protestan, minimizando su malestar. ¿Ultras xenófobos? Los hay, claro, pero también son una ínfima minoría que se debe mantener a raya. La gente de a pie no es racista por naturaleza, pero tiene pleno derecho a reclamar la vida en un pueblo o un barrio seguros. Entre tanto, hemos visto imágenes de centros de acogida hacinados, de menores pernoctando en comisarías de los mossos, hemos leído las denuncias de trabajadores sociales desbordados, contratos en negro, leyes obsoletas, carencia absoluta de psicólogos y educadores. Y a todo esto, ¿en qué andaba la Generalitat? Es la tutora legal de estos chicos.