2017 se despidió con una buena cifra económica, según los datos del Ministerio de Empleo: el número de parados se situó en España en 3.412.781 --algo más del 16% de la población activa--, la cifra más baja de los últimos ocho años como resultado de más de 50 meses de descenso.

Aunque las previsiones macroeconómicas que el Gobierno de Rajoy ha enviado a Bruselas en el marco del Plan de Estabilidad 2017-2020 contemplan una reducción de la tasa de paro hasta el 11,2% al final de ese periodo, no todo en el mundo del paro o del desempleo (los términos son distintos) permiten echar las campanas al vuelo. Y no solo por las cansinas y reiteradas razones que esgrimen los sindicatos sobre la calidad y temporalidad del mismo, sino por razones muchos más estructurales.

Una de ella es, precisamente, el elevado nivel de paro estructural, que se sitúa en el 15% de la población activa en España o, lo que es lo mismo, que un alto número de demandantes de empleo "no tienen" las habilidades que demandan los empleadores, lo que les convierten en parados de muy larga duración.

El desempleo estructural no está generado por falta de demanda, sino por cambios en los patrones de demanda o por la obsolescencia de la tecnología, y requieren, entre otras cosas, una reconversión de los trabajadores que lo sufren, ya que este desempleo estructural suele ir asociado a rigideces en los mercados laborales y de bienes.

Esta falta de personal cualificado para determinados puestos de trabajo es, según el 72% de las empresas españolas, su principal preocupación y, simplificando mucho, todo se reduce a un nivel bajo de idiomas, a una escasa adecuación entre lo que las empresas demandan y la oferta educativa, y a una lenta adaptación del mercado a los cambios tecnológicos. En definitiva, a la búsqueda de talento como consecuencia de que los perfiles que buscan las empresas, según los que saben de esto, no los provee el mercado porque la universidad no forma a los estudiantes en habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflictos, etc. Trabajo tienen los rectores universitarios, a los que muchos acusan de formar parte de esa tasa de paro estructural encubierto.

Los expertos apuntan como resposable del elevado paro estructural en España al Gobierno y al parón de su inicial impulso reformista

A la hora de buscar responsables, estos mismos expertos dirigen sus miradas hacia el Gobierno y al parón que ha experimentado el impulso reformista que, en algún momento, adornó al ejecutivo de Rajoy y que hoy se encuentra en paradero desconocido, ya que solo reformando se puede mejorar el potencial de crecimiento económico y, con ello, reducir la tasa de paro estructural que padece la economía española.

No se agotan en el paro estructural las contradicciones de la alta tasa de paro/desempleo existente en España y basta leer una noticia publicada recientemente en muy escasos y locales medios de comunicación españoles: los trabajadores en paro que se apuntan a la recogida de la fresa no llegan a 850 sobre un total de 11.900 puestos de trabajo ofertados por el Servicio Andaluz de Empleo.

Un año más, se va a producir en Huelva una falta de mano de obra para la recogida de los conocidos como frutos rojos, hasta el extremo de que en la última campaña agrícola faltaron trabajadores y especialmente las fresas y otros productos hortofrutícolas quedaron sin recolectar. Este año, el déficit para la recolección de la fresa se acerca a los 33.000 trabajadores sobre un total de los 70.000 temporeros que son necesarios para que no se repitan los problemas de falta de mano de obra, lo que obligará a recurrir a trabajadores de nacionalidad rumana y marroquí.

Esta sucinta pieza periodística quedaría incompleta sin incorporar algunos datos relevantes que permitan al lector sacar sus propias conclusiones.

El primero es que al desempleo se destinan 18.400 millones de euros de los que más de 2.000 millones se destinan a políticas activas de empleo.

El segundo es que el subsidio o renta agraria, prestación por desempleo para los trabajadores eventuales incluidos que residen en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, según fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de la TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) beneficiaban según los últimos datos conocidos a mas de 192.000 personas.

Lo dicho. Gobernar sin reformar no es gobernar.