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El papel de los servicios sociales en la recuperación de Cataluña

Raúl Moreno
7 min

Todo indica que vivimos los últimos coletazos de una pandemia a la que hemos respondido con cierta eficacia teniendo en cuenta su complejidad. El enorme esfuerzo de nuestro sistema sanitario, social y político ha permitido, solo un año después, pasar de hablar de decesos a hablar de vacunados. Un éxito que será justamente valorado con la perspectiva del tiempo.

De momento deberemos atender las innumerables consecuencias que nos deja esta pandemia y que afectan especialmente a los colectivos más desfavorecidos, aquellos que han perdido su empleo, que empresarios que han cerrado su negocio, que han vuelto a los bancos de alimentos o que esperan preocupados un posible desahucio. Para atender esas situaciones, y muchas otras, la sociedad y las instituciones confían en unos servicios sociales que agonizan por la falta de inversión, modernización y personal. Profesionales cansados de vivir en emergencia permanente, sin recursos económicos, humanos ni materiales que solivianten situaciones de especial fragilidad, mientras no dejan de crecer las familias que les visitan.

Recientemente, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha hecho público su índice de desarrollo de Servicios Sociales en España. El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes. Cataluña ocupa el número 11 en el ránquing con una valoración media baja, unos cinco puntos raspados, muy por debajo de los que obtenía en 2014. El gasto por habitante y año está por debajo de la media española desde el año 2016, también en el porcentaje del PIB que representa su gasto público en servicios sociales respecto al resto de España. Por contra, Cataluña mejora lentamente en la provisión de servicios (plazas residenciales, ayuda a domicilio, centros de día o teleasistencia), pero suspende estrepitosamente en número de profesionales de servicios sociales, atención a la dependencia y acogida de menores. La estructura del Sistema Público de Servicios Sociales en Cataluña muestra un marcado desequilibrio entre el reconocimiento de derechos y la cobertura efectiva de prestaciones y servicios, lo que lleva a calificar el Sistema de “derechos de papel” y no de derechos efectivos.

Este índice de desarrollo resume de forma clara las carencias que los servicios sociales acarrean desde el 2012 en Cataluña y a la que habrá que sumar la crisis provocada por el Covid. Se están atendiendo situaciones muy complejas con un sistema débil y excesivamente burocratizado. En ese sentido, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña publicaba este mes de mayo una nota en la que advertía que la mitad de las trabajadoras sociales dedica más de media jornada a tramitar burocracia en lugar de ejercer su función de acompañamiento y prevención. Un modelo asistencialista basado en la prestación económica que tienen un papel relativo en la reducción de las desigualdades. O consolidamos nuestras políticas de garantía de rentas desburocratizadas y realmente urgentes que simplifiquen nuestro actual sistema de prestaciones, o mantendremos a nuestras profesionales pegadas a la pantalla de un ordenador tramitando prestaciones que ayudan poco a reducir la pobreza. 

Este no es un hecho nuevo ni provocado por la pandemia. Es fruto de la desinversión social especialmente grave en los últimos diez años, de la falta de sistemas informáticos integrados y compartidos con el ámbito sanitario o fiscal, del incremento de la complejidad de las situaciones y de un nuevo elemento de peso que cae como una losa sobre las espaldas de las profesionales: la falta de una política autonómica real que asegure el acceso o el mantenimiento de la vivienda de las familias más necesitadas.

El pasado mes de diciembre, el Parlament de Cataluña aprobó un nuevo Plan Estratégico de Servicios Sociales. Un buen plan, participado por el sector, pero que llega muy tarde y corre el peligro de dormir el sueño de los justos en los cajones del departamento, junto a otros proyectos y PowerPoint, como la actualización de la Cartera de Servicios Sociales. El flamante consejero de Economía catalán, el Sr. Jaume Giró, preguntado por la portavoz socialista Alicia Romero, anunció que este año no habrá presupuesto. Graso error, que tendrá repercusiones importantes en el desarrollo del Plan Estratégico y en los Contratos Programa de servicios sociales aún prorrogados con los ayuntamientos. Nada nuevo, por otro lado, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años solo se han aprobado dos presupuestos en Cataluña. Se hace difícil pensar que los mismos que fueron incapaces de apostar por unos servicios sociales de calidad cuando más falta hacía, vayan a hacerlo ahora. Sin presupuestos, este año vuelve a ser un año perdido.

Hay una frase muy recurrente del sociólogo Zygmunt Bauman, que afirma que la calidad humana de una sociedad se debería medir por el nivel de vida de sus miembros más vulnerables. En el caso catalán, la calidad humana de la sociedad catalana organizada en entidades, fundaciones y empresas sociales, o representada por profesionales de un sistema social que espera, algún día, ser reconocido en igualdad al sistema sanitario o educativo, es superior a la apuesta de su Govern por los miembros más vulnerables la sociedad. Si no somos capaces de reducir nuestros elevados índices de pobreza material severa, de pobreza infantil o de exclusión residencial, difícilmente podremos considerarnos una sociedad avanzada.

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¿Quién es... Raúl Moreno?
Raúl Moreno

Diputado del PSC en el Parlament de Cataluña y ponente de la Renta Garantizada de Ciudadanía.