Ciertos cargos públicos, como el gobernador del Banco de España, tienen tendencia a hacer el trabajo sucio de los políticos, dicho sea con el mayor de los respetos. Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo) fue un ejemplo muy claro de ese extraño papel.

Siempre estaba dispuesto a hablar de reforma laboral, de impuestos, de sueldos y de todas aquellas cuestiones espinosas que no tenían nada que ver con el cometido por el que cobraba. Probablemente, tendría que haber estado más atento a sus responsabilidades directas, por las que ahora deberá rendir cuentas ante la Audiencia Nacional.

Luis María Linde acaba de hacer algo parecido a lo que era habitual en Mafo. Ha defendido un par de recomendaciones en la Comisión del Pacto de Toledo que han levantado tanta polvareda como era previsible. Propone subir la edad de jubilación más allá de los 67 años a que llegará en 2027; además, cree que debería haber más diferencia entre la primera pensión y el último sueldo; o sea, que hay que bajarlas. Adicionalmente, sugiere --¿cómo no?--, más incentivos para los planes privados.

Por supuesto, considera que mejorar las finanzas de la Seguridad Social aumentando las cotizaciones sociales sería contraproducente porque generaría paro. Se refiere a que en estos momentos las empresas basan su competitividad en unos costes laborales devaluados por la recesión y a que no están dispuestas a ponerla en riesgo: si las cuotas se encarecen, reducirán plantillas. Los sueldos bajos han llegado para quedarse.

En su opinión, el déficit de la Seguridad Social no tiene relación con la reforma laboral, sino con el paro que ha generado la crisis. Linde no debe mirar las cuentas del sistema, en las que se puede ver cómo el incremento de la afiliación es superior al de los ingresos por cotizaciones; una prueba clara de la calidad del empleo.

El representante del Banco de España debería concitar el consenso, pero en realidad trabaja por encargo

El gobernador ha cumplido con el encargo, una faena que permite desmarcarse a todo el mundo, incluso al PP. Es muy curioso, porque su obligación debería ser justo lo contrario: conciliar el consenso.

Para que los ciudadanos de este país pudiéramos tomárnoslo en serio, lo primero que debería hacer un gobernador del Banco de España es lanzar una reprimenda pública a los bancos por su política continuada de prejubilaciones; incluso llegaron a hacerlo de 50 años en adelante. Después, debería aplicar sanciones a los que aún mantienen planes abiertos para expulsar a sus trabajadores próximos a los 60. En lugar de eso, el Banco de España les anima a reducir la red de oficinas y las plantillas.

¿Cómo puede presentarse luego en el Congreso para hablar de la conveniencia de llevar la edad del retiro más allá de los 67?

Aunque la prolongación de la esperanza de vida le dé toda la razón, este señor es el menos indicado para recomendarlo. Por eso no es de extrañar que Pablo Iglesias aprovechara su comparecencia para montar un circo y robar el protagonismo tanto a Linde como a la diputada conservadora que preside la Comisión, la experta en candy crush Celia Villalobos.