La pandemia no solo no ha servido para apaciguar las divergencias en el Govern de la Generalitat, sino que, al contrario, las ha agravado. Esta constatación escalofriante, mientras crece el número de contagiados y de muertos y la gente vive entre el desconcierto y la angustia, es la muestra más palpable de la gravedad de la crisis y de la irresponsabilidad de quienes deberían trabajar juntos para encauzarla.

El pasado 29 de enero, semanas antes de la declaración de la pandemia, el presidente Quim Torra dio por agotada la legislatura por la “deslealtad” de ERC. Diez meses después, el sustituto de Torra como presidente en funciones, Pere Aragonès, se levanta de la mesa del Consell Executiu junto a los consellers de Esquerra por la “deslealtad” de Junts per Catalunya. Entre deslealtad y deslealtad, ha pasado casi un año de rencillas, peleas, discrepancias en cualquier cuestión que se afrontara y una agonía interminable que ahora nos enteramos de que ni siquiera está claro que culmine en las elecciones del 14 de febrero.

Después de la enésima pelea a cuenta de la filtración por dos veces del borrador sobre la desescalada hasta Navidad, que ha terminado con una paz frágil y una suavización de las restricciones previstas en un principio, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, se permite sembrar dudas sobre la celebración de las elecciones, en contra de lo que garantizan todos los informes del Govern. Ya sabíamos que Carles Puigdemont y JxCat no querían las elecciones y pretendían agotar la legislatura para ganar tiempo y consolidar el partido, pero ahora se reconoce desde la portavocía del Govern escudándose en la pandemia, con el argumento de que debe asegurarse que pueda votar todo el mundo y preservar la salud. Una contradicción mientras se relajan las medidas restrictivas y una incoherencia con lo que sucedió en primavera, cuando Galicia y el País Vasco pudieron votar sin problemas en plena primera oleada del coronavirus.

Budó reconoció otra cosa en sus declaraciones del viernes a Ràdio 4: que no hay un Govern, sino dos, cuando dijo que se comprometía a trabajar para que haya “un único Govern”. Si hay que trabajar para que exista un único Govern, es que al menos hay dos, uno formado por los miembros de ERC, encabezado por Aragonès, y el otro por los de JxCat comandado por el conseller de Empresa, Ramón Tremosa, al que Puigdemont colocó en la última remodelación para que dirigiera la guerrilla contra sus socios y, sin embargo, enemigos.

Tremosa se enfrentó a Aragonés desde el primer día y es el señalado por ERC como autor de las filtraciones del borrador de la desescalada que han provocado la última crisis de un Govern en descomposición que tampoco tiene presidente porque la irresponsabilidad de Torra, secundado por Puigdemont, al organizar su retirada ha derivado en que su sustituto interino no pueda ejercer el cargo con todas las atribuciones.

Siempre ha habido dudas sobre la capacidad de liderazgo de Aragonès, que su actuación en la última crisis confirma, pero en su descargo hay que decir que está atado de pies y manos. No puede, por ejemplo, relevar a ningún miembro del Govern, como tendría que haber hecho con el conseller de Treball, Chakir el Homrani, que arrastra tres graves casos de pésima gestión: el caos de las residencias de ancianos, la declaración como obligatorio del teletrabajo, que solo puede ser voluntario, y el fiasco de las ayudas a los autónomos. En lugar de dimitir, ha destituido a dos de sus subordinados, cuando la única salida honorable era su propio cese.

Mientras la ciudadanía asiste atónita al lamentable espectáculo que ofrece un Govern en el que cada partido va por su lado, uno de los máximos responsables del caos y de la ineficacia, Quim Torra, se dedica a lanzar tuits y declaraciones de la Oficina del President criticando las filtraciones y pidiendo coordinación, “sentido de país, solidaridad y responsabilidad”. Y otro responsable de la división y el enfrentamiento, Carles Puigdemont, se dedica a burlarse del fracaso del satélite español cuando el fallo se ha producido en el lanzamiento a cargo de una empresa francesa.

Ante este panorama, ¿a quién le pude extrañar que Vox se dispare hasta la obtención de siete u ocho diputados en el Parlament según el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat? Esta encuesta pronostica la victoria de ERC, con siete u ocho escaños más que JxCat, segunda fuerza por delante del PSC, una previsión mucho más creíble que la del CIS, que relega al partido de Puigdemont a la quinta posición, aunque sea en intención directa de voto.

 

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