Tras un fin de año centrado en el cierre de una agenda legislativa cuyo objetivo era dejar satisfechos a los socios del candidato Sánchez, que no a su partido como hemos podido ver en mil y una declaraciones, vienen ahora momentos populistas para seguir arañando votos en un 2023. Comienza una insufrible e interminable maratón electoralista.

Activar medidas fiscales cuando la autoridad monetaria está restringiendo la liquidez para domar la inflación no es, ni mucho menos, lo más adecuado. Es verdad que se intenta ayudar a quienes más lo necesitan, pero si miramos la letra pequeña del real decreto (otro real decreto), no está tan claro que el colectivo objetivo sea realmente el de quienes más lo necesitan. Se dirige a trabajadores o desempleados que tienen unos ingresos familiares anuales iguales o inferiores a 27.000 euros , o sea, prácticamente todas las personas ocupadas o desempleadas con un salario por debajo del salario medio español, 27.500 euros. El corte de ingresos puede tener sentido, pero lo que es no ya un sinsentido sino una sinvergüencería es dejar fuera a las personas que cobran el ingreso mínimo vital o una pensión, sea o no contributiva. Una paga única de 200 euros para quien cobra 27.000 euros (unos 1.800 netos al mes) no está mal, pero no le cambia la vida. Para quien cobra 720 (pensión mínima de viudedad) esos mismos 200 euros pueden tener un impacto mucho mayor. Y para colmo a quienes cumplieron 18 años en 2022, fuese el que fuese el nivel de renta de sus padres, se les han regalado 400 euros como “cheque cultural” con el que se podrían comprar, por ejemplo, hasta 100 euros en videojuegos on line.

Lo de dar un cheque tiene más trucos que ratifican su función fundamental, propaganda pura y dura. En verano de 2022 ya se dio un primer cheque contra la inflación, en ese caso dirigido a 2,7 millones de personas, pero solo lo pidieron 600.000. Incluso el “cheque cultural” solo lo pidió el 57% de aquellos a los que iba dirigido. Todas y cada una de las medidas anunciadas, sean subvenciones o inversiones, se quedan a media ejecución en el mejor de los casos. Ni todo el mundo se entera, ni quienes se enteran son siempre capaces de saber cómo se pide. O sea, se cuenta una cosa y la realidad es siempre menor.

Todas las ayudas gubernamentales, sean los cheques, los PERTE o las inversiones en las autonomías, están cortadas por el mismo patrón: cuento mucho pero hago mucho… menos. En octubre el Gobierno dijo que se había gastado 35.000 millones en la lucha contra la inflación. En solo cinco días el Banco de España le desmintió y dijo que era menos de 16.000 millones. Dado que ahora el INE se parece cada día más al CIS de Tezanos está bien que el BdE siga siendo independiente. Su fuente, la ejecución presupuestaria reportada por el Ministerio de Hacienda. Cero opiniones, solo datos.

Quien reciba el cheque tendrá que declararlo en su IRPF, y quien gana 27.000 euros tiene una fiscalidad media cercana al 13%, o sea, los 200 euros se convertirán en 174, los 26 restantes volverán a la Hacienda Pública. Y quien no tuviese que hacer declaración de IRPF por ingresar menos de 22.000 euros tendrá que hacer la declaración de la renta al tener más de un pagador, lo mismo que ocurrió a quienes percibieron ayudas de los ERTE e ingresos ordinarios. Y probablemente les salga a pagar.

Si la intención no fuese meramente propagandística la ayuda no se hubiese articulado vía un cheque o paguita sino como un ajuste del IRPF. Nadie del colectivo objetivo quedaría excluido ajustando las retenciones y los tipos retributivos.

Es normal que los políticos publiciten lo que hacen, pero no es muy sano que la propaganda se haga a costa de quienes menos tienen. Lo peor es que de aquí a diciembre de 2023 tendremos oleadas de cheques, paguitas y medidas maravillosas que luego quedarán en casi nada. Es lo que tiene la política del twitter y la memoria de pez de los electores.