Demasiadas veces la tormenta política y el ruido mediático nos impide ver otras cosas que son tanto o más relevantes. La misma semana que la nueva ley de educación de la ministra Isabel Celaá ha provocado un acaloradísimo debate y una polarización partidista de altísimo voltaje, reproduciendo la división que en 2012 suscitó la ley Wert, con manifestaciones callejeras incluidas, una amplísima mayoría en el Congreso ha bendecido las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. Hemos vivido una fuerte crispación ideológica, que en algunas cuestiones de la nueva ley educativa es más forzada que real, con los diputados de las tres formaciones de centroderecha, derecha y extrema derecha gritando en el Congreso “libertad, libertad”, y en paralelo un gran consenso en un asunto que se lleva la parte más importante de nuestro gasto público, las pensiones. Un total de 262 diputados, básicamente los partidos del Gobierno (PSOE y UP) y los de la oposición (PP y Cs), han respaldado ese informe que solo ha recibido el rechazo de los 2 votos de la CUP y 78 abstenciones, posición en la que por razones diferentes han coincidido Vox, ERC, EH Bildu, BNG y Foro Asturias. Un acuerdo realmente inaudito en la política española de los últimos tiempos para un tema delicado e importantísimo, lo que sin duda hay que celebrar.

Este amplio acuerdo parlamentario, que se desgrana en 22 recomendaciones, y que ahora el Gobierno de coalición quiere extender a empresarios y sindicatos para poder presentar una nueva ley de pensiones que disfrute del apoyo de los agentes sociales, no ha sido fácil de obtener y se han necesitado casi cinco años de trabajos. Se estuvo muy cerca de lograrlo en la pasada legislatura, pero Unidas Podemos a las puertas del adelanto electoral en la primavera de 2019 se desmarcó para sorpresa del resto de grupos de izquierdas, anticipándose a la posición que también se presumía negativa del PP que quería evitar que Pedro Sánchez pudiera lucir ese tanto. Pero ahora no hay elecciones a la vista, la formación morada forma parte de un Gobierno de coalición y desde entonces los grupos políticos han podido limar sus diferencias en la comisión parlamentaria. Las 22 recomendaciones son una trabajada guía para la reforma de la pensiones que ahora tendrá que convertirse en ley. El compromiso que adquieren todos los grupos que han votado a favor, y también de la mayoría de los que se han abstenido por cuestiones parciales, a excepción de Vox y la CUP que se han desmarcado de la totalidad del texto, es muy relevante de cara a sostener un sistema público a través del actual modelo de reparto, lo que supone defender el principio de solidaridad intergeneracional y equidad. Las recomendaciones abordan todas las cuestiones sobre el futuro de las pensiones públicas y no se trata ahora de resumirlas.  Lo esencial es que pone de manifiesto que, por encima de la dinámica tóxica de confrontación partidista en la que casi siempre se desenvuelve la política española, los grandes acuerdos si se quiere son posibles.

Así pues, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué parece que estamos condenados a la división y el enfrentamiento? Como casi en todo no hay una única causa. Pero me atrevo a señalar tres. El liderazgo, la metodología y la oportunidad. En estos procesos, la personalidad de quien encabeza la negociación es fundamental. Que el ministro del ramo sea el templado José Luis Escrivá, que anteriormente había presidido un organismo independiente como la AIReF desde su creación en 2014 hasta 2020, o sea, que fue nombrado a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, ha sido determinante para que tanto el PP como Cs se haya subido al carro del acuerdo.

En cuanto a la metodología, es evidente que cualquier ley que el Gobierno de turno presente a pelo al Congreso está condenada a ser recibida con la reticencia, cuando no con la clara hostilidad, de la mayoría de los grupos. Es un principio general de la política. Por tanto, en asuntos que requieren pactos de Estado, de acuerdo a largo plazo, como la educación o la sanidad, lo sensato es primero constituir comisiones parlamentarias de estudio que se tomen el tiempo necesario para elaborar recomendaciones que hagan de railes para redactar leyes que tengan más oportunidades de ser aprobadas por grandes mayorías. De lo contrario, nos ocurrirá como con las leyes educativas, que ya van siete en cuarenta años de democracia. Finalmente, hay el factor oportunidad, el calendario. Los acuerdos requieren que no haya un escenario electoral a la vista para que su resultado pueda ser presentado a la larga como una victoria de todos. No soy optimista sobre la dinámica perversa de la política española, en la que casi nunca interesa qué se propone sino quien lo platea o a quien beneficia, pero el Pacto de Toledo es un ejemplo de que el consenso también es posible.