Cuando se produce una crisis grave, como la institucional que sacude ahora mismo a España, para intentar ser objetivos, hay que ir siempre al origen. Y el origen de lo que está ocurriendo es el bloqueo que durante cuatro años ha sometido el PP a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que todavía está integrado por los consejeros elegidos cuando el Gobierno de Mariano Rajoy tenía mayoría absoluta.

Este bloqueo tan largo no se había producido nunca en los 44 años de democracia. Hay un precedente, de menor duración, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, porque, significativamente, la renovación solo se impide cuando el PP pasa a la oposición y quiere mantener su poder, este sí ilegítimo, en el organismo de gobierno de los jueces.

El bloqueo actual ha sido sostenido por dos presidentes y dos cúpulas dirigentes del PP, el de Pablo Casado y el de Alberto Núñez Feijóo, con excusas diversas. Cuando se había alcanzado un acuerdo entre el PSOE y el PP el pasado mes de octubre, Feijóo lo rompió aduciendo que Pedro Sánchez iba a derogar el delito de sedición. La última excusa –también se le puede llamar chantaje—, de esta misma semana, es que solo habrá un pacto si Sánchez renuncia a la reforma penal –sedición y malversación— e introduce de nuevo en el Código Penal el delito de convocatoria ilegal de un referéndum, además de mantener la exigencia del cambio de modelo para que los jueces elijan a los jueces del CGPJ. Nunca en democracia se había condicionado la renovación del CGPJ a la derogación de algunas leyes o a la aprobación de otras.

El bloqueo del Poder Judicial ha derivado en el bloqueo del Tribunal Constitucional (TC), en el que cuatro de sus 12 integrantes tienen el mandato caducado desde junio pasado. Para desbloquear ambas situaciones, el PSOE y Unidas Podemos (UP) tomaron el camino de en medio y cometieron el error de intentar, a través de enmiendas en la reforma del Código Penal, el cambio en la mayoría necesaria para que el CGPJ designe a los miembros del TC y para que el Constitucional no tenga que dar el plácet a los nuevos magistrados.

Esta reforma exprés de introducir enmiendas en una ley sobre otra cuestión distinta de la que se quiere enmendar ha sido rechazada por el TC, pero ha sido utilizada también por el PP de Rajoy y por el propio Núñez Feijóo en Galicia. Sin embargo, ha servido ahora como pretexto para denunciar un ataque a la democracia y a las minorías parlamentarias.

El PSOE y UP se equivocaron en el atajo, pero eso no justifica ni el recurso de amparo preventivo utilizado por el PP ni la aceptación a trámite ni la suspensión de la votación de la reforma en el Senado, tras ser aprobada en el Congreso, como ha hecho el TC, siempre con la mayoría de seis magistrados conservadores frente a cinco progresistas. Votaron incluso los dos magistrados recusados con el mandato caducado. Y luego se dice que la ideología de los jueces no condiciona su interpretación de las leyes.

El choque institucional entre el Gobierno, el Parlamento y el TC ha llevado a Feijóo a erigirse en defensor de la Constitución, un sarcasmo cuando el PP la incumple desde hace cuatro años, y a proclamar que nadie –en referencia a Sánchez— está por encima de la ley, olvidando sin rubor que los magistrados conservadores del CGPJ se la están saltando al retrasar el nombramiento de los dos miembros del organismo que les corresponde designar.

En toda la etapa democrática se han respetado en el TC las mayorías conservadora y progresista. Cada Gobierno elegía a los magistrados que le correspondía y las mayorías cambiaban de acuerdo con los resultados de las urnas. Ahora, sin embargo, la derecha política, judicial y mediática califica de “asalto” al tribunal el nombramiento de dos magistrados por el Gobierno y el intento de romper el bloqueo.

Pese a sus repetidas consignas de practicar una política moderada, Feijóo ha llegado más lejos que Casado en su enfrentamiento con Sánchez, al decir que en las próximas elecciones generales se elegirá entre “este Gobierno y España”, que se supone que solo es la encarnada por el PP. ¿Dónde quedan su defensa de las nacionalidades, su bilingüismo cordial y hasta la plurinacionalidad que nada más llegar a la dirección del partido reivindicaron él o su número tres, Elías Bendodo?  

El presidente del PP no oculta que su objetivo es llegar a las próximas elecciones sin renovar el CGPJ ni el TC, como se desprende de su afirmación de que nunca pactará con “este PSOE”. Por eso, a la mayoría parlamentaria no le queda más remedio que presentar una nueva proposición de ley para desbloquear los nombramientos en los dos organismos, pero sin atajos y mediante procedimientos que respeten el debate parlamentario.