Llevo días dándole vueltas a la reiterada y continua falta de transparencia del gobierno catalán en todo lo relativo al "procés" en el exterior. No basta con entregar la información que al gobierno le conviene, sino la que como diputada solicito. Ni responder hojas y hojas sin decir nada, para luego decir que a todo contestan. En estos casi cinco años desde que soy diputada acumulo varios amparos, es decir, que después de reiteradas negativas del ejecutivo a darme la información demandada, el Órgano de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública me ha dado la razón y ha considerado que se han vulnerado mis derechos como representante política.

No es un tema menor. Una de las funciones principales de los parlamentos es el control al gobierno y, quien ejerce realmente dicha vigilancia, es la oposición, claro está, no los partidos que lo apoyan. Así que pueden imaginarse la importancia que tiene disponer de la información que se solicita para poder supervisar la gestión del ejecutivo. Si esta primera fase, llamémosla de transparencia, ya es a veces un cúmulo de obstáculos, la siguiente, de rendición de cuentas ante los representantes de la ciudadanía en el Parlamento catalán, es casi una quimera.

¿Alguien sabe para qué han servido los muy diversos viajes al extranjero; París, Bruselas, Berlín, Londres, Montevideo, Nueva York, Washington, Islas Feroe, etc.? En mis manos, por ejemplo, tengo el expediente de un viaje a México de apenas ocho días que ha costado al erario público casi 25.000 euros. ¿Qué es lo que han hecho salvo denostar a España en diversos medios de comunicación y pasearse? Pues poco más. ¿El Gobierno catalán ha comparecido en la cámara catalana para rendir cuentas de la utilidad y de los costes de cada uno de estos viajes? La respuesta es no.

¿Y las delegaciones en el exterior? Hace apenas unos días solicité que la Sindicatura de Cuentas de Cataluña fiscalizara la gestión de sus actividades. Ahí, las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, con sus votos, lo impidieron. Estamos hablando de millones de euros de todos los catalanes y nadie sabe lo que han hecho, ni lo que hacen. Y lo que es peor: van a seguir como hasta ahora. Mención aparte merece la responsabilidad del Gobierno de España por inacción y por mirar hacia otro lado.

A menudo se habla de la judicialización de la política, pero ésta no se produciría si el gobierno catalán diera la información solicitada, y después, rindiera cuentas de sus acciones en el Parlament. Está grabado. ¿Cuántas veces le dije al Sr. Romeva que la opacidad de su departamento, o el dinero gastado en lobbies para promover la secesión, era muy grave? ¿Qué hubiera pasado si en vez de persistir en la turbiedad hubiese atendido a la oposición? Eso sí que habría sido un auténtico diálogo-debate.

La transparencia genera confianza y acerca a la ciudadanía. Reduce las sospechas de corrupción de los gobiernos y propicia un auténtico diálogo con las fuerzas de la oposición del que pueden salir iniciativas útiles para todas las personas.

Debo contar todavía con las vitaminas de la naranja porque a pesar de los amparos concedidos, no he perdido la esperanza de que, algún día, el gobierno catalán rinda cuentas en la cámara catalana por sus acciones en el exterior durante los últimos años.