Omisiones en la propuesta del PSC para refundar TV3

Isabel Fernández Alonso
7 min

Celebro la reciente iniciativa del PSC en relación con nuestros medios públicos. Se trata de una reflexión bien elaborada que incide en cuestiones nucleares como la urgencia de articular un plan estratégico integral adaptado al nuevo contexto tecnológico o la importancia de acometer una reestructuración organizativa de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), sin olvidar la imperiosa necesidad de conectarla con tantos catalanes que no solo percibimos a TV3 y Catalunya Ràdio como medios ajenos sino como medios cada vez más hostiles.

Comparto mucho del análisis, pero también creo que se ha de subrayar una falla evidente: el intento de salvar la etapa de gobiernos tripartitos, como si entonces no se continuaran sentando unas bases sin las cuales, a mi juicio, sería imposible comprender la deriva de estos medios en los infaustos años del procés.

Subrayo algunos hechos que seguramente ya pocos recuerdan. Tienen que ver con una cuestión central, como es la designación de los principales cargos de la CCMA, a raíz de la aprobación de la Ley 11/2007 que, con varias modificaciones posteriores, sigue siendo la que regula la organización y funcionamiento de la corporación audiovisual pública catalana.

Esta ley, que responde a las previsiones del Pacto del Tinell, establece que el Consejo de Gobierno de la CCMA estará compuesto por 12 miembros, elegidos por mayoría de 2/3 del Parlament para un periodo de seis años (no coincidente, como hasta entonces, con la Legislatura). Junto a esta ampliación del mandato se introducen algunas otras novedades esperanzadoras como son la intervención del CAC en el proceso de nombramiento de los miembros del Consejo de Gobierno (el Parlament ha de enviar al regulador una lista de candidatos para que informe sobre su idoneidad) y el sistema de elección de los cargos de presidente y director general, en los que no podrá intervenir el Ejecutivo (hasta entonces solo existía el director general, dotado de amplios poderes frente al Consejo y nombrado por el Gobierno por un periodo que coincidía con la Legislatura). El presidente (con funciones de carácter más político) será nombrado por el Parlament, entre los 12 consejeros, también por mayoría de 2/3; y el director general (con funciones ejecutivas), mediante un concurso público que habrá de convocar el Consejo de Gobierno.

No obstante, el documento del PSC, La refundación de la CCMA , olvida explicar el evidente fracaso en la implementación de este modelo. Un fracaso del que apunto tres evidencias.

En primer lugar, lejos de lo que parecía el espíritu de la ley, el CAC fue tratado como un auténtico convidado de piedra. El Parlament le envió una lista de 12 candidatos para 12 puestos, con lo que su capacidad de incidir en los nombramientos era nula. Además, el listado evidenciaba el tradicional reparto por cuotas en el que se observaba, por ejemplo, la presencia de tres ex diputados, un ex consejero del Gobierno autonómico, dos ex jefes de prensa de partidos catalanes e incluso el hasta entonces secretario de Medios de Comunicación del Tripartito, Albert Sáez, que, además, acabaría siendo nombrado presidente de la CCMA. Solo votó en contra de estos nombramientos Ciudadanos. Manifestaron su radical desacuerdo con el procedimiento el Colegio de Periodistas, los comités profesionales de la CCMA y el propio CAC.

En segundo lugar, una vez nombrado el Consejo de Gobierno, se abrió el concurso público para la designación del director general, al que concurrieron 26 candidatos. Sin embargo, los consejeros se mostraron incapaces de resolverlo, hasta el punto de que el Presidente del Consejo pidió amparo al Presidente del Parlament al verse incapaz de desbloquear la situación (se requería el acuerdo de los cinco consejeros nombrados a propuesta de CiU). El nombramiento de Rosa Cullell como directora general solo fue posible tras la advertencia del entonces consejero de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras, sobre la posibilidad de modificar la ley para que no fuera necesaria una mayoría cualificada del Consejo de Gobierno para “resolver el concurso”. Tras la dimisión de Cullell, dos años después, nunca se volvió a convocar este concurso.

En tercer lugar, cuando dimite Albert Sáez, el Gobierno propone como sustituto a Enric Marín, que había sido secretario de Comunicación con el primer Tripartito. Al no ser aceptado por CiU, los grupos parlamentarios que daban apoyo al Ejecutivo impulsaron, pese al informe desfavorable del Consejo de Garantías Estatutarias, un decreto-ley para modificar el artículo 7 de la Ley 11/2007, de modo que, en caso de sustitución de un consejero, fuera suficiente la mayoría absoluta del Parlament en segunda votación. Y lo mismo se establecía para la designación del presidente si este fuera el consejero sustituido. Bastaría, en definitiva, con la mayoría que sumaban PSC, ERC e ICV y, por supuesto, se sirvieron de ella.

Son, sin duda, hechos pasados, pero que he considerado necesario recordar para que ahora que vuelve a ser necesario un gran acuerdo para renovar a los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA, no se repitan.

Sugiero que los partidos empiecen por elaborar un amplio listado de profesionales independientes (no siete, que son los que ahora se han de nombrar) para que un CAC que tampoco reproduzca las mayorías parlamentarias pueda priorizar a los candidatos y se respete esa prelación si, como debería ser, está bien fundamentada.

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¿Quién es... Isabel Fernández Alonso?
Isabel Fernández Alonso

Profesora titular de Comunicación de la UAB y miembro de Impulso Ciudadano, Universitaris per la Convivència y Foro de Profesores.