Alejandro Fernández anunció que recurría el decreto de vivienda de la Generalitat y ha cumplido. El PP ha llevado al Tribunal Constitucional el polémico decreto que fue aprobado por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP y los Comunes. El PP y Ciudadanos votaron en contra. El PSC se abstuvo.

El decreto es polémico en si mismo porque es consecuencia de la extravagancia. Exige a los promotores la reserva de vivienda social, en una especie de exigencia para que la iniciativa privada suplante a la iniciativa pública, ponga un parche a la deficiencia de la administración. La promoción de viviendas se ha ralentizado porque los promotores no están dispuestos a realizar tal destinación. Este papel de dinamizador de la vivienda pública corresponde a la Generalitat y a los Ayuntamientos, no a la iniciativa privada.

La mayor extravagancia del decreto radica en la legalización de la okupación. Patada en la puerta, entras en el piso, y te atrincheras. Con el decreto buenista no te pueden echar porque considera que todos los okupas son ciudadanos en riesgo de exclusión, con problemas. Lo cierto es que detrás de las okupaciones existen mafias que se aprovechan de la situación, caraduras de alto estanding y vividores de prestigio, que se presentan como víctimas y no son más que chupópteros.

El decreto los ampara frente a los malos, los propietarios. Ya sean pequeños ahorradores o gestores de fondos de viviendas. Como los pisos son de los bancos se ocupan y no se pagan. Cada día pienso que miles de ciudadanos deben sentirse como gilipollas porque pagan su alquiler o su hipoteca. Lo fácil es no pagar. Si te quieren echar, lo pueden hacer, pero puedes pasar una temporada al cómodo precio de cero euros. Eres tan rentista como el que alquila. La diferencia es que el propietario paga impuestos.

Y si, además, okupas el piso, deben ofrecerte un alquiler social porque se considera que la vivienda estaba vacía. De nuevo aquí no se hace distinción entre los “explotadores” sociales que hacen su agosto alquilando su vivienda. La propuesta anclada en las posiciones más radicales de los Comunes y la CUP dejan al pairo a miles de pequeños propietarios que habían alquilado sus propiedades, o tenían alguna propiedad vacía. Se la ocupan y encima tienen que subvencionar al okupa. Ciertamente, la mejor vía para cargarse la propiedad privada.

Una cosa es garantizar el derecho a la vivienda, regular los alquileres y otra muy distinta “legalizar” la ocupación y buscar que la iniciativa privada haga las suplencias de la administración. Hay que buscar el equilibrio, evitar la especulación y garantizar la protección de los más vulnerables, pero plantear la legislación entre buenos y malos rompe las relaciones sociales, aupa la picaresca y legaliza lo ilegal. Legalizar la ocupación no es buena consejera.

Por cierto, estoy muy interesado en promociones en la zona alta de la Diagonal. A ver si hay alguna promoción en Tres Torres, Vía Augusta, Creu de Pedralbes, para hacerme con un pisito. Eso sí social. Y si encima no hay que pagar, casi mejor. Me acusarán de extravagante. Bien, lo acepto, tanto como el decreto de la Generalitat. Entiendo que la CUP y los Comunes lo jaleen, pero que Junts per Catalunya y ERC lo avalen es incomprensible, salvo que no tengan arrestos para defender a muchos de sus votantes que son como “buitres” porque alquilan pisos.