El intento de creación de la República catalana por la vía de la ilegal virtualidad jurídica ha fracasado y su entierro se producirá en el instante en el que los partidos que la proclamaron inscriban sus candidaturas para participar en las elecciones convocadas al amparo del Estatut y por la autoridad del 155. Ninguna argumentación mágica conseguirá voltear la realidad. La apertura de esta etapa de sensatez ha sido posible en buena medida porque los dirigentes independentistas tomaron la primera decisión prudente en los últimos dos años: no enviar a su gente a la calle a defender las instituciones que ellos entregaron sin resistencia.

Con el procesismo rumiando las causas de su derrota, asumiendo su decepción y con Carles Puigdemont exhibiendo sus contradicciones en Bruselas, ahora el gran peligro se llama venganza, porque la venganza del Estado disfrazada de justicia es lo único que puede rearmar a corto plazo a los partidarios del procés. La idea independentista es inmortal y sabrá esperar su momento; sin embargo, la inestabilidad política y social de Cataluña pende del fino hilo de la resignación de los perdedores de este primer embate contra el statu quo institucional.

La resignación política es un estado de ánimo endeble e incómodo que no soportará según qué tipo de reacción de los adversarios

La resignación política es un estado de ánimo endeble e incómodo que no soportará según qué tipo de reacción de los adversarios. La tentación de la venganza siempre es difícil de resistir, aunque sea en formato justicia severa a partir de tipificaciones susceptibles de discusión doctrinal. Y la aplicación del delito de rebelión en este caso lo es, según la mayoría de juristas. Algunos grupos minoritarios jalean la venganza, con la triste esperanza de que a partir de hoy tome cuerpo en las posibles medidas cautelares que manden a la cárcel al ex Gobierno catalán y a la mesa del Parlament.

No es buena idea dudar de la independencia de los jueces porque esta es una de las garantías del Estado de derecho. Sin embargo, en los próximos dos días se pondrá a prueba en España, ante una comunidad internacional alertada de una supuesta falta de garantías jurídicas por Puigdemont, en su condición de presidente de la república exiliada o simplemente huida. El encarcelamiento preventivo de los investigados por una lista de delitos que asusta será leído en clave de vendetta y reanimará a las desanimadas bases del secesionismo ante las inminentes elecciones y la proximidad de la calle; además, convertirá a Puigdemont en el adalid internacional de la resistencia a un Estado políticamente inflexible y judicialmente exagerado. De poder dormir en casa los exconsellers y los diputados de la Mesa tras ser acusados de los delitos que se les atribuyen, Puigdemont se transformaría en un alma en pena deambulando por Europa contando una historia increíble y personalizando el miedo a asumir responsabilidades. Para preservar la convivencia, hoy en situación delicada por culpa de muchos protagonistas de militancias radicalmente enfrentadas, hay que comenzar por dejar paso a la justicia, impidiendo que se confunda con la maldita venganza.