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La obscenidad inconstitucional del reparto de cromos

Jesús Villegas
20.11.2018
6 min

Según se lee en algunos medios de comunicación, el portavoz del grupo parlamentario popular en el Senado, señor Cosidó, se jactaba de haber urdido junto con el partido socialista un pacto para repartirse las vocalías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --máximo órgano de gobierno de la judicatura española--. Por medio de un mensaje de telefonía móvil (whastapp) habría comunicado exultante a sus compañeros de bancada lo que para él sería “una jugada estupenda” para, asimismo, apostillar que “controlaremos la sala segunda por detrás”.

Esperemos que sea un bulo (fake news), rápidamente desmentido. Porque, en otro caso, asistiríamos a uno de los ataques más obscenos que jamás se hayan perpetrado contra la separación de poderes.

 “Obsceno” porque, según algunas interpretaciones etimológicas, dicha palabra proviene de un antiguo término litúrgico latino (obscaenus) alusivo al mal augurio. Y, ciertamente, ¿es imaginable peor presagio contra nuestra democracia que el reparto de cromos entre los políticos de un órgano creado precisamente para defender al Poder Judicial frente a injerencias externas? Los ciudadanos españoles tienen motivos para sentirse inquietos ante una clase política que, cuáles tahúres desenfrenados, pretende canjear a los jueces como si fueran fichas en un casino. No se olvide que esos mismos vocales, elegidos merced a los pactos de camarillas políticas, están investidos de la facultad de suspender de empleo y sueldo a los jueces que investiguen a los integrantes de esas mismas camarillas.

 “Obsceno” porque, según otras investigaciones filológicas, el término obsceno deriva de dos componentes latinos (ob y scenus) referentes a la escena teatral romana, donde a menudo se escenificaban públicamente espectáculos pornográficos. En efecto, incluso más escandaloso que el acto en sí mismo es la impudicia con la que se airea la manipulación política. Hubo ya precedentes, como el caso de Carlos Dívar, pero jamás con tanta desvergüenza. ¿Cómo pretender que el pueblo español mantenga unos mínimos niveles de decencia cívica cuando sus representantes ni siquiera se toman la molestia de vestir sus desvergüenzas?

 “Obsceno” porque, según otros estudios lingüísticos, tal vocablo procede de otros dos étimos latinos (ob y caenum), esto es, “sobre el cieno”. Este matiz semántico capta la corrupción inherente a conductas de esta ralea. No económica, sino “corrupción jurídica”, en tanto que se pervierte el sentido de las instituciones. Una desviación de poder que nos hunde en la ciénaga de la antijuridicidad constitucional. Máxime cuando organismos internacionales como el Consejo de Europa ya han advertido al Reino de España de la anomalía de una normativa orgánica que, como la nuestra, entrega por completo a las cámaras parlamentarias la designación de la cúpula del gobierno judicial.

He aquí la cuestión más importante: la inconstitucionalidad sobrevenida de la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente vigente, la cual viene quebrando el equilibro previsto en el artículo 122.3 de nuestra ley fundamental. Este precepto preveía una estructura mixta del CGPJ: una parte elegida por las cámaras legislativas; otra, por los propios jueces. Empero, desde la reforma del año 1985, todos sus miembros son escogidos por los grupos parlamentarios, lo que inclina la balanza del lado de la clase política. El Tribunal Constitucional, en su célebre sentencia 108/1986, salvó la validez de la nueva regulación; eso sí, siempre que la elección se verificase al margen de la confrontación partidista. Era una “sentencia interpretativa”, al estilo de las de la jurisprudencia alemana, que aquí ha caído en saco roto. Cada vez que toca la renovación de del Consejo, se viola el espíritu constitucional y, por ende, se lo coloca al margen de la legalidad. Por estas razones, estrictamente jurídicas, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación nacida contra la politización de la justicia española, insta al Defensor del Pueblo a que plantee una cuestión de inconstitucionalidad contra una norma prostituida por la corrupción jurídica.

No es de extrañar, por tanto, que la huelga convocada para el 19 de noviembre de este año 2018 por jueces y fiscales haya sido un éxito. Un éxito contra la indecencia de los que rascan en el fondo del tonel de los cargos para repartirlos torpemente entre los invitados a la obscena partida del reparto de cromos.

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¿Quién es... Jesús Villegas?
Jesús Villegas

Juez. Secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.