En nuestro más inmediato entorno político, en la Unión Europea (UE), todos los gobiernos se enfrentan desde la unidad democrática a la grave crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus. Lo vemos en Alemania y en Italia, en Francia y en Bélgica, en los Países Bajos y en la República Checa, en Dinamarca y en Portugal, en Irlanda y en Eslovaquia, en Eslovenia y en Grecia, en Luxemburgo y en Chipre, en Suecia y en Bulgaria, en Letonia y en Malta, en Polonia y en Malta, en Estonia y en Lituania, en Croacia y en Rumania… Todos los partidos con representación parlamentaria, con la única exclusión de los de la derecha extrema, se han unido en este combate y han dado apoyo a sus respectivos gobiernos, sin renunciar por ello a fiscalizar su gestión e incluso a criticarla en algunos aspectos puntuales. Ocurre lo mismo en el Reino Unido, y también en Estados Unidos y en Canadá, en Australia y en Japón, en Corea del Sur y en Uruguay, en Argentina y en Chile…

En España, para nuestra desgracia, no es así: al parecer, seguimos empeñados en seguir dando la razón a aquel anuncio turístico de la España franquista, aquel famoso “Spain is different”.

El Gobierno de coalición progresista presidido por Pedro Sánchez ha rectificado con acierto su política inicial de actuación poco menos que unilateral, apenas sin consultar e informar a las otras fuerzas políticas sobre la situación y las medidas adoptadas. No solo ha hecho esto, con mayores y más frecuentes contactos con los restantes partidos políticos y con los presidentes de todas las comunidades autónomas. También ha propuesto un gran acuerdo transversal, una reedición de aquellos Pactos de la Moncloa que en 1977, inmediatamente después de la celebración de las primeras elecciones democráticas, hicieron posible unos decisivos acuerdos políticos, económicos y sociales sin los cuales España no hubiese podido avanzar con éxito en el tan costoso y difícil proceso de transición de la dictadura a la democracia, sobre todo a causa de la extrema gravedad de la situación de la economía española, concretada, entre otros datos, en una inflación desbocada, del 30%.

Esta oferta del presidente Pedro Sánchez ha recibido un apoyo ciudadano muy amplio. Según un sondeo realizado por Metroscopia, el 92% de la ciudadanía española es partidaria de un acuerdo de estas características, un acuerdo de salvación nacional similar a aquellos Pactos de la Moncloa de hace ya casi 43 años. No obstante, el mismo sondeo de Metroscopia constata que el 79% de los consultados consideran improbable que se pueda alcanzar ahora un pacto de estas características.

Hay motivos más que sobrados para temer que esta desconfianza ciudadana responda a la realidad. Más allá de la autoexclusión públicamente anunciada ya por Vox, que no solo se niega a mantener contactos informativos con Pedro Sánchez sino que exige su inmediata dimisión e incluso su procesamiento, no parece tampoco que el PP esté dispuesto a transitar ahora, a pesar de un apoyo popular tan amplio, por la vía de la negociación que haga posible un  acuerdo de estas características. Solo nos faltaba que la aznariana FAES haya dinamitado, ya de entrada, la simple posibilidad de plantearse unos pactos con el actual Gobierno de coalición del PSOE y UP que preside el socialista Pedro Sánchez. “Los comunistas presentes en el Gobierno español -dice la FAES- si algo representan es la antítesis de lo que sus antecesores hicieron para hacer posible la Transición, la Constitución, la reconciliación”. Además de no dejar de ser curiosa y sorprendente esta reivindicación que la FAES hace “a posteriori” de la política del PCE de Santiago Carrillo, ¿qué pretenden con esta exigencia de excluir a UP, y probablemente también a otras fuerzas políticas equivalentes a las que en 1977 suscribieron los tan celebrados Pactos de la Moncloa?

Lo que las derechas españolas plantean ahora, de un modo o más soterrado, es la constitución de un Gobierno de unidad nacional que sustituya al Gobierno de coalición de izquierdas presidido por Pedro Sánchez, que cuenta con el apoyo parlamentario necesario para gobernar. Un Gobierno de unidad nacional en el que UP quedaría excluido, no se sabe aún por qué motivo, y que desearían que no fuese presidido por Pedro Sánchez, y tal vez por ningún otro socialista, con la integración de técnicos y profesionales independientes, esto es un Gobierno tecnocrático.

Todos deberíamos echar mano de la hemeroteca. Deberíamos recordar que los Pactos de la Moncloa de 1977 fueron pactados a partir de un texto presentado por el Gobierno monocolor de la UCD y que presidía Adolfo Suárez, un texto elaborado por el vicepresidente económico Enrique Fuentes Quintana que fue firmado por el propio Suárez en nombre y representación de su Gobierno, y por Felipe González, Enrique Tierno Galván, Joan Reventós, Josep Maria Triginer, Santiago Carrillo, Miquel Roca, Juan Ajuriaguerra y Manuel Fraga, aunque este último solo suscribió los acuerdos económicos y sociales, no los políticos. Y conviene recordar, sobre todo para los desmemoriados, que la UCD siguió ostentando en solitario la responsabilidad del Gobierno de España, con Adolfo Suárez como presidente hasta 1981 --hasta el tristemente célebre intento intento de golpe de Estado del 23-F, por fortuna frustrado--, y luego, hasta 1982, con Leopoldo Calvo Sotelo en la Presidencia del Gobierno.

Deberían tenerlo en cuenta todos los dirigentes políticos españoles. Como bien dicen el presidente y el director general de Metroscopia, José J. Toharia y Andrés Medina, “la extendida sensación ciudadana que en momentos de máxima gravedad y angustia colectivas puedan priorizar, por encima del interés común, tacticismos, sectarismos o ciegos partidismos, difícilmente podrá beneficiar a nadie la experiencia sociopolítica acumulada contiene abundantes ejemplos del riesgo que comporta, en una situación de emergencia colectiva, ignorar la voz ciudadana cuando, como ahora, es unánime”.