En trance de dejar atrás la crisis y al amparo de la globalización y las nuevas tecnologías, aparecen iniciativas empresariales de éxito, pero a la vez muy polémicas.

El hecho de que el secreto de su triunfo consista en la reducción de costes da una pista de la naturaleza de estas fórmulas: no son negocios nuevos stricto sensu, sino versiones de otros ya existentes, optimizadas gracias a internet y a la desequilibrada relación de fuerzas entre empleador y empleado que ha dejado la recesión.

¿Y cómo lo hacen? Evitando todos los impuestos posibles, licencias y tasas en el caso de los alquileres de viviendas, por ejemplo; rozando el larguero en materia de autorizaciones y permisos, además de los sueldos de los conductores, en el caso del transporte de pasajeros.

La distribución comercial es un sector que vive un desarrollo exponencial apoyado en las telecomunicaciones y en la nueva mano de obra. Los grandes como Amazon tienen su réplica en las zonas urbanas en forma de pequeñas empresas capaces de llevar a los domicilios en un tiempo récord cualquier producto, especialmente los perecederos.

En el último eslabón de todas esas cadenas aparece el trabajador, cuya retribución se adapta al esquema jibarizador de los costes generales.

Los emprendedores de última generación tienen asumida la cultura del ajuste: minimizar los costes en aras de un proyecto que maximice beneficios, algo totalmente lícito.

El problema no es que ciertas empresas huyan de las plantillas fijas y se rodeen de autónomos, sino las condiciones en que éstos trabajan y cotizan

Se trata de un nuevo modelo de empresa con unas relaciones laborales ajenas al marco legal vigente. Por esa razón, el problema no es que estos negocios huyan de las plantillas fijas y se rodeen de autónomos, sino las condiciones en que éstos trabajan y cotizan. Hacen falta figuras legales que permitan la dignificación de esos empleos, una forma de ganarse la vida que ha llegado para quedarse.

El Gobierno del PP ha intentado fomentar la actividad de los autónomos con ayudas en las cuotas a la Seguridad Social, pero tal como lo ha hecho demuestra que el legislador piensa más en la picaresca y el fraude --reales, por supuesto--, que en ayudar al encaje de estas nuevas fórmulas.

¿De qué sirve una tarifa plana para quien trabaja por su cuenta si solo es aplicable a la cotización mínima? ¿A dónde lleva una bonificación si solo se refiere también a la cuota mínima?

Quizá hubo un tiempo en que esquemas de ese estilo podían funcionar, pero hoy lo único que hacen es desanimar. Con el sistema actual, asegurar una jubilación de 1.000 euros requiere una cuota mensual de 417, pero si los ingresos del autónomo son también de 1.000 euros, ¿cómo diablos va a pagar casi el 42%, lo que supera la suma de las cuotas patronal y obrera de un trabajador en plantilla, sin tener derecho --encima-- al subsidio de desempleo?