El pasado 15 de junio Hungría aprobaba una Ley que invisibiliza la diversidad sexual y de género en las aulas y discrimina en particular al colectivo homosexual, vinculándolo con la pedofilia. La ley estaba originalmente dirigida a endurecer los castigos por abusos sexuales a menores, pero su versión final incluyó enmiendas que prohíben la "promoción" de la homosexualidad y el cambio de sexo para menores de 18 años y permite que sólo instructores autorizados por el Gobierno puedan impartir educación sexual en las escuelas. Las empresas tampoco podrán hacer anuncios que muestren apoyo a los homosexuales si éstos están dirigidos a menores. Asimismo, según la Ley, no se podrán emitir en televisión contenidos relacionados con el colectivo LGTBIQ.

Como era de prever, la aprobación de la ley ha animado a miles de húngaros a inundar las calles para luchar contra tal atentado a sus libertades. El suceso ya ha trascendido a nivel europeo. En este sentido, la propia presidenta de la Comisión Europea se ha pronunciado al respecto, calificando la ley como una “desgracia”. Como bien apunta Von der Leyen, el gobierno húngaro está utilizando un interés legítimo como es la protección de la infancia para discriminar gravemente a las personas en función de su orientación sexual. A su vez, los principales líderes de la Unión Europea también han reprochado contundentemente la actuación del gobierno de Orbán.

Ciertamente, cualquier otra postura por parte de la UE hubiera sido intolerable, pues la ley húngara atenta contra los valores fundacionales de la Unión, como es el principio de igualdad. La libertad sexual no debe ser coartada por parte de ningún poder político. Las administraciones públicas deben proteger la integridad, la dignidad y la libertad de todos los ciudadanos, de acuerdo con los derechos fundamentales; garantizar el respeto de la pluralidad de identidades por orientación afectiva y sexual; y velar por la sensibilización, la prevención y la detección de la discriminación, la atención a las personas que la sufren, y garantizar su derecho a la reparación. La libertad sexual es un aspecto íntimamente relacionado con el libre desarrollo de la personalidad, de modo que precisamente tendría que ser garantizado --y no recortado-- por parte de los poderes públicos. Hasta que una persona LGTBIQ en Budapest, Tibilsi o Vilnius no cuente con los mismos derechos que una persona LTGBIQ en Berlín, Dublín o Copenhagen, no podremos hablar aún de un verdadero “proyecto europeo”.

No es la primera vez que los valores europeos se han visto comprometidos en los últimos años, como ya sucedió con la crisis de los refugiados y los discursos de odio por parte de partidos de extrema derecha; ideología emergente y que propicia ahora discursos homófobos en Hungría. El gobierno de Orbán vuelve a acechar los valores nucleares del proyecto europeo. ¿Será esta crisis un punto de no retorno para el futuro de la Unión?

A la postre, no sólo se echa en falta una mayor contundencia en la defensa de las libertades individuales, sino que los discursos discriminatorios --por nacionalidad u orientación sexual-- están ganando terreno de forma preocupante en el escenario público, evidenciando una crisis cultural en Europa. Incluso en Cataluña, el Observatorio contra la Homofobia ha registrado ya más de un centenar de incidencias por homofobia o transfobia durante la primera mitad del 2021.

Las democracias liberales aceptan cosmovisiones plurales e incluso contrarias, pero la última actuación del gobierno de Orbán traspasa el límite de lo tolerable: impone su moralidad a los demás, impidiendo el pleno desarrollo de los proyectos vitales de las personas LGTBIQ. Al menos en esta ocasión, y a diferencia de lo que sucedió durante la crisis de los refugiados, la reacción de Europa esta vez ha sido contundente. Esta es una oportunidad para la Unión para mostrar firmeza y revelarse comprometida con sus valores fundacionales. Nadie en Europa debería tener miedo o sentirse inseguro por vivir su sexualidad libre y abiertamente.