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El nuevo 9-N está en marcha

José Antonio Sorolla
7 min

Con la solemnidad acostumbrada --en eso el Govern y quienes le apoyan tienen mucha práctica--, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras dieron el viernes el pistoletazo --con perdón-- de salida para lo que no puede ser otra cosa que una repetición del 9-N de 2014, aunque esta vez, como ha reiterado el Gobierno de Mariano Rajoy, ni siquiera se va a celebrar. Cualquier referéndum no pactado solo puede ser un 9-N, sin valor, sin suficiente participación y sin reconocimiento internacional.

La solemnidad era tan acostumbrada como ficticia porque el Govern, que se había reunido minutos antes del anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum, no aprobó decreto alguno ni nadie firmó nada que pudiera dar apariencia jurídica a la convocatoria. Despreciando las bromas y la mala leche que ya empezó a circular entre algunos comentaristas madrileños cuando se rumoreó hace días que la fecha podía ser el 1 de octubre, sobre la que recordaban sus connotaciones franquistas --la exaltación del Caudillo fue un 1 de octubre--, Puigdemont confirmó el primer día de octubre para celebrar la consulta, cuya pregunta --"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?"-- compensa las aspiraciones del PDeCAT, que quería que saliera la palabra Estado, y de ERC y la CUP, que preferían el término república.

Otra de las compensaciones se observó también en las figuras y en los discursos de los dos intervinientes. No habló solo el president, como pasaba en la era de Artur Mas, sino también el vicepresidente. Puigdemont y Junqueras rivalizaron además en dureza a la hora de enumerar y criticar los agravios del Estado hacia Cataluña. Una forma de contrarrestar la imagen que se difunde --ahora ya no tanto-- desde Madrid en el sentido de que Junqueras será al final más flexible que Puigdemont en el momento de hallar una salida al callejón en que se encierra el procés.

Todo está preparado para cargarse de razones, intentar hasta el final provocar una reacción desmesurada del Gobierno del PP y convocar después elecciones

Si Junqueras cifró en 18 las ocasiones en que "el Estado ha negado la posibilidad a los catalanes de que decidan su futuro", habló de ministros que "conspiran" contra la sanidad catalana y fabrican "pruebas falsas contra cargos electos democráticamente", aseguró que el Estado dirige la economía contra los intereses de los catalanes y citó la indemnización del proyecto Castor o el Corredor Mediterráneo, Puigdemont no le fue a la zaga. Se remontó al cercenamiento del Estatut por un Tribunal Constitucional "caducado", que no era peor que el actual, que puede "suspender cargos electos sin juicio"; afirmó que Cataluña siempre ha presentado propuestas que han sido rechazadas o recortadas e interpretó que si no hay una propuesta del Estado español es porque Rajoy "no quiere", ya que, en su opinión, todo el mundo sabe que no hay problemas de marco legal para hacerla. Una apreciación que no comparten, sin embargo, la inmensa mayoría de juristas y expertos en Derecho Constitucional que se han pronunciado sobre este asunto.

La descarnada dureza de los discursos, en los que se confundió siempre Estado y Gobierno español, estaba destinada a justificar la vía unilateral, pese a la afirmación de Puigdemont de que el Govern ha perseguido el acuerdo de forma reiterada. Habrá perseguido, en todo caso, un acuerdo imposible porque en ningún momento se planteó la renuncia al referéndum, igual que Rajoy no ha sido capaz de sortear la idea de que la soberanía nacional le impide someter a consulta la desmembración de España, pero tampoco ha ofrecido una vía alternativa en la que se pudiese intentar un pacto blindando las competencias de Cataluña y reconociendo su identidad nacional, por ejemplo.

El resultado es que después de esta "escenificación" o "acto publicitario" --los calificativos más utilizados--, el Govern prepara un nuevo 9-N. Esta vez las urnas no son de cartón, o de la Industrial Bolsera, como acertadamente las definió una vez el historiador Andreu Mayayo, sino que serán de metacrilato, y en las papeletas no figurará el jeroglífico del 9-N, sino que la pregunta será binaria, y tampoco habrá voluntarios, aunque se desconoce quién organizará el referéndum. El Govern asegura que protegerá a los funcionarios, pero los sindicatos ya han pedido garantías legales y se plantean reclamar todas las órdenes por escrito. De momento, en las licitaciones para comprar urnas y papeletas --objeto ya de querellas de la fiscalía-- no han intervenido funcionarios, sino cargos políticos. La principal diferencia, sin embargo, es que el Gobierno de Rajoy, que toleró el 9-N, repite que este referéndum no se va a celebrar.

Todo está preparado, pues, para cargarse de razones, intentar hasta el final provocar una reacción desmesurada del Gobierno del PP y convocar después elecciones para ver si el ambiente de crispación creado contribuye a que los partidos independentistas superen el 50% de los votos.

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¿Quién es... José Antonio Sorolla?
José Antonio Sorolla

Periodista desde 1974. Ha sido redactor jefe de El País, director adjunto de El Periódico de Catalunya y corresponsal de ambos diarios en París.